Han surgido nuevos detalles relativos a las supuestas malversaciones por parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra actualmente fugitivo, lo que pone de relieve la falta de capacidad institucional para prevenir la corrupción y castigar a los políticos corruptos en México.
Después de las investigaciones sobre Duarte por presuntas actividades de corrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) recuperó 421 millones de pesos mexicanos (más de US$20 millones al tipo de cambio actual) que supuestamente habían sido desviados de la Tesorería de Veracruz por dos empresas fantasma.
El jefe de la agencia federal de auditorías, Juan Manuel Portal, reveló este mes que hay 54 acusaciones contra Duarte, según informó El País. La presunta cantidad de dineros públicos malversados en Veracruz por Duarte —unos 35 mil millones de pesos, es decir, cerca de US$1,7 mil millones— es las más alta jamás registrada por el despacho de Portal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz documentó una pérdida financiera en la tesorería por más de 16 mil millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$830 millones) en el año 2015. Cinco secretarías, 15 organismos públicos y seis fideicomisos presentaban irregularidades en sus gastos, según El País.
Duarte ha estado fugitivo desde que renunció a su cargo como gobernador de Veracruz el pasado 12 de octubre, tras una serie de acusaciones contra él relacionadas con el robo de dinero público durante sus seis años en el cargo. Duarte también supuestamente tenía vínculos con los carteles de la droga y con el asesinato de un periodista en Veracruz el año pasado.
En una encuesta reciente, un asombroso 42 por ciento de los ciudadanos mexicanos consideraron que, de todas las ramas del gobierno, el gobierno federal tiene los más altos niveles de corrupción. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de los casos recientes de corrupción, el 14 por ciento de los encuestados mencionaron el supuesto fraude de Duarte a nivel estatal.
Análisis de InSight Crime
Las nuevas acusaciones contra Duarte ponen de relieve el sistemático problema de corrupción entre las figuras políticas de México y muestran una falta de capacidad institucional para prevenir y castigar a los políticos corruptos.
El gobierno mexicano ha intentado por mucho tiempo hacerle frente a la corrupción entre la clase política. Pocos políticos acusados de corrupción se ven enfrentados con la justicia por sus presuntos crímenes, lo que indica una incapacidad o falta de voluntad por parte de las autoridades mexicanas para llevar ante la justicia a los miembros corruptos de la élite política, y sugiere que estas figuras poderosas a veces pueden estar protegidas por otros actores en el ámbito político. Esta hipótesis se ve sustentada por las denuncias de que Duarte huyó de México el 15 de octubre en un helicóptero proporcionado por el actual gobernador interino, Flavino Ríos.
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Según El País, el fiscal general interino, Raúl Cervantes, dijo que el gobierno continúa su lucha contra la corrupción. Sin embargo, el nivel de corrupción durante la administración de Duarte —y la dificultad que han tenido las autoridades para llevarlo ante la justicia— sugieren que el gobierno está lejos de erradicar este problema.