Una serie de arrestos en Guatemala ha permitido el desmantelamiento de un grupo criminal, conocido como Los Patrones, conformado por agentes de la policía que trabajaban como distribuidores de drogas y sicarios, lo que demuestra que el país no ha sido ajeno a la creciente crisis de criminalidad policial en toda la región.
La red de Los Patrones operaba en el sur y el oeste de Guatemala, con el apoyo de policías locales. “Cada [miembro] contaba con su punto de distribución de droga; mientras los elementos policiales les facilitaban el traslado de la substancia ilícita a cambio de un beneficio económico”, según consta en un comunicado del Ministerio Público.
Dentro del grupo de 15 miembros capturados durante la operación del pasado sábado se encontraban los líderes de la red, Miguel Antonio Solán Solís y Sonia Haydee Lainez Aguilar de Solán, un matrimonio conocido como “El Patrón” y “La Patrona”.
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Donil Vinicio Orozco López, alias “El más chingón”, quien dirigía la red de policías colaboradores del grupo, también fue arrestado.
300 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) participaron en la operación, que incluyó 30 redadas en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango y Escuintla.
Análisis de InSight Crime
El desmantelamiento de Los Patrones es la más reciente de las operaciones que muestran la magnitud de la colaboración de la policía con las redes criminales en Guatemala. En agosto de 2018, ocho policías fueron detenidos por participar en la red “Comando Silencioso”, que llevaba a cabo redadas ilegales con el fin de robar dinero y objetos de valor. La red estaba asociada con el grupo criminal “Los Marrocos” que solía reclutar policías para confiscar cargamentos de drogas y luego revenderlos.
La alarmante incidencia de la criminalidad policial en Guatemala refleja las fallas estructurales al interior de la PNC, las cuales parecen haber empeorado durante el último año. Los bajos salarios y la falta de oportunidades de desarrollo profesional hacen que para los agentes sea cada vez más tentador complementar sus ingresos con actividades criminales, un problema que se agrava por la corrupción y el favoritismo al interior de la PNC.
En enero pasado, un informe de la Coalición para la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigación Económica Nacionales reveló que, de 167 promociones de policías en el período enero-agosto de 2018, el 81 por ciento presentaba irregularidades.
Las tendencias en política de seguridad agravan este fenómeno. Un informe publicado en 2018 por el Centro de Estudios de Guatemala señala que el aumento de la militarización de la seguridad pública, particularmente desde la llegada de Enrique Degenhart como ministro de Gobierno en febrero de 2018, llevó a un desmejoramiento de la PNC y perjudicó la profesionalización de la policía.
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El problema de la colaboración de la policía con el crimen organizado no es exclusivo de Guatemala. En toda la región se encuentran ejemplos similares; en Brasil, por ejemplo, existe la “Oficina de crimen” [Escritório do Crime], un grupo miliciano conformado en su mayor parte por miembros de las fuerzas de seguridad activos y en retiro. El fenómeno ha alcanzado proporciones epidémicas en México, donde en 2018 se cerraron dos unidades de policía, una en Tehuacán y otra en Acapulco, debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los factores estructurales que promueven la criminalidad de la policía tienen llamativas semejanzas en toda la región, en donde los diversos intentos de reforma policial no han logrado resolver la situación. El caso de Los Patrones demuestra que los esfuerzos por conformar fuerzas policiales fuertes y confiables sigue siendo uno de los problemas de seguridad más difíciles de Latinoamérica.