Un artículo de El Faro reveló fracturas iniciales en el pacto negociado entre el gobierno de El Salvador y las principales pandillas del país, fracturas que fueron el detonante de los problemas de seguridad que tienen al país en jaque desde finales de marzo.
En esas negociaciones, a las que InSight Crime lleva años siguiendo la pista, participaron actores criminales dominantes en El Salvador: integrantes de la MS-13 y las dos facciones de Barrio 18. De acuerdo con la investigación, el gobierno del presidente Nayib Bukele ofreció privilegios a la ranfla de las pandillas en prisión a cambio de la promesa de mantener bajo control las tasas de homicidios. En la superficie, la estrategia parece haber funcionado. Desde que asumió el poder en 2019, Bukele ha logrado mantener las tasas de homicidios en una tendencia a la baja, llegando a pisos de 17,6 por 100.000 habitantes en 2021.
Hacia finales de marzo, sin embargo, corrió el rumor de una ruptura en las negociaciones tras la captura de varios ranfleros de la MS-13, quienes culparon al gobierno y desataron la crisis que mandó al traste varios años de trabajo de líderes de las pandillas y funcionarios del gobierno.
La saga se inició con una campaña sangrienta que dejó un reguero de 87 homicidios entre el 25 y el 27 de marzo, a manos de la MS-13, según el informe. Al reguero de sangre, el gobierno respondió con una reforma global a la seguridad, que flexibilizó los requisitos para la detención preventiva, lo que resultó en miles de capturas, decretos de sentencias más duras para pandilleros imputados y prohibiciones de ley para los medios de información en relación con la divulgación de mensajes relacionados con las pandillas o la cobertura sobre su control en ciertas zonas del país.
Está por ver si esta crisis puede revertirse. La escala de la violencia de pandillas y la respuesta de mano dura del gobierno hacen parecer improbable cualquier desescalada, al menos en el corto plazo. En el peor de los casos, la situación de seguridad en El Salvador podría empeorar hasta sumir al país en un caos no visto desde 2015, cuando el país llegó a un récord de homicidios de 103 por 100.000 habitantes.
A continuación, InSight Crime destaca cuatro lecciones que dejan las relaciones entre el gobierno y las organizaciones criminales de El Salvador.
La chispa que encendió la mecha
Cuando se les pregunta qué desató los violentos episodios vividos a finales de marzo, los pandilleros señalaron a un arresto de las fuerzas del gobierno contra varios ranfleros de la MS-13, según El Faro.
Voceros de esa pandilla declararon a ese medio que la “traición” inicial del gobierno se remonta a ese arresto, pues a los pandilleros se les había prometido un desplazamiento seguro para reunirse con funcionarios de la administración. Según el portavoz, “no mantuvieron la palabra. Hicieron arrestos que no debían haber hecho”.
El Faro señaló que a los miembros de la MS-13 se les había asignado un vehículo y un conductor supuestamente por gestión del viceministro de justicia y director general de centros penales Osiris Luna.
“Un par de hermanos fueron detenidos cuando se desplazaban en un vehículo oficial del sistema [de prisiones]. Tenían un conductor puesto por Lobo”, dijo una fuente a El Faro, usando el nombre en código de Luna, como referencia al viceministro.
A raíz de varias grabaciones, el medio afirmó que la ranfla o cúpula de la MS-13 dio 72 horas a la administración del presidente Bukele para liberar a sus compañeros detenidos o desatarían el infierno.
Y cumplieron su palabra. La MS-13 perpetró 87 homicidios que dieron lugar al estado de emergencia nacional extendido, en medio del cual, para mediados de mayo, había cerca de 30.500 pandilleros imputados. Esto ocurre a la par de una avalancha de medidas del gobierno para apretar los tornillos al crimen organizado y su cobertura por parte de los medios.
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Aunque los voceros de la MS-13 se atribuyeron la responsabilidad por los homicidios, afirman que fue la traición del gobierno la fuente del caos que vive el país.
Carlos Marroquín cuenta una historia distinta. Según El Faro, el jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y supuesto negociador jefe a nombre de Bukele, culpó de la disolución del pacto al ministro de justicia y seguridad Gustavo Villatoro.
De acuerdo con El Faro, Villatoro había estado en desacuerdo con la estrategia negociada de Marroquín y este último llegó incluso a insinuar en grabaciones de audio que miembros desleales de la MS-13 habían hecho una negociación aparte con Villatoro. “A mí me late que esos vatos de San Cocos están entregando a la gente de ustedes […] Y así se lo digo, brother, que Dios me perdone, pero creo que ellos tienen algo […] transado con el ministro este”, decía Marroquín en una grabación a la que tuvo acceso el medio de comunicación.
En una grabación, Marroquín también declaró su lealtad con la pandilla, cuando aseguró que él había sido el responsable de la liberación de Elmer Canales Rivera, alias «Crook» o «El Viejo», líder de un programa de la MS-13, sobre cuya cabeza hay una solicitud de extradición de Estados Unidos.
«Yo al Viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza», recalcó Marroquín, y aseguró que él mismo había llevado al líder pandillero a Guatemala. InSight Crime informó sobre la liberación de este jefe en marzo, junto con otros tres ranfleros de la MS-13, todos liberados de prisión a pesar de las solicitudes de extradición de Estados Unidos que pesaban sobre ellos.
Sin embargo, parece que sus esfuerzos fueron en vano y que las negociaciones están descartadas en el futuro cercano.
El jefe negociador del presidente: Carlos Marroquín
Quizás una de las revelaciones más explosivas del informe es la evidencia del papel de Carlos Marroquín como negociador con las pandillas. InSight Crime ya ha informado de su importancia como negociador de larga data en nombre de Bukele. De hecho, desde 2015, actúa en representación del actual mandatario, primero durante su alcaldía de San Salvador y luego durante su presidencia.
Sin embargo, las grabaciones de audio despejan cualquier duda de que Marroquín fuera el principal enlace entre las partes. En una discusión con motivo de los arrestos que supuestamente desataron la crisis, puede oírsele diciendo: «¿Por qué bajó la guardia? Todos estábamos claros [en] que la cosa aquí iba conmigo».
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En la alcaldía de Bukele, la función de Marroquín como jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social facilitó naturalmente el contacto con las comunidades en sectores de la ciudad controlados por las pandillas, pues ese organismo de gobierno tiene la tarea de implementar programas sociales, educativos y económicos en zonas especialmente susceptibles al control de las pandillas.
Marroquín fungió como principal intermediario entre el entonces alcalde Bukele y las pandillas del país para ayudar al primero a hacer realidad su proyecto bandera de revitalizar el Centro Histórico de la ciudad.
El reportaje de El Faro develó cómo esta relación se ha mantenido durante la presidencia de Bukele y los tejemanejes de esas negociaciones, basado en una serie de grabaciones de Marroquín.
Marroquín, junto con otro alto negociador, Osiris Luna, fue sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro estadounidense por participar en negociaciones con líderes pandilleros presos para reducir la violencia a cambio de privilegios.
Según El Faro, Marroquín admitió haber encabezado las negociaciones por cerca de «dos años y medio», lo que incluyó la sorprendente liberación de Crook a comienzos de este año. Esa excarcelación en particular, escandalizó a muchos considerando el estatus reconocido de Crook como líder veterano de la ranfla nacional de la MS-13.
Todo esto se benefició de la relación al parecer cercana entre Marroquín y las pandillas. Esto abrió un canal directo entre las pandillas y Bukele, a quien se menciona en las grabaciones con el alias de «Batman».
¿Qué opciones le quedan a la administración de Bukele?
Desde el primer día, la respuesta pública de Bukele al pico de violencia ha ido en una dirección: una descarga total de fuerza.
Después de recurrir a la mano dura extrema para afirmar el control sobre el país, es posible que Bukele se haya encerrado cada vez más en su discurso. Hasta el momento, el jefe de Estado ha negado con vehemencia cualquier negociación entre la administración y las pandillas. De esta manera, desataría una tormenta política si pasara a una táctica más sutil, aun cuando quisiera hacerlo.
Además, Bukele debe gran parte de su popularidad a las bajas tasas de homicidios que dice haber logrado en El Salvador. En repetidas ocasiones ha publicitado el Plan de Control Territorial como el motor de la reducción de la violencia delincuencial. En las últimas semanas, ese plan de control se intensificó, con detenciones masivas dirigidas a contener la fuerza de las pandillas.
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Una ola de violencia prolongada podría agotar algo de ese respaldo y sin el capital político para mantener su guerra declarada contra las pandillas, quedará sin opciones fuertes.
Lo más probable es que esta última manifestación del fracaso de las negociaciones no afecte los cálculos de corto plazo de la administración de mantener la respuesta militarista agresiva como la opción política más acertada.
¿Cómo se perfila la situación de seguridad en El Salvador?
“En todos los años de este pacto con Batman, los homicidios han estado en cero. Fuimos quienes lo hicieron, créanme, cada día […] y el sistema nos culparía, día tras día, si los homicidios aumentaran”, declaró un delegado de las pandillas a los investigadores de El Faro.
Aunque queda claro que este pacto se edificó sobre cimientos frágiles, debe reconocerse que brindó un grado de calma en la larga tormenta de violencia criminal que ha padecido El Salvador. La ausencia de un pacto así entre el gobierno y el crimen organizado acarrearía un retorno a épocas más sombrías.
En 2015, la tasa de homicidios de El Salvador fue la más alta de la región, con un registro aproximado de 6.650 homicidios por las disputas entre las principales fuerzas criminales y su fragmentación en clicas cada vez menores, que atizaron las luchas internas.
Equiparable en muchos aspectos a la actual situación, entre 2012 y 2014 tomó forma una tregua secreta, mediada por la iglesia, entre el gobierno y las principales pandillas del país antes de desintegrarse y generar en una ola de violencia que se extendió a todo el sistema carcelario.
Ahora bien, si las distintas facciones de la MS13 y Barrio 18 actuaran como un frente unido contra un enemigo común encarnado en Bukele, el país estaría ad portas de otro capítulo sangriento en esta historia sin fin de las pandillas vs. las instituciones salvadoreñas.