Fiscales peruanos han dictado los primeros cargos bajo una nueva ley dirigida específicamente al sicariato (homicidios contratados), pero existen dudas sobre si la nueva legislación será suficiente para desincentivar este delito.
Dos presuntos criminales en la ciudad peruana de Trujillo han sido los primeros en ser acusados bajo la nueva ley de sicariato aprobada en el país el 27 de julio, informó El Comercio. La nueva ley diferencia el asesinato contratado de otras formas de “homicidio con fines de lucro”; además, la ley aumenta la pena de prisión mínima de 15 a 25 años y permite sentencias de cadena perpetua en algunos casos. La ley también se aplicará a quienes contraten asesinatos, además de aquellos que lleven a cabo los homicidios.
La aprobación de la nueva ley significa que ahora hay varios estatutos que permitirán enjuiciar a los sospechosos de cometer asesinatos por motivos económicos. Será responsabilidad de los fiscales y jueces decidir en qué casos se aplicará la nueva ley de sicariato, que es más específica para este delito, en lugar de la antigua ley de “homicidio por calificado por lucro”. En el ordenamiento jurídico peruano, cuando dos estatutos diferentes parecen aplicar al mismo caso, los fiscales y jueces pueden decidirse por el estatuto más favorable para el acusado.
En el caso de los dos sospechosos acusados esta semana, al parecer los fiscales no dudaron en aplicar la ley de sicariato, arguyendo que el caso en mención implicaba claramente un asesinato contratado.
Análisis de InSight Crime
Establecer leyes para el asesinato por encargo es la más reciente de una serie de reformas legislativas destinadas a proporcionar a las autoridades peruanas y al sistema judicial mejores herramientas para la lucha contra el crimen organizado. Esta ley es más dura y obviamente busca desmotivar la comisión de este delito, pero para que esto suceda, en última instancia dependerá de la manera como la policía, los fiscales y los jueces manejen cada caso particular de asesinato contratado.
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En Perú ha habido indicios de que poderosas figuras políticas corruptas han recurrido a asesinatos a sueldo como una manera para consolidar sus redes criminales. Se dice que César Álvarez, exgobernador de Áncash, uno de los departamentos más ricos de Perú, dirigió una “violenta minidictadura” en cuya zona hubo una ola de homicidios por encargo, incluyendo el asesinato de sus rivales políticos. Álvarez fue arrestado por cargos de corrupción y homicidio en el año 2014.