Ladrones en Venezuela han comenzado a robar pelo –el cual se puede vender por alrededor de US$80 en el mercado negro– como una nueva forma de ingresos, resaltando la magnitud de la creciente inseguridad que afecta al país.
En el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela, asaltantes empuñando tijeras han estado atrapando a las mujeres en lugares públicos, como centros comerciales, y les están cortando el pelo; que luego pueden vender a los salones de belleza por hasta 3.000 bolívares (US$476 al cambio oficial o US$80 en el negro mercado), informó El Nuevo Herald. En Maracaibo, la capital del estado, el crimen se ha convertido en un problema tal que la policía ha puesto en marcha un operativo especial dirigido a capturar a los ladrones de pelo.
Según Semana, el delito se lleva a cabo por bandas de ladrones, que incluyen un grupo de mujeres llamadas las “pirañas”, que operan en el centro de Maracaibo. Las autoridades dijeron que las mujeres reportaron haber sido retenidas con pistola en mano y obligadas a poner su pelo en una cola de caballo, para hacer más fácil la cortada.
El pelo robado es vendido a las peluquerías para las pelucas y para las extensiones de cabello, las cuales son cada vez más populares.
Análisis de InSight Crime
Aunque el crimen parece un poco absurdo, en realidad es un reflejo de la terrible situación de seguridad que enfrenta el país. El hecho de que los ladrones pueden interceptar y robar a una mujer en un centro comercial sin temor a represalias, por no hablar del robo de su pelo, pinta la imagen de un país donde reina la ilegalidad. El delito también es claramente rentable, con beneficios comparables al robo de teléfonos celulares, y las víctimas pueden ser fácilmente elegidas con base a las características físicas.
Venezuela tuvo un promedio récord diario de homicidios en los primeros cuatro meses de 2013, y Maracaibo fue ubicada en una lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo este año. El delito es facilitado, en gran medida, por los altos niveles de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad, y un sistema judicial que ha sido clasificado entre los peores del mundo. Aunque el tema es una prioridad en la agenda del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, que ha introducido algunas medidas para hacer frente a los crímenes violentos, la legitimidad del gobierno en la lucha se reduce por el hecho de que encubre las estadísticas del crimen que son desfavorables.