Hay fuertes sospechas de que la reciente masacre de doce jóvenes en Venezuela fue perpetrada por agentes del ejército como parte de una ofensiva contra el crimen organizado que se adelanta en el país, en la muestra más reciente de actos de violencia injustificados cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
Por lo menos ocho soldados han sido capturados por su presunta participación en lo que se ha conocido como la “Masacre de Barlovento”. Un total de 11 agentes del ejército están siendo investigados y han sido retirados de sus puestos, informó El Nuevo Herald.
La “masacre” se refiere al secuestro, a mediados de octubre, de 20 jóvenes en un operativo de seguridad en el marco de una ofensiva contra la delincuencia llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Las víctimas fueron detenidas ilegalmente, pues el gobierno no había emitido una orden de captura en su contra, informó RunRun.es.
Ocho de los desaparecidos fueron liberados días después con signos de tortura, según familiares que hablaron con medios locales de información. Pero el 25 de noviembre, agentes de la policía hallaron los cadáveres de los 12 jóvenes que seguían desaparecidos en dos fosas clandestinas en la región de Barlovento, estado norteño de Miranda.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el 29 de noviembre que ninguno de los jóvenes tenía antecedentes penales.
Análisis de InSight Crime
La masacre, que tiene todas las características de ser obra de las fuerzas de seguridad del estado llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la divisa de la OLP. La campaña de seguridad suscitó críticas casi inmediatamente después de su lanzamiento en julio de 2015, tras la muerte de 17 personas en un operativo conjunto entre la policía y el ejército. La violencia aún no cede, pese a las más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del gobierno entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según la organización por los derechos humanos PROVEA.
Esta institucionalización de la violencia no se limita a las redadas en la OLP, sin embargo. El criminalista Fermín Mármol García declaró recientemente que cifras preliminares indican que para finales de 2016 las fuerzas de seguridad venezolanas habrán dado muerte a unas 5.000 personas, un claro indicio de que la participación del estado en ejecuciones ilegales sobrepasa los límites de la OLP.
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“Concentrarse solo en la OLP podría desviar la atención lejos de la totalidad de los casos de muerte a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo a InSight Crime Keymer Ávila, profesor de criminalística en la Universidad Central de Venezuela, en un intercambio de mensajes de correo electrónico. “No todas las muertes en estos contextos son producto de la OLP”.
Aunque el arresto de casi una docena de soldados es un avance positivo, el pobre historial de juzgamiento a agentes del ejército implicados en actividades criminales en Venezuela no da mucha base para el optimismo, a medida que la investigación avanza.
“Desafortunadamente, el sistema judicial no se encuentra en su mejor momento, y sus índices de credibilidad y solidez institucional son muy bajos”, escribió Ávila. “Con este tipo de casos, tiene la oportunidad de ganar algo de legitimidad… que le haría mucho bien al país y al sistema [judicial]”.