Denuncias recientes alertan sobre el reclutamiento de guerrilleros disidentes por parte de los mayores grupos criminales en Colombia, otro indicio del ingreso de nuevos actores a las operaciones criminales anteriormente controladas por la guerrilla.
El fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez declaró el 25 de enero que el grupo criminal conocido como Los Gaitanistas, también nombrado Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), está ofreciendo un salario de 1,8 millones de pesos colombianos (equivalentes a unos US$600) a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encuentra en proceso de desmovilización, según información de El Heraldo.
Martínez advirtió que las AGC parecían estar tratando de urdir una alianza con los disidentes de las FARC en zonas al norte del departamento de Antioquia para tomar control de las operaciones de narcotráfico y minería ilegal dejadas por el grupo guerrillero, según recogió El País. El fiscal general señaló que las AGC también intentan entrar a estas industrias ilegales en los departamentos de Bolívar y Córdoba.
Tras la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016, el secretariado de las FARC ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar que todos los miembros del grupo guerrillero cumplan las cláusulas del acuerdo. Varios jefes importantes rechazaron el acuerdo, y durante meses se han conocido algunos indicios que sugieren que muchos combatientes de las FARC se están aliando con grupos criminales existentes o incluso que están formando nuevos grupos.
Según el acuerdo de paz con las FARC, cada desmovilizado recibirá cerca de 18 millones de pesos (US$6.100) a lo largo de un periodo de 24 meses. En comparación, la cifra que plantea Martínez indica que un guerrillero disidente de las FARC podría ganar 48 millones de pesos (US$16.300) en el mismo lapso de tiempo si se uniera a las AGC.
Sin embargo, es posible que las AGC estén forjando relaciones no solo con las FARC, sino también con elementos de las fuerzas armadas de Colombia. Martínez añadió que las autoridades investigarán una posible colusión entre soldados y las AGC en Antioquia, según informes de El Espectador. Estas denuncias las elevaron varios líderes sociales, que denuncian que los mineros ilegales tienen acceso a un explosivo de distribución exclusiva de la firma de defensa Indumil, controlada por el gobierno.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios del fiscal general constituyen un ejemplo de los incentivos financieros que supondría para los disidentes de las FARC una alianza con el crimen organizado. Sumada a las preocupaciones de que el gobierno no cumpla con los programas de rehabilitación social y económica dispuestos en el acuerdo de paz, estos incentivos financieros pueden provocar mayores deserciones del proceso de desmovilización y empeorar los ya altos índices de disidencia.
Más aún, además de las denuncias de colusión con militares, el reclutamiento de disidentes es otra señal del intento oportunista de las AGC por extender su influencia sobre las economías ilícitas que anteriormente controlaban las FARC, esta vez en Antioquia.
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El gobierno admitió recientemente que las AGC intentan tomar el control de las operaciones dejadas por las FARC, mediante un comunicado de prensa del Ministerio del Interior, con fecha del 24 de enero, riesgo que había estado señalando durante los diálogos de paz. Aunque los estimativos presentan grandes variaciones, se calcula que las ganancias de las FARC con el negocio de la droga pueden equivaler a varios cientos de millones de dólares al año, lo que da a las AGC un incentivo financiero propio para tomar control de la parte del negocio de la droga que estaba en manos de la guerrilla.