Hace un año, el arresto de algunos de los principales funcionarios de aduanas de Paraguay permitió revelar una extensa red de corrupción que les permitía a los contrabandistas operar con casi completa impunidad. Y ahora que su juicio está a punto de comenzar, parece que el país no ha aprendido de esta experiencia.
El 3 de julio de 2020, el Ministerio Público de Paraguay presentó cargos formales contra Ramón Benítez Amarilla, exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia (Detave), organismo ya desmantelado, así como contra otros 11 funcionarios, por soborno, asociación para delinquir y contrabando, según informó Última Hora.
Benítez Amarilla, exgeneral del ejército y candidato presidencial, fue detenido en abril de 2019, acusado de recibir sobornos de manera sistemática cuando era director del Detave, para permitir el paso de contrabando tanto dentro como fuera de Paraguay.
VEA TAMBIÉN: Noticias y Perfil de Paraguay
Varias grabaciones telefónicas revelaron que los funcionarios de aduanas del Detave cobraban miles de dólares por vehículo para permitir, e incluso escoltar, todo tipo de contrabando a través de la frontera, incluyendo alimentos, productos electrónicos y tabaco.
Tras el arresto de Benítez Amarilla, el presidente Mario Abdo Benítez decidió suprimir el Detave y modificar las aduanas paraguayas, de modo que en lugar de puestos de control fijos haya controles móviles a lo largo de las fronteras.
Análisis de InSight Crime
El desmantelamiento del Detave instó a examinar la corrupción sistemática que ha plagado las instituciones de seguridad y las aduanas de Paraguay, y propició la oportunidad de una verdadera reforma. Pero no parece que esta oportunidad se esté aprovechando.
En febrero pasado, el ministro de anticorrupción de Paraguay, René Fernández, dijo a InSight Crime que “el sistema aduanero es una fuente de abundante corrupción y este es un gran reto para el ministerio. Los funcionarios utilizan sus puestos como una manera de recolectar dinero y cobran una ‘tarifa’ por cada carga”.
Aunque es positivo que el gobierno esté reconociendo la magnitud del reto que tiene por delante, hay pocos indicios de que dicho reconocimiento se convierta en acciones concretas.
En efecto, la normalización de la corrupción y el contrabando en Paraguay dificulta su eliminación. Durante la investigación, un sospechoso dijo a los fiscales que había estado sobornando a Benítez Amarilla desde noviembre de 2018, poco después de que este último fuera nombrado director del Detave. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron a InSight Crime que Benítez Amarilla había heredado un esquema ya existente.
VEA TAMBIÉN: Funcionarios corruptos de Paraguay permiten el contrabando hacia Brasil
A pesar de estos desafíos, hay una gran cantidad de contrabando que continúa atravesando las fronteras de Paraguay, especialmente hacia Argentina y Brasil. Por ejemplo, durante los confinamientos por el coronavirus, en estos dos últimos países se han encontrado grandes cargas de cigarrillos ilegales, uno de los principales bienes de contrabando procedente de Paraguay.
Y en junio, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) denunció que las fronteras del departamento de Canindeyú con Brasil estaban completamente abiertas, y que había personas y vehículos atravesando sin ningún tipo de control, según el medio paraguayo 5 Días.
El punto de mayor contrabando es la zona de Tiple Frontera, donde confluyen Paraguay, Brasil y Argentina, pero esta economía criminal es una constante en extensas zonas fronterizas del país. En marzo pasado, investigadores de InSight Crime visitaron la provincia argentina de Formosa, ubicada frente a la capital de Paraguay, Asunción, y fueron testigos de hasta qué punto el contrabando es un motor económico en la región.
Un funcionario de la zona le dijo a InSight Crime que el contrabando en la frontera entre Argentina y Paraguay en Formosa funciona de dos maneras: las redes de contrabando menores, dirigidas por individuos que contrabandean pequeñas cantidades de mercancía de un país a otro, principalmente como un medio de sobrevivir en esta provincia, que padece altos niveles de pobreza, y las operaciones a gran escala dirigidas por organizaciones más grandes que contrabandean principalmente cigarrillos, textiles y aparatos electrónicos.