El pleito por las instituciones que en Guatemala luchan contra la corrupción ha llegado a Washington. Ha sido a través de una audiencia especial en el Senado de Estados Unidos, y de la mano de una confusa trama que involucra a una familia de empresarios rusos y una narrativa armada por cabilderos que alegan, sin pruebas, que la CICIG es un frente ruso a las órdenes de Vladimir Putin.
Es el último capítulo en el enfrentamiento entre los poderes fácticos de Guatemala, representados sobre todo por el presidente Jimmy Morales y el recientemente fallecido alcalde Álvaro Arzú, por un lado; y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), por el otro.
El MP y la CICIG han abierto, en los últimos meses, investigaciones que involucran a Morales en un posible financiamiento electoral ilícito y al fallecido Arzú en delitos similares. El reciente anuncio de los avances de una de estas investigaciones colocó a Morales contra la pared, y desató una serie de acciones despóticas de su gobierno para anular a la comisión.
El capítulo de este viernes 27 de abril se ha conocido como el Caso Bitkov, por el que la comisión Helsinki del congreso estadounidense -que es como se conoce al cuerpo bicameral que ve asuntos de seguridad y cooperación con Europa- convocó a una audiencia especial este día.
Los Bitkov son una familia de millonarios rusos que hicieron su fortuna en la década de 2000 con inversiones en explotación maderera y en el sector financiero. El presidente ruso Vladimir Putin, de acuerdo con la versión de la familia, los sometió a persecución política y financiera hasta hacerlos quebrar. Los Bitkov huyeron a Guatemala en 2010, y pese a que luego dijeron ser perseguidos políticos, no pidieron asilo entonces.
Pero, ¿cómo se llega desde ahí a la CICIG y a las acusaciones contra ella en Washington? En principio, de la mano de William Browder, un empresario británico-estadounidense que tuvo inversiones en Rusia y también sufrió persecución por parte del aparato de Putin. Personas a las que nadie ha identificado aún llevaron a Browder un informe en el que se alega que la persecución rusa a los Bitkov había encontrado en la CICIG un aliado.
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La influyente columnista del Wall Street Journal, Mary Anastasia O´Grady, y el senador republicano de Florida Marco Rubio han hecho eco a las acusaciones sobre la trama rusa. Otro de los gestores de la trama contra la CICIG es el senador Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey y co-presidente de la comisión.
De acuerdo con dos personas que estuvieron presentes en la audiencia, esta tuvo concurrencia mínima de los miembros. El programa no incluyó testigos que hablaran sobre la misión de la CICIG o de sus aportes a la lucha contra la corrupción en Guatemala.
El principal alegato de Browder es que los Bitkov son perseguidos políticos y que, de alguna manera, los tentáculos de Putin llegaron hasta Guatemala para acabarlos. El argumento de personas como O’Grady es que todo es parte de un complot del comunismo internacional para tomarse plazas en Centroamérica. La columnista incluso mete a los gobiernos de Venezuela y Cuba en el tinglado.
En el informe de Browder, al que InSight Crime tuvo acceso, no había pruebas de lo anterior. Y, de hecho, Browder ya admitió que él no tiene evidencia alguna sobre relación entre Rusia y la CICIG. La comisión ha dicho públicamente que la Federación Rusa nunca ha sido su financista, y que Moscú incluso llegó a poner reparos a su formación en Naciones Unidas, el ente internacional que gestó la CICIG.
Análisis de InSight Crime
El de los Bitkov es un caso enmarcado en una amplia investigación de la CICIG y el MP a una red criminal que falsificaba pasaportes guatemaltecos en complicidad con funcionarios de la Dirección General de Pasaportes de la Migración de Guatemala. En 2010, cuando huyeron de Rusia, los Bitkov compraron pasaportes falsos a esa red, a un precio de US$50.000 por documento, según dijeron a InSight Crime fuentes del MP en Guatemala.
La red criminal involucra, entre otros, a funcionarios que trabajaban en Migración cuando el interventor (una especie de auditor) en esa dependencia era Enrique Degenhart, quien fue nombrado Ministro de Gobernación a inicios de año por el presidente Morales. Fuentes del MP y de la CICIG han dicho que, desde su llegada a Gobernación, Degenhart y sus colaboradores más cercanos han bloqueado o entorpecido investigaciones criminales.
En 2010, la CICIG y el MP iniciaron una investigación a la que bautizaron Caso Migración. En 2013, el MP acusó a siete funcionarios de Migración de diversos delitos. La CICIG se unió al proceso como querellante adhesivo, que es lo que la ley le permite.
En 2014, tras allanamientos en Migración, el MP se topó con el nombre de los Bitkov, a los que jueces que conocieron el caso condenaron a varios años en prisión.
El alegato de la CICIG es que los Bitkov fueron parte de una investigación criminal a redes de corrupción en Guatemala, como las decenas en los que la comisión ha apoyado al MP desde que llegó al país en 2007; que a los Bitkov los condenaron jueces guatemaltecos; y que la comisión nunca ha tenido contactos con la Federación Rusa.
Todo esto ha ocurrido al mismo tiempo que la CICIG y el MP anunciaron nuevos hallazgos en la investigación que involucra al presidente Morales con financiamiento electoral ilícito, por el que el MP ha pedido antejuicio. Aliados del presidente y del alcalde Arzú han bloqueado esa posibilidad en el Congreso.
Tras esas revelaciones, varios de los empresarios que financiaron la campaña del FCN-Nación, el partido de Morales, aceptaron haber hecho aportes económicos que podrían reñir con la ley, lo que ha dejado al presidente más solo en el escenario.
En Washington, de acuerdo con una fuente que estuvo presente en la audiencia de la comisión Helsinki, dominó la narrativa anti-CICIG, impulsada sobre todo por el senador republicano Christopher Smith. La comisión, sin embargo, no llegó a conclusión alguna.
Aunque se manejó que en la mesa estaba la posibilidad de que Estados Unidos retire su financiamiento a la CICIG, fuentes que asistieron a audiencia aseguraron a InSight Crime que la comisión Helsinki no tiene la potestad de quitar los fondos a la CICIG, y que el gobierno de Donald Trump seguirá respaldando el trabajo de la comisión en la lucha contra la corrupción.