Honduras agrega 1.000 nuevos oficiales a su policía militar, mientras el presidente presiona al Congreso para consagrar la fuerza en la constitución, como parte del enfoque cada vez más militarizado del gobierno sobre la seguridad pública.
Las nuevas tropas se unirán a los 2.000 miembros actuales de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) que han sido desplegados para luchar contra la criminalidad, informó La Tribuna.
Mientras tanto, el 10 de noviembre el presidente Juan Orlando Hernández pidió al Congreso de Honduras aprobar una medida que elevaría la policía militar a la Constitución del país. El Congreso tiene hasta el 20 de enero para ratificar la reforma.
Todos los oficiales de la policía militar han servido al menos un año en el ejército antes de someterse a la capacitación de la fuerza, según el portavoz Santos Nolasco. “No son policías, son soldados que se están especializando en labores policiales para combatir el crimen en las calles”, dijo.
Los dos nuevos batallones estarán estacionados en la ciudad capital de Tegucigalpa, así como en la ciudad de San Pedro Sula, informó La Tribuna.
Análisis de Insight Crime
La adición de 1.000 agentes de la policía militar y los esfuerzos del gobierno para elevar a rango constitucional la operatividad de la policía, son una muestra de la dependencia de Honduras a los militares en términos de seguridad interna. En noviembre de 2011 Honduras aprobó un decreto de emergencia que permitía a los militares llevar a cabo detenciones y búsquedas, decreto que fue ampliado en marzo de 2012. En agosto de ese año el Congreso aprobó la creación de una fuerza de policía militar élite conocida como “Tigres”, diseñada para luchar contra el crimen organizado en el país.
Honduras institucionalizó aún más el uso de los militares en la seguridad interna mediante la creación de la PMOP en agosto de 2013, asignándole la tarea de recuperar las zonas controladas por las pandillas callejeras, luchar contra el crimen organizado y realizar detenciones.
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La militarización de la seguridad doméstica en Honduras –un pilar de la estrategia de seguridad de “mano dura” del presidente Juan Orlando Hernández- corre el riesgo de conducir a abusos contra los Derechos Humanos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, los cuales han sido entrenados para escenarios de guerra, no para mantener la paz. En mayo de 2014, 108 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado John Kerry, pidiéndole que instara al gobierno hondureño a poner fin al uso de los militares en la aplicación de la ley, y en la cual afirmaban que la policía militar habían cometido abusos, incluyendo incursiones a la residencia de un activista de oposición.
Honduras no está sola en la militarización de la seguridad interna. En los últimos años, gobiernos de toda Latinoamérica han recurrido al despliegue de las fuerzas militares para combatir el aumento en los niveles de violencia y criminalidad, que a menudo han dado lugar a un mayor uso de fuerza letal contra civiles. Ejemplos recientes incluyen la ejecución extrajudicial en junio de al menos 15 individuos por parte el ejército mexicano, y un informe que indica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Brasil, en su gran mayoría miembros de la policía militar, han matado a un promedio de seis personas por día en los últimos cinco años.