Según el procurador general de Guerrero, México, la policía en ese estado colaboró ??con un cartel de la droga para matar a un grupo de estudiantes durante una protesta, un hecho que destaca la a menudo borrosa línea entre los criminales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país.
Iñaky Blanco, el procurador general del estado de Guerrero, aseguró que la policía del municipio de Iguala había entregado 17 estudiantes que hacían parte de una manifestación, al cartel de los Guerreros Unidos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL), informó Animal Político. Dos miembros del grupo confesaron haber asesinado a los estudiantes, y también señalaron que 30 agentes de la policía municipal de Iguala eran miembros de los Guerreros Unidos, según el funcionario.
La protesta tuvo lugar en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre, cuando los estudiantes de una universidad local de formación para profesores protestaban por la discriminación laboral contra los maestros provenientes de las zonas rurales. Agentes de la policía abrieron fuego contra los autobuses que transportaban a los manifestantes, matando a seis personas, y posteriormente, según los informes, llevaron a un grupo grande de estudiantes a vehículos de la policía y se alejaron de la zona. Cuarenta y tres estudiantes siguen desaparecidos.
Blanco también anunció que el 4 de octubre 28 cuerpos fueron encontrados en fosas comunes cerca de la ciudad, en la misma zona en la que los dos detenidos aseguraron haber asesinado a los estudiantes. Las autoridades aún no han identificado los cuerpos debido a su estado de descomposición.
Análisis de InSight Crime
De ser precisas las declaraciones del procurador general, este caso pone de relieve la estrecha relación que con frecuencia se presenta en la región entre los actores criminales y estatales. Las autoridades han emitido una orden de arresto para el alcalde de Iguala, quien es acusado de haber participado en la violencia. El jefe de la policía municipal también está siendo investigado.
El cartel de los Guerreros Unidos fue creado por una facción disidente de la OBL tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Actualmente el grupo se encuentra librando una amarga batalla territorial contra Los Rojos -otra facción disidente de la OBL- y contra los Caballeros Templarios por el control de las rutas de tráfico de drogas en Guerrero.
El caso de las desapariciones de los estudiantes también pone de relieve el triste historial que tiene México en materia de Derechos Humanos, y se presenta muy poco después de las recientes acusaciones de que el ejército habría ejecutado a 22 presuntos criminales. Amnistía Internacional ha informado (pdf) que en algunas ocasiones durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón los grupos criminales llegaron a colaborar con funcionarios públicos para cometer ejecuciones extrajudiciales. Durante esa administración se reportaron más de 26.000 casos de personas desaparecidas.