Varios fiscales de Guatemala arrestaron a un grupo de funcionarios locales del que afirman que tenían un esquema de cohecho muy común y escandaloso: la atribución ilegal de contratos de construcción con el gobierno a cambio de coimas.
El 25 de octubre, las autoridades capturaron a 15 personas en Huehuetenango y Totonicapán, dos departamentos colindantes en el noroeste de Guatemala, según un anuncio hecho mediante un boletín de prensa del Ministerio Público.
Entre los sospechosos arrestados están los exfuncionarios y empleados locales de varios municipios que abarcan los dos departamentos, y se emitieron 11 órdenes de captura de más para otros presuntos integrantes de la red. Esto incluye a Gerónimo Martínez, actual alcalde de Huehuetenango —capital del departamento que lleva el mismo nombre—.
Las autoridades creen que varios municipios acomodaron en repetidas ocasiones el proceso de atribución de contratos con el gobierno local para favorecer a una firma constructora específica, de propiedad de Héctor Leonel Castillo Gómez. A cambio, Gómez presuntamente, entregó coimas a todos, desde alcaldes y tesoreros municipales hasta sindicalistas y empleados del municipio.
Se usaron varias artimañas para ocultar el tinglado. Los fondos, por ejemplo, se canalizaban por medio de una asociación sin ánimo de lucro que estaba diseñada por el gobierno para llevar a cabo el proceso de licitación, pero cuya función real era servir de pantalla entre los municipios y Castillo Gómez. Otros dueños de constructoras —incluido el actual alcalde de Huehuetenango— aparecían como oferentes competidores, pero en realidad hacían parte del mismo esquema, según declararon las autoridades. En ciertos casos, los funcionarios corruptos llegaron incluso a acomodar un proyecto público para que no quedara duda de que la firma de Castillo Gómez era la mejor opción de contratación.
La investigación, centrada en los años de 2008 y 2009 y realizada sin ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), halló que la constructora de Castillo Gómez recibió más de 25 millones de quetzales (cerca de US$3,4 millones) de los municipios en el bienio investigado.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de atribución indebida de contratos con los gobiernos local y nacional se han hecho tan comunes en Guatemala que parecen la norma en lugar de la excepción.
Las sumas que involucran los contratos de los gobiernos locales son considerables si se piensa que las obras muchas veces se realizan en áreas relativamente remotas. Debido a esta realidad económica y gracias a la falta de supervisión eficientes, la atribución ilegal de estos contratos es más que solo una vía de enriquecimiento ilícito. También es un instrumento poderoso para mantener el control político local, o disputárselo a alguien más, como lo detalló InSight Crime en una investigación sobre el dueño de una firma constructora y presunto narcotraficante, que llegó a ser alcalde.
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La misma dinámica se aplica en el ámbito nacional, como lo evidenció el ascenso y caída de la administración anterior. La concesión ilegal de contratos públicos en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina no solo sirvió para llenar los bolsillos de los políticos. También fueron el cierre de una transacción que se había iniciado en la forma de aportes financieros a la campaña de Pérez Molina, lo que le permitió afianzar su poder como candidato.