La última reorganización del gabinete y de la cúpula militar dirigidas por el presidente Nicolás Maduro ahondan la militarización del gobierno venezolano, aun a pesar de la legitimidad perdida por las fuerzas de seguridad debido a la conducta criminal generalizada entre sus filas.

Seis de los nueve miembros del gabinete designados el 21 de junio por Maduro son oficiales de alto rango del Ejército, informó el servicio de información oficial del Estado.

Además del general Carlos Osorio Zambrano, quien asumirá como jefe del Estado Mayor del presidente, Maduro ascendió a un cargo civil al excomandante del ejército Juan de Jesús García Toussaintt; al excomandante de marina Almirante Orlando Maneiro y al general Antonio Benavides Torres, exjefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien anteriormente había sido acusado de abusos contra los derechos humanos por su participación en la represión de las manifestaciones populares de 2015.

El actual ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, también asumirá el cargo de vicepresidente de Gobierno para la Soberanía, mientras que el mayor general Luis Motta Domínguez, actual ministro de Electricidad, ahora ocupará además el cargo de vicepresidente de Obras Públicas.

Los ministros salientes han renunciado para hacer campaña para obtener escaños en la próxima Asamblea Constituyente de Venezuela, que se encargará de redactar una nueva constitución.

A comienzos de la semana pasada, Maduro ya había reorganizado la cúpula militar de Venezuela, lo que según se dice deja una dirección de línea más dura.

Análisis de InSight Crime

Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas.

Varios ministros enfrentan sospechas de ese tipo. El general Osorio Zambrano, por ejemplo, recién designado ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y anterior ministro de Alimentos, es mencionado en una investigación de Associated Press por tráfico de alimentos a gran escala perpetrado por el ejército, que el año pasado estuvo a cargo de la distribución de alimentos en el país. Toussaintt, por su parte, puede haberse visto involucrado en un presunto esquema de tráfico de oro y diamantes con dinero robado por el gobierno, según una investigación de ABC.

Entretanto, Motta es investigado en Estados Unidos por tráfico de cocaína, informó el Wall Street Journal. El oficial es sospechoso de pertenecer al Cartel de los Soles, una red de elementos corruptos en las filas militares, que son sospechosos de controlar el cuantioso negocio de la droga en Venezuela. Motta también recibió un voto de no confianza este año de la Asamblea Nacional, en control de la oposición por sospechas de malversación.

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Además, la tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país. Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales, mientras que se ha culpado al ejército por las muertes de manifestantes en las protestas callejeras actuales y previas.

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