Un nuevo informe revela que las estrategias para reducir el consumo de drogas en Colombia no han sido eficientes, entretanto, el negocio del microtráfico saca ventaja de esta situación y aumenta sus clientes.

El pasado 11 de febrero, el grupo de Acciones para el Cambio, conformado por 10 organizaciones del país, publicó un documento titulado: “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”, en donde realiza una evaluación detallada de los avances del país sobre las metas trazadas en los últimos 10 años y formula unas recomendaciones para el Gobierno Nacional.

Según señala el informe: “El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos colombianos (US$6.400 millones), los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”.

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección social, la evolución del consumo por año de sustancias ilícitas en Colombia aumentó de 1,6 por ciento en 1996 a 2,7 por ciento en 2008 y a 3,6 por ciento en 2013 (último registro de este estudio). Ante estas alarmantes cifras, el documento hace un llamado de atención al nuevo enfoque propuesto por el actual gobierno, el cual parece estar tomando un camino diferente al que se venía trabajando en la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese sentido, se advierte una transición de lo pactado en La Habana, donde el consumo debía ser considerado como asunto de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, hacia una política que endurece la respuesta del Estado frente al consumidor. Dicha transición, refleja la discontinuidad de una política sólida en contra del consumo de drogas y un distanciamiento de los lineamientos propuestos por Naciones Unidas.

Análisis de InSight Crime

A nivel internacional Colombia es identificado como un país productor en términos de drogas ilícitas, sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) subraya que el país pasó en los últimos siete años pasó a ocupar el cuarto puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana.

Colombia ha visto una transformación en la naturaleza de sus actores armados que ha permitido la propagación narcomenudeo en todo el territorio nacional. Pasó de ser un país donde el negocio del narcotráfico estaba monopolizado por los grandes carteles, a tener una fragmentación de organizaciones armadas y democratización en la producción y venta de estupefacientes.

La tendencia en el incremento de consumo de drogas ilícitas expuesta en el informe del grupo de Acciones para el Cambio, está directamente relacionado con el aumento de las rentas del narcomenudeo según el DNP. Para el año 2015, el negocio del microtráfico generó 6 billones de pesos colombianos (US$1.900 millones) de ganancias para las estructuras criminales, lo que representa un 0,75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para ese mismo año, acerca de 1,5 millones de personas fueron asociadas a la adquisición de sustancias ilícitas.

En términos de rentabilidad, producir 1 kg de cocaína en Colombia cuesta aproximadamente entre seis millones de pesos y nueve millones de pesos colombianos (US$2.000 y US$3.000). Este valor aumenta de manera importante en el mercado interno. De acuerdo con el estudio del DNP publicado en 2016, las organizaciones criminales pueden obtener ganancias de más de 1.500 por ciento por vender drogas al menudeo. El narcomenudeo permite bajar la pureza del producto original para aumentar su rendimiento.

Otra gran atractiva para los grupos criminales es que el microtráfico evita exponerse a los riesgos del tráfico internacional de estupefacientes.

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Para hacerle cara al creciente consumo que ha presentado el país, la política contra las drogas debería plantear una estrategia integral que incluya los temas de prevención, educación y tratamiento frente al consumo. El nuevo decreto impulsado por el presidente Duque, cuya finalidad es prohibir el porte de dosis personal, se puede quedar corto frente a las dimensiones de esta problemática que van mucho más allá de prohibir el consumo y no enfocarse en los temas de salud pública.

*Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.