La microextorsión a todos, desde profesores hasta conductores de bicitaxis, está financiando a los pequeños grupos criminales en Colombia, según analistas e informes criminales, siendo el carácter de pequeña escala de esta actividad criminal el que ilustra los cambios en el panorama criminal del país.
Un informe de El Tiempo recopiló datos de los diferentes departamentos (provincias) del país para dibujar una imagen de la extorsión al estilo “siciliano” –llamada así por el uso de este método en los barrios italianos de Estados Unidos– llevada a cabo por las pandillas callejeras.
En tres ciudades de Córdoba, 189 maestros informaron que pagaron unos US$7,90 mensuales para poder trabajar; en Tumaco, una ciudad en Nariño, hasta 1.300 negocios se han visto obligados a cerrar desde 2011; en Barranquilla, los comerciantes tienen que pagar alrededor de US$26,50 mensuales; y en Bogotá, los bicitaxis pagan US$1,50 diarios.
Cerca de 150 diferentes pandillas ganan hasta US$105.000 al mes como producto de la microextorsión en las principales ciudades de Medellín y Barranquilla, según la Fiscalía General. Varios grupos pequeños, sin ningún tipo de presencia nacional, luchan por el control en un nivel muy local, dijo un fiscal.
Análisis de InSight Crime
Si bien Colombia tiene un largo historial de extorsión, la naturaleza de esta actividad criminal ha cambiado dramáticamente a través de los años. Según lo explicado por El Tiempo, un crimen que otrora era usado para obtener grandes sumas de dinero de empresarios ricos y empresas multinacionales, es ahora parte de la vida cotidiana en las comunidades más pobres, con las pandillas callejeras exigiendo constantemente pequeñas cantidades a cualquier persona.
Una investigación realizada a principios de este año por El Tiempo atribuye el 83 por ciento de los casos de extorsión a la “delincuencia común”, evidenciando cómo la extendida microextorsión se ha convertido en la fuente principal de ingresos para el escalón más bajo del crimen organizado e Colombia –un comercio que se estima en más de US$1.000 millones de dólares al año. La conexión entre las pequeñas pandillas y las principales organizaciones criminales como los Urabeños no es clara. Sin embargo, debido a que los grandes grupos a menudo subcontratan algunas de sus actividades a los grupos locales y pequeños delincuentes, a menudo operan bajo el nombre de organizaciones más grandes para asustar a sus víctimas.
El gobierno propuso recientemente casi duplicar la pena máxima por el delito de extorsión, pasando de 18 a 32 años. Pero, dado que las cantidades que se exigen son pequeñas, y es preferible tolerar el “impuesto” a temer represalias por denunciar –y que los esquemas de extorsión se administran desde las cárceles de Latinoamérica–, parece poco probable que tal medida tenga un efecto real sobre la criminalidad.