En lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el presidente estadounidense Donald Trump optó por echar mano de la fuerza con sus homólogos latinoamericanos en lugar de recurrir a la diplomacia, ejerciendo presión y amenazas para conseguir la adopción de políticas unilaterales que en su mayoría han resultado contraproducentes.
La volatilidad de la estrategia de su administración durante los pasados cuatro años ha dejado los aliados antidrogas sin un punto de agarre, brindado capital político a presidentes que socavaron las iniciativas anticorrupción y malgastado los esfuerzos por reforzar la seguridad regional desperdiciando recursos en un ineficaz muro fronterizo.
A continuación, InSight Crime destaca cinco decisiones de la administración Trump que impactaron el crimen organizado en la región:
1. EEUU amenaza con calificar a Colombia de incumplimiento en iniciativas antinarcóticos
En su primer memorando en la Casa Blanca, dirigido al secretario de Estado estadounidense a finales de 2017, el presidente Trump rompió con un precedente que había durado décadas y amenazó con declarar a Colombia de “falla demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones según los acuerdos antinarcóticos internacionales” como resultado del “extraordinario aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína” en el país andino. La advertencia allanó el camino para limitar la política antinarcóticos de Colombia a sus cifras de cultivo e interdicción.
2. Trump insiste en vincular erróneamente a la MS13 con inmigración
En un evento en 2018, el presidente Trump viajó a Long Island, Nueva York, para discutir la “amenaza de la MS13”. Despotricó diciendo que la pandilla callejera había “violado nuestras fronteras y transformado nuestros barrios en campos de muerte manchados de sangre”, y que hicieron uso de “vacíos legales flagrantes” para “entrar al país como menores no acompañados”. Usó a la MS13, en parte, para justificar las políticas de mano dura contra la inmigración, aunque la expansión de la pandilla en Estados Unidos obedece a una diversidad de factores sociales y económicos. El Departamento de Justicia bajo su administración ha seguido escalando esfuerzos para “trastocar, desmantelar y destruir” la pandilla pese a que entiende perfectamente su capacidad criminal.
La representación errónea de la MS13 continuó cuando el líder pandillero Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue” o “Clipper”, fue imputado por ocho “delitos asociados al terrorismo” en julio de 2020, aunque las autoridades no lograron justificar los sorpresivos cargos criminales.
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3. Las políticas fronterizas de Trump fortalecen el crimen organizado
Un momento definitivo de la política sobre inmigración del presidente Trump se conoció con una orden ejecutiva de 2018, mediante la cual se separó a las familias que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos. Esta medida de fuerza en la frontera, una política conocida como “tolerancia cero”, empujó a la gente aún más al mercado ilegal y a las manos de los grupos criminales, permitió elevar el precio de los servicios criminales, como el coyotaje, incrementó el riesgo de que los deportados engrosaran las filas de los grupos criminales y socavó la confianza entre las autoridades y las comunidades migrantes explotadas por los grupos criminales.
4. EE. UU. exige a México redoblar estrategia de mano dura contra narcóticos
En septiembre de 2020, luego de amenazar con clasificar como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado mexicano, el presidente Trump usó el memorando anual de la Casa Blanca sobre producción de drogas y narcotráfico para instar a la acción a los funcionarios de gobierno mexicanos. Exigió que el gobierno “demostrara con claridad su compromiso con el desmantelamiento de los carteles y sus empresas criminales”. O de lo contrario, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador correría el riesgo de ser descertificada por “incumplimiento demostrable de sus compromisos internacionales sobre el control internacional de narcóticos”.
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5. El Triángulo Norte se queda solo en el combate a la corrupción
Una efímera era dorada en la que se unieron fuerzas locales e internacionales para combatir la corrupción pública y privada en Centroamérica, principalmente en Guatemala, llegó a su fin al esfumarse el compromiso de la administración Trump con la lucha anticorrupción en la región. Los congresistas estadounidenses celebraron audiencias para atacar las investigaciones por corrupción y no movieron un dedo cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas, terminó siendo sacada a patadas del país luego de más de una década de trabajo.