Las autoridades de Colombia han confiscado más de US$6 millones en bienes de las FARC, a medida que el gobierno ejerce presión sobre los intereses criminales de los guerrilleros, incluso cuando las conversaciones en La Habana se mueven lentamente hacia la discusión de la principal actividad criminal de las FARC: el narcotráfico.
Funcionarios de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General junto con oficiales del Gaula de la Policía Nacional ocuparon 50 bienes del Frente 45 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Bogotá, la capital, y en la cercana ciudad de Fusagasugá, informó El Colombiano.
Según las autoridades, las propiedades estaban a nombre de tres miembros de la banda delincuencial los “R-15”. El grupo colaboró con las FARC en el secuestro y venta de las víctimas al Frente 45, el cual aparentemente cuenta con presencia en la región de Cundinamarca, donde está ubicada Bogotá. Al parecer los R-15 también se dedicaban a la venta y el transporte de precursores químicos para la producción de drogas por parte de frentes de las FARC en el departamento de Arauca, al nororiente del país, señaló El Tiempo.
Entre los bienes confiscados se encuentran tres concesionarios de vehículos que, según las autoridades, fueron utilizados para lavar dinero y suministrar vehículos para transportar a víctimas de secuestro o para el cobro de extorsiones, informó El Espectador.
Análisis de InSight Crime
Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC avanzan lentamente hacia el cuarto punto de la agenda, la solución al problema de las drogas ilícitas, sin que se haya llegado todavía a un acuerdo frente al segundo punto, la participación política.
A finales de septiembre se inauguró el Foro Nacional Sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, el cual busca explorar políticas alternativas para combatir el tráfico de drogas en el país, desde la producción hasta el consumo.
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Tanto el gobierno como la guerrilla le han dado la bienvenida a la iniciativa. No obstante, como evidencian las incautaciones, el gobierno colombiano no ha disminuido la presión ejercida sobre las actividades criminales de las FARC. Aunque esta medida sea un intento deliberado para aumentar la presión sobre las FARC en Colombia a medida que las negociaciones se dirigen hacia el principal interés criminal de los guerrilleros -el narcotráfico- en La Habana o no, estas incautaciones sí son un recordatorio oportuno de lo que está en juego en los diálogos, tanto desde el punto de vista criminal, como desde político y militar.