Varias sanciones de Estados Unidos y Canadá contra políticos haitianos de alto rango podrían levantar el velo de la larga historia de clientelismo entre los partidos políticos y las pandillas del país.
El gobierno de Canadá impuso sanciones económicas contra tres políticos haitianos el 19 de noviembre, lo que eleva a ocho el número total de los sancionados en los últimos meses. Entre los tres nuevos nombres se encuentra el del político de más alto rango hasta la fecha, el expresidente Michel Martelly, quien gobernó el país entre 2011 y 2016. Lo acompañan en la lista sus dos primeros ministros, Laurent Lamothe y Jean-Henry Céant.
Los tres hombres son acusados de estar conectados con las pandillas de Haití, que han contribuido a la devastación del país mediante la violencia generalizada.
“Nuestro objetivo es asegurarnos de que rindan cuentas estas personas que se están beneficiando de la violencia y que hacen parte de un sistema corrupto”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, el día en que se publicó la lista. Y agregó que Canadá “considerará imponer sanciones adicionales a individuos y entidades en Haití» para detener la ola de violencia en el país.
A principios de noviembre, Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones de manera coordinada contra Joseph Lambert, el actual presidente del Senado haitiano, y Youri Latortue, quien ocupó el mismo cargo de 2017 a 2018, por proteger a las pandillas y traficar drogas de Colombia a Haití.
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El rechazo de estos cargos se produjo rápidamente. En una desafiante declaración en Twitter, el ex primer ministro Lamothe negó rotundamente cualquier vínculo con las pandillas y subrayó que él había luchado contra la inseguridad.
Si bien estas sanciones no imponen cargos criminales contra los afectados, a estos se les incautarán sus activos en Estados Unidos y Canadá, no podrán viajar a dichos países, y los individuos y entidades de esas dos naciones tienen prohibido realizar actividades comerciales con los sancionados.
Todas estas sanciones están dirigidas a un sistema de clientelismo político y corrupción que ha existido por décadas en Haití, donde los políticos se han asegurado sus cargos haciendo uso de las pandillas callejeras en comunidades de la capital, Puerto Príncipe. Bajo las órdenes de sus amos políticos, las pandillas suelen reprimir a los opositores electorales, obligar a la gente a votar de cierta manera, recaudar dinero por medio de extorsiones y facilitar el tráfico de drogas.
Dichas relaciones iniciaron en la década de los noventa, por parte del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. En ese entonces, grupos comunitarios, conocidos como baz, actuaban como movimientos políticos y grupos de autodefensa en los barrios de Puerto Príncipe a favor de Aristide. Los baz, que tomaban sus nombres de las calles y barrios de la ciudad, reclutaban a sus miembros localmente, y fueron los antecesores de las pandillas callejeras que hoy en día devastan a Haití.
Análisis de InSight Crime
Estas sanciones son el más reciente indicio de que la comunidad internacional está prestando atención a un sistema de clientelismo que ha existido durante décadas entre políticos y pandillas en Haití.
El funcionamiento interno de este sistema comenzó a develarse después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Si bien no se sabe quiénes ordenaron el asesinato, hay especulaciones que apuntan a las élites políticas y empresariales, las fuerzas de seguridad y las pandillas con las que Moïse alguna vez estuvo conectado.
Tras la muerte de Moïse, el líder pandillero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, se convirtió quizá en la persona más poderosa de Haití.
Mediante una lucrativa carrera como líder de una pandilla afiliada al Partido Tèt Kale (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), actualmente en el poder, Barbecue se apoderó de extensas zonas de Puerto Príncipe. Tras lograr que varias pandillas de la capital se aliaran en una federación conocida como G9 y Familia (G9 an fanmi), Barbecue demostró su importancia ante la élite política gobernante, con el fin de aumentar su influencia.
A pesar de que era un acérrimo crítico del expresidente antes de su muerte, Barbecue ha reaparecido como un defensor del legado político de Moïse, incluso desafiando abiertamente al actual gobierno del primer ministro Ariel Henry.
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Barbecue ha logrado sostenerse en esa posición por años, chantajeando repetidamente al gobierno, como cuando bloqueó la terminal petrolera de Haití y causó una crisis de combustible.
Sin embargo, no ha operado en el vacío. Su alianza G9 se ha estado enfrentando contra el G-PEP, una federación de pandillas creada en 2020 y vinculada a la oposición del PHTK. Y otra pandilla, 400 Mawozo, que se hizo famosa por secuestrar a 17 misioneros en 2021, se ha logrado posicionar bastante bien en el suburbio de Croix-des-Bouquets y ha sido contactada tanto por G9 como por G-PEP para conformar una alianza política.
La comunidad internacional parece estar finalmente reaccionando. En octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sancionó directamente a Barbecue, acusándolo de graves violaciones a los derechos humanos y de amenazar la paz y la estabilidad de Haití.
Las recientes sanciones de Estados Unidos y Canadá dan continuidad a estos esfuerzos. Si bien aún no han llevado a que se levanten cargos criminales contra estos políticos, buscan arremeter contra las redes que han conducido a Haití a su difícil situación actual.
Los políticos sancionados fueron cuidadosamente elegidos. Según una exhaustiva investigación realizada por InSight Crime en Haití en 2021, el expresidente Michel Martelly y sus aliados estaban conectados con el G-PEP. Rony Célestin, un senador en funciones sancionado por Canadá, cuya lujosa mansión en Quebec fue confiscada, ha sido vinculado a acusaciones de corrupción y de estar involucrado en actividades de contrabando.
Hervé Fourcand, otro exsenador objeto de las sanciones, presuntamente ha estado involucrado en el tráfico de armas hacia la isla. Youri Latortue, expresidente del Senado, ha sido una figura polémica durante años, y fue acusado por exembajadores de Estados Unidos de ser “desvergonzadamente corrupto” y de dirigir “una red de policías corruptos y pandillas”.
Algunas personas que conocen de cerca la política haitiana dudan que estas sanciones tendrán algún impacto. “Las sanciones son una broma. El problema de Haití no tiene nada que ver con que los senadores estén involucrados en el tráfico de bienes ilícitos; el problema son las pandillas”, afirmó un exministro del Interior de Haití, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Estamos hablando de cosas que ellos supuestamente hicieron hace 10 o 15 años. Al pueblo haitiano eso le importa un comino”.