El presidente de la Corte Interamericana de derechos humanos ha respaldado la legalidad del despliegue interno de los militares para combatir la delincuencia, planteando la cuestión de si esto afectará las acusaciones presentadas contra las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos despliegues.
En declaraciones, tras la inauguración de la 48ª reunión extraordinaria de la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH), el juez peruano Diego García-Sayán dijo que en ciertas situaciones de seguridad es válido hacer uso del ejército para mantener el orden. Según García-Sayán, a menudo los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a los grupos criminales que pueden igualar o incluso superar sus poderes y su capacidad de control territorial, señaló Informador.
Según el juez, la amenaza que representa el crimen organizado a las personas y la estabilidad institucional es “(…) uno de los grandes retos (…)” de los gobiernos en la región, informó El Universal. También dijo que en estas circunstancias extraordinarias la aceptabilidad de la implementación del uso de los militares para combatir al crimen nacional está contemplado en el derecho internacional.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios del juez llegan en un momento en que la militarización de la fuerza pública es una prioridad en la agenda en Latinoamérica. Mientras que García-Sayán estaba contestando preguntas sobre México, dejó en claro que sus palabras eran para toda la región.
El ejército fue un elemento central en la guerra contra los carteles de la droga del ex presidente mexicano Felipe Calderón. Aunque la “guerra” ha sido minimizada en el discurso público del actual presidente Enrique Peña Nieto, los soldados siguen estando involucrados en la seguridad ciudadana y el gobierno continúa con sus planes de inaugurar una fuerza gendarme militarizada.
En otros países de la región los militares han sido desplegados, entre ellos Honduras y República Dominicana, mientras que otros países, especialmente Brasil, hacen uso de las fuerzas de la policía militar.
Uno de los argumentos más fuertes en contra del uso de los soldados, es su incapacidad para respetar los derechos humanos al usar tácticas militares, en lugar de policiales, para combatir la delincuencia. Los militares mexicanos han sido criticados constantemente por este tipo de abusos, mientras que en Honduras la difuminación entre los ámbitos civiles y militares también ha sido objeto de un desafío legal.
Aunque las palabras de García-Sayán sobre el crimen organizado en Latinoamérica tienen tintes de verdad, su apoyo a la utilización del ejército para la seguridad ciudadana pueden afectar las acusaciones formuladas en contra de los abusos militares de derechos humanos ante la CIDH, que es a menudo la única opción disponible para los ciudadanos civiles, ya que los militares tienden a ser juzgados en tribunales militares cerrados.