A pesar de la promesa del presidente Santos de que eliminaría los cultivos de coca de los parques naturales de Colombia, un informe periodístico señala que las biodiversas áreas protegidas del país continúan siendo refugios de los grupos criminales que buscan producir cocaína y desarrollar otras economías criminales.
En 17 de los 59 parques naturales de Colombia hay presencia de grupos ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Los Urabeños y el Ejército Popular de Liberación (EPL), según informó El Colombiano el 25 de febrero.
Julia Miranda Londoño, directora de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, insistió en que el problema es preocupante solo en ciertas áreas de las reservas. Sin embargo, según un informe oficial al que El Colombiano tuvo acceso, un total de 5,6 millones de hectáreas podrían estar bajo la influencia de los criminales.
En julio de 2017, después de anunciar que el Gobierno había eliminado los cultivos de coca del parque natural más extenso de Colombia, la reserva del Chiribiquete, el presidente Juan Manuel Santos prometió que todos los parques naturales estarían libres de coca para finales de año. Hacia diciembre de 2017, las autoridades anunciaron que a lo largo del año se habían erradicado 5.400 hectáreas de coca en estas reservas naturales —más del 10 por ciento del total nacional, que en ese momento se situaba en 50.100 hectáreas—.
Cortesía de El Colombiano. Vea mapa de tamaño completo aquí.
Además del problema de los cultivos de coca en nueve de los parques, en las reservas también existen diversas economías criminales que deterioran los sistemas ecológicos de las áreas, como la minería, la tala o el tráfico de armas y gasolina de contrabando. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que estas operaciones ilegales y los intentos del Gobierno por sustituir los cultivos fueron el motivo de las recientes amenazas y ataques contra algunos “guardabosques“, quienes prestan sus servicios voluntarios en varios parques del país.
Análisis de InSight Crime
Colombia no es el único país de la región que padece la explotación de sus parques naturales y reservas por parte de los criminales. Estas áreas protegidas suelen ser de difícil acceso, lo que las hace estratégicas para todo tipo de contrabando, y además son atractivas para los traficantes cuando están ubicadas a lo largo de las fronteras internacionales, como ocurre con varios de los parques de Colombia.
Estas áreas a menudo coinciden con las reservas indígenas colombianas, lo que puede complicar aún más los programas antinarcóticos y de seguridad, a pesar de que el tema de la explotación de los parques por parte de los criminales ha ganado importancia en la agenda del Gobierno debido al aumento de actividades de cultivo de coca.
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Según el más reciente informe del sistema de monitoreo de cultivos en Colombia, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUCDD), la cantidad de hectáreas de coca aumentó un 27 por ciento en las reservas naturales entre 2015 y 2016, y llegó a un máximo de 7.900 hectáreas (estimación que muy probablemente es baja) en 17 parques nacionales. Esta cifra representa el 5 por ciento del récord de cultivos de coca que se presentó en el país en ese año, pero además representa más de un tercio de los cultivos de coca de Bolivia en 2016 —más de la mitad de las cuales fueron sembradas legalmente—.
Si bien la afirmación del Gobierno de que a finales del año pasado se destruyeron más de 5.000 hectáreas de coca en las reservas naturales indicaría que el problema está casi resuelto, el reciente informe de El Colombiano pone de presente que el problema de los cultivos de coca —y las operaciones criminales en general— continúa en los parques naturales de Colombia.