Honduras ha endurecido las leyes para combatir la actividad de las pandillas, mediante la promulgación de directrices más estrictas para las penas de prisión y nuevas herramientas legales para enjuiciar a los pandilleros, todo ello con el fin de detener a las pandillas, así como al crimen y la violencia que éstas generan.
El 22 de julio, el Congreso de Honduras aprobó reformas al artículo 332 del Código Penal del país, conocida como “Ley antimaras”, que aumentan las posibles sentencias para los pandilleros a penas de entre 20 y 30 años, informó AFP.
Quienes sean considerados por jueces y fiscales como líderes de pandillas también podrán enfrentar ahora hasta 50 años tras las rejas —de los tres a seis años que la ley preveía inicialmente—.
Estas reformas, que buscan hacer más efectiva la lucha contra las organizaciones criminales, también aumentan las penas en hasta un tercio para los pandilleros que hayan conspirado para atacar a funcionarios del Estado, así como para quienes hayan utilizado a menores de edad, ancianos o mujeres en embarazo para cometer delitos.
Sin embargo, los pandilleros condenados que colaboren con las investigaciones de las autoridades también podrán recibir ahora una reducción de hasta dos tercios en sus penas. Los líderes de pandillas no podrán optar a tales reducciones.
Análisis de InSight Crime
Un asunto clave en la implementación de las reformas al código penal de Honduras es la cuestión de las definiciones. Bajo la legislación hondureña no está claro exactamente qué constituye una “pandilla”, ni de qué manera los funcionarios determinarán si alguien es un miembro de una pandilla o un líder de la misma, a la hora de imponer penas de prisión.
De hecho, algunos ciudadanos que facilitan la actividad de las pandillas, bien sea mediante coacción o por motivaciones personales, recibiendo pagos de extorsión o vendiendo drogas, no se han iniciado formalmente en las pandillas y no deberían ser considerados miembros de las pandillas como tales.
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Sin embargo, hasta cierto punto, las reformas dan cuenta de este dilema al aumentar el tiempo de prisión para los pandilleros que explotan a segmentos vulnerables de la población para que cometan delitos. Esto es especialmente importante en el caso de los menores de edad, quienes son reclutados frecuentemente por las pandillas dado que no pueden ser juzgados como adultos. En efecto, las reformas de Honduras buscan eliminar el peso de la ley sobre los menores para imponérselo a los pandilleros que los reclutan. Esto puede servir como un elemento disuasivo más eficaz en lo que se refiere a la participación de menores en los grupos criminales, en comparación con la legislación de otros países de la región (por ejemplo en Brasil, donde el Congreso recientemente disminuyó la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años).
Las nuevas leyes, que les ofrecen a los abogados hondureños más herramientas para enjuiciar a los miembros de las pandillas y a sus actividades, pueden verse como un paso positivo. Sin embargo, como ocurre con la nueva estrategia de seguridad de El Salvador, el verdadero reto llegará durante su implementación. Por desgracia, el débil y corrupto sistema judicial de Honduras plantea dudas sobre los efectos positivos que tendrán estas reformas en la reducción de los altos niveles de inseguridad y violencia.