Una ola de violencia contra los candidatos ha provocado temores de interferencia política y la presión por parte de grupos criminales, a medida que al menos 14 de los 32 estados de México se preparan para llevar a cabo elecciones locales el 7 de julio.
El 29 de junio, dos ataques relacionados con las próximas elecciones municipales ocurrieron, informó la AFP. En Sinaloa, fue asesinado el hijo de Antonio Loaiza, jefe de campaña local. En Oaxaca, un ataque contra Rosalía Palma, candidata a diputada local del Partido Revolución Institucional (PRI), resultó con la muerte de su marido y su ayudante.
Dos días antes, había sido encontrado el cuerpo de Nicolás Estrada, presidente del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Oaxaca, donde el PRI está enfrentándose a una coalición del PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) en las próximas elecciones, informó Reuters.
El 23 de junio, el jefe de campaña y candidato local, Eleazar Armenta, fue asesinado en Sinaloa, causando que su coalición política, “Unidos Ganas Tu”, formada por el PRD, el PAN y el Partido del Trabajo (PT), cerrara sus oficinas.
El 12 de junio, Jaime Orozco, candidato a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, un municipio de Chihuahua, fue asesinado a tiros.
Análisis de InSight Crime
La serie de ataques en contra de candidatos locales durante todo el mes de junio es especialmente desalentadora dado que las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2012 fueron relativamente pacíficas, pese a temores del gobierno de la violencia a causa del crimen organizado y/o la polarización política. Como resultado de la violencia, varios candidatos en Sinaloa y en Chihuahua han suspendido sus campañas, y por lo menos seis municipios de Durango están sin candidatos del PRD, debido a las amenazas de los grupos criminales.
Si bien, anteriormente ha habido violencia contra políticos estatales y nacionales, como el homicidio del candidato a gobernador del PRI Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas en 2010, los candidatos y los políticos locales son los más vulnerables a las amenazas de los grupos criminales. El papel de las funcionarios municipales en el nombramiento de oficiales de la policía local y la concesión de contratos gubernamentales los convierte en objetivos principales para las organizaciones narcotraficantes que buscan ejercer control en un área en particular. Además, a diferencia de los políticos de alto perfil, es poco probable que se les ofrezca una protección personal adecuada a los candidatos locales.