Aún no es claro cómo exactamente fue que desaparecieron 43 estudiantes de una escuela normalista rural de México hace tres años. Pero mucha de la información que se tiene del caso no se ha sabido por el gobierno mexicano, sino por investigaciones de periodistas y grupos no gubernamentales, lo que ilustra el fracaso del Estado para aclarar uno de los casos más impactantes del crimen en la historia reciente de México.
En las horas de la noche del 26 de septiembre de 2014, 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, oeste de México. Catorce de los estudiantes desaparecidos fueron hallados unos días después, el 30 de septiembre, pero no había señales de los otros 43.
En enero de 2015, el gobierno mexicano concluyó que la policía municipal de la ciudad de Iguala había interceptado a los estudiantes, lo que llevó a una confrontación que dejó seis muertos, 25 heridos y varios vehículos destruidos. La “verdad histórica” del gobierno determinó que la policía de Iguala entregó a los estudiantes a un grupo criminal local, conocido como los Guerreros Unidos, quienes supuestamente confundieron a los estudiantes con miembros de una banda rival.
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Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, presunto cabecilla de los Guerreros Unidos, atestiguó posteriormente que había ordenado la muerte de los estudiantes y la incineración de sus cuerpos en un basurero en la población vecina de Cocula.
Pero varias investigaciones de expertos independientes levantan dudas sobre la versión oficial de los hechos. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que la evidencia del basurero no correspondía con las temperaturas requeridas para calcinar 43 cuerpos, los testigos del gobierno tenían versiones contradictorias de los hechos, y persisten las dudas sobre quién ordenó los aparentes homicidios de los estudiantes.
Ha habido más de 100 arrestos de presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes, pero el caso sigue sin resolverse.
Análisis de InSight Crime
Gran parte de lo que se conoce de la suerte de los estudiantes de Ayotzinapa fue descubierta por periodistas y grupos de la sociedad civil. Esto puede considerarse un testimonio del compromiso de estos actores por descubrir la verdad, pero también como una señal de que el gobierno mexicano no ha avanzado —y mucho menos resuelto— el caso.
De hecho, hay pruebas cada vez más concluyentes de que el gobierno mexicano no solo no ha cumplido su obligación de investigar debidamente la desaparición de los 43 estudiantes, sino que los funcionarios oficiales han intentado activamente obstruir el avance de diferentes indagaciones sobre el hecho. Se dice que organismos gubernamentales se negaron a entregar evidencia a un equipo de investigadores internacionales independientes, quienes fueron también objeto de espionaje con software y de una campaña de descrédito con el fin de impedir su trabajo.
Maureen Meyer, asociada sénior para México en la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés), describió como “injustificables” los errores cometidos por el gobierno en el caso.
“La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha llamado ‘la investigación más exhaustiva de la historia de México’, junto con pruebas concluyentes de que los funcionarios públicos obstruyeron la justicia y entorpecieron la investigación, ha terminado simbolizando la impunidad generalizada que hay en el turbulento sistema de justicia penal de México y la falta de voluntad política del gobierno para adelantar una investigación creíble y castigar las violaciones a los derechos humanos”, declaró Meyer en un boletín de prensa.
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Por otro lado, varias investigaciones periodísticas han develado detalles claves del caso de Ayotzinapa, y lo han hecho blanco de la opinión internacional.
A comienzos de este mes, el organismo de investigación independiente Forensic Architecture con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, divulgó una plataforma interactiva que transpone “investigaciones, videos, artículos de prensa, fotografías y registros de llamadas de dominio público” en miles de puntos de datos que mapean los diferentes hechos que tuvieron lugar la noche de la confrontación y los días siguientes a la desaparición de los 43 estudiantes. Los investigadores señalan que la visualización demuestra el “grado de colusión y coordinación entre los organismos del estado y el crimen organizado durante toda la noche”.
Dada la probada incapacidad o falta de voluntad del gobierno mexicano de llegar al fondo de este trágico hecho, parece que iniciativas independientes como esta seguirán siendo cruciales para descubrir lo que realmente sucedió esa noche en Iguala.