El asesinato del líder indígena Isidro Baldenegro López, defensor de los derechos de los pueblos originarios en la sierra Tarahumara mexicana, ha vuelto a poner de manifiesto los encontronazos entre los defensores de derechos humanos y el crimen organizado.
El defensor ambientalista fue asesinado el 15 de enero a balazos en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua, al norte de México. Las primeras reacciones al crimen vuelven a destacar las alianzas existentes entre los carteles del narcotráfico y los taladores ilegales de árboles, a los que se oponía López, para aumentar su control territorial y sus ganancias.
“Los cacicazgos aliados con madereros y delincuencia organizada son los autores materiales e intelectuales del crimen”, dijo a BBC Mundo una activista de derechos humanos quien debido a las amenazas que ha recibido prefiere mantener su identidad en el anonimato.
Durante años, grupos criminales han utilizado la tala ilegal en esta región para lavar dinero mientras usan las tierras arrasadas para cultivar marihuana o amapola. Patricia Mayorga, de la revista Proceso, afirmó que la tala ilegal no sólo sirve al suministro de madera para la venta, sino que es utilizada para construir casas a quienes controlan las plantaciones y el tráfico de drogas, señaló la revista La Sierra
En la sierra Tarahumara, que Baldenegro López defendió durante años, convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y es una de las principales regiones para la producción de marihuana y amapola de México, lo que explica por qué está copada por la tala clandestina, la violencia y la corrupción.
Análisis de InSight Crime
El asesinato del activista indígena es otra muestra de la fragilidad de la lucha medioambiental frente a la jugosa extracción ilícita de recursos en México y en la región por grupos criminales.
En México, el único caso exitoso desde el punto de vista del activismo ambiental ha sido el caso de Chéran, un pueblo de 20.000 personas, que cansado de ser acosado y abusado por grupos de taladores ilegales y narcotraficantes, en 2011 se levantó en armas para defender su bosque. Aunque la violencia disminuyó eventualmente, el riesgo para los líderes de la comunidad reconocida por regirse bajo sus propias leyes aún persiste.
Baldenegro López pareció seguir el destino de su padre, quien fue asesinado en 1986 por grupos traficantes ilegales de madera. Su hijo, en distintas oportunidades, fue amenazado, perseguido e incluso, en una oportunidad, estuvo detenido 15 meses, sin evidencias, por posesión de marihuana.
Pese al reconocimiento de sus esfuerzos por organizaciones internacionales y de haber recibido el premio Goldman en 2005, el camino de Baldenegro López terminó en desgracia. Igual ocurrió en el caso de Berta Cáceres, la ambientalista hondureña asesinada en marzo de 2016: ambos se han convertido en la cara visible de la colisión letal entre el activismo ambiental y el crimen.
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Global Witness reportó en el 2015 que el 66 por ciento mundial de los asesinatos de ecologistas ocurren en América Latina. Un caso extraordinario es Brasil, donde cerca del 80 por ciento de la tala de madera es ilegal, y cuya producción representa el 25 por ciento de la madera ilegal en los mercados globales. Al igual que en México, los taladores ilegales invaden las comunidades rurales y pobres, tentados por las ganancias que pueden equivaler hasta US$30 mil millones anuales.
Según la organización no gubernamental, Brasil se convirtió en el 2016, en el país más peligroso para activistas: 150 han sido asesinados desde 2012. El caso divulgado más reciente fue la muerte del funcionario de gobierno Luis Alberto Araújo en octubre de 2016 en el Estado Brasileño de Pará; este asesinato demostró que nadie es intocable en la guerra por los recursos, no sólo en el Amazonas sino en cualquier lugar de la región.