Una investigación de prensa en Colombia ha revelado que menos de 1 de cada 6 personas detenidas en el país termina en prisión. Funcionarios judiciales afirmaron que la legislación diseñada para disminuir el hacinamiento en las prisiones es parcialmente culpable por esta cultura de impunidad.
Según la revista Semana, de las 79.695 personas detenidas por la policía durante los tres primeros meses de 2014 -incluyendo a 69.000 que detenidos en flagrancia- sólo 9.197 han ido a prisión, a otros 3.021 les fue concedida detención domiciliaria.
Las cifras representan una tasa de encarcelamiento de 15,33 por ciento. Un funcionario de un organismo de seguridad que no reveló su nombre, dijo a la revista que varios delincuentes fueron puestos en libertad a pesar de ser reincidentes.
“Mientras por un lado hay un gran esfuerzo por parte de policías y fiscales por sacar de las calles a los delincuentes por el otro lado hay una aplicación de la ley por parte de algunos jueces que está devolviendo los bandidos a las calles”, dijo un miembro de la unidad de inteligencia de la policía de Colombia.
Según funcionarios judiciales consultados por Semana, el alto nivel de impunidad se debe en parte a la reciente modificación del código penal, debido a la grave situación de hacinamiento en las prisiones. Según el código, los jueces tienen la obligación de aplicar penas “sustitutivas” -que no impliquen la detención en prisión, ni domiciliaria- para los delitos cuya pena sea menor a los ocho año.
Análisis de InSight Crime
El desorden y el hacinamiento crónico afectan a las prisiones a lo largo de la región (pdf), y esto no aplica únicamente a los presos condenados. En Colombia, y en gran parte de la región, la detención preventiva a veces puede durar años.
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Sin mención de lo que implican los castigos “sustitutivos” ni de cuántos criminales están sujetos a estos, no está claro cuánto de ese 85 por ciento que no va a prisión, también goza de impunidad total por sus crímenes. Sin embargo, la cantidad de criminales que quedan en libertad para reincidir apuntan a los graves niveles de impunidad.
La ironía, es que en los últimos años, las fuerzas de seguridad de Colombia han sido presentadas como un ejemplo en la región, con un ejército y una policía consideradas como instituciones relativamente bien formadas y libres de corrupción, en gran parte debido a los miles de millones de dólares que recibió el país en ayuda de seguridad estadounidense a finales de los años noventa bajo el “Plan Colombia”.
Sin embargo, como muestra esta investigación, las mejoras en la policía y en inteligencia son significativamente menos valiosas si el sistema judicial es incapaz de funcionar con eficacia.