Una ola de represión por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha paralizado a los candidatos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la prohibición que impedía a María Corina Machado ejercer su cargo, inhabilitando así a la principal candidata de la oposición para presentarse a las elecciones. El gobierno de Maduro había acordado celebrar elecciones durante las reuniones celebradas en Barbados el pasado mes de octubre que estuvieron bajo supervisión internacional.

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La decisión del TSJ fue la última de una serie de medidas cada vez más represivas. Desde el 23 de enero, las fuerzas de seguridad han detenido a tres miembros de la campaña presidencial de Machado, incluido su director de campaña, Juan Freites, quien, según el medio local Pitazo Vargas, fue emboscado frente a su casa y metido a la fuerza en la parte trasera de una furgoneta negra.

Las detenciones se producen en un año en el que se espera que el régimen de Maduro, cuyo gobierno ha visto el crecimiento exponencial de la simbiosis entre el crimen organizado y los elementos del Estado, enfrente un importante desafío a su poder durante las elecciones.

Las detenciones de los miembros de la oposición se produjeron después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara que, desde mayo de 2023, su oficina ha descubierto cinco conspiraciones terroristas que salpican a funcionarios militares, civiles y redes de inteligencia extranjeras. Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 30 personas en relación con estos supuestos planes golpistas y han emitido órdenes de detención contra otras 14, entre ellas periodistas y líderes de la sociedad civil.

Estas acciones parecen formar parte de la más reciente campaña de represión de Maduro, que comenzó con el anuncio del «Plan Furia Bolivariana», en el que prometió desplegar tropas militares y policiales a partir del 22 de febrero para «frustrar cualquier intento terrorista y golpista, se presente como se presente.»

Por su parte, Machado describió el Plan Furia Bolivariana como una campaña de represión política.

«¿Cómo haces una campaña si tu gente está secuestrada y desaparecida?», dijo en una rueda de prensa televisada. «Pido a la comunidad internacional que detenga esta locura porque eso es la Furia Bolivariana: agresión, desapariciones y persecución».

En los últimos días, numerosas sedes de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) de la oposición se han convertido en blanco de actos vandálicos, a menudo con grafitis en los que se lee «Furia Bolivariana.»

Estados Unidos también expresó su preocupación por el deterioro de la situación.

«La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de mantener [las] inhabilitaciones … socava unas elecciones presidenciales competitivas. Sobre la base de esta acción y la focalización de la oposición y la sociedad civil, EE.UU. está revisando nuestra política de sanciones», escribió el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un post en X.

Análisis de InSight Crime

La inhabilidad de María Corina Machado ha reducido la campaña presidencial de la oposición a la mitad. Sumada la última ola de represiones, deja claro que Maduro no permitirá que la oposición encuentre un lugar para competir contra él.

«Todavía tiene la sartén por el mango», dijo a InSight Crime Geoff Ramsey, miembro senior del Atlantic Council, refiriéndose a Maduro. «Si la comunidad internacional espera elecciones libres y justas en Venezuela, celebradas con los estándares de, digamos, Suiza, debería esperar sentada».

Maduro lanzó su campaña de terror al día siguiente de que Machado presentara su plan de movilización de campaña, lo que sugiere que la popularidad de Machado – que ganó visibilidad tras el inesperado gran número de personas que acudieron a votar en las primarias de la oposición – lo tomó con la guardia baja.

La respuesta del régimen ante la amenaza de desestabilizar su posición de poder no se ha hecho esperar.

«En primer lugar, quieren hacer todo lo posible para reducir las probabilidades de que se produzcan grandes protestas lideradas por la oposición», afirmó Ramsey. «En segundo lugar, quieren enviar un mensaje a sus propias bases para que se movilicen contra la oposición».

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En medio de estos ataques, el gobierno también anunció que la Asamblea Nacional Constituyente aprobaría finalmente una ley contra las ONG venezolanas, que lleva casi un año atascada en el poder legislativo del país.

Representantes de ONG venezolanas afirman que la ley está hecha para silenciarlas, y no sólo a ellas.

«Restringiría absolutamente a todos – a los sindicatos, a los medios de comunicación, e incluso a las juntas de condominio – a todos los que promueven la participación ciudadana y las reuniones en las calles, incluso las cívicas», dijo a InSight Crime Gabriela Boada, directora de Caleidoscopio Humano, una ONG venezolana dedicada a los derechos humanos.

La tormenta de acciones represivas y amenazas representa un giro brusco con respecto a lo que parecía ser un avance hacia una solución pacífica en Venezuela, tras las negociaciones mantenidas en los últimos años para devolver al país al ruedo internacional.

Actores regionales y mundiales han reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela: se ha reabierto la frontera entre Venezuela y Colombia, y Estados Unidos ha suavizado las paralizantes sanciones impuestas a muchas de las industrias venezolanas, incluida la petrolera.

Sin embargo, los acontecimientos de esta semana podrían revertir los avances.

Todavía no está claro cuál será la reacción de Estados Unidos frente a la confirmación de la inhabilidad política de Machado. Anteriormente, este país había prometido suspender el alivio de las sanciones si Maduro no hacía «progresos adecuados.» Sin embargo, Ramsey se muestra escéptico de que Estados Unidos cumpla su amenaza.

«Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo están mirando cada vez más a Venezuela no solo a través de una lente político, sino también a través de uno geoeconómico», dijo Ramsey a InSight Crime.

Imagen principal: Un grafiti hace alusión a la campaña de represión política Furia Bolivariana. Crédito: CEPAZ.