Una resolución histórica de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (United Nations Commission on Narcotic Drugs, CND), de mediados de marzo, podría marcar el inicio de un cambio profundo en el régimen internacional de control de drogas. O bien, dado el retiro de Estados Unidos del escenario multilateral, representar el principio del fin del régimen.
La resolución –impulsada por Colombia y adoptada por 30 países miembros, con 18 abstenciones y tres votos en contra durante la sesión plenaria anual de la CND, el 14 de marzo en Viena, Austria– estableció el marco para sugerir reformas a un sistema creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace más de 60 años.
“Lo logramos”, escribió en X la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Viena, Laura Gil, tras la votación.
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La resolución dispuso la creación de un “panel multidisciplinario de 20 expertos independientes, actuando a título personal, para preparar un conjunto claro, específico y aplicable de recomendaciones destinadas a mejorar la implementación de las obligaciones” de las tres grandes convenciones adoptadas en 1961, 1972 y 1988.
Estas convenciones, que han permanecido en gran medida intactas, no son necesariamente vinculantes, pero han servido de andamiaje para las leyes sobre drogas en la mayoría de los países del mundo. Los Estados han adoptado regímenes que reflejan o rara vez contradicen los de la ONU. La resolución busca romper con ese statu quo, que muchos consideran excesivamente punitivo y carente de perspectiva en otros aspectos como la distribución legal de drogas y el acceso a cuidados paliativos.
“Este panel constituye una oportunidad extraordinaria para proponer cambios serios al régimen de políticas de drogas que verdaderamente apunten al objetivo final de las convenciones: la protección de la salud y el bienestar de la humanidad”, señaló el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (International Drug Policy Consortium, IDPC), una organización que promueve reformas en las políticas antidrogas, tras la aprobación de la resolución.
Sin embargo, el momento elegido para una propuesta tan audaz podría resultar fatal para la comisión. Estados Unidos está reduciendo sus compromisos internacionales, y su delegado en la reunión realizó una advertencia velada de que cualquier cambio de fondo pondría en riesgo el financiamiento de la comisión.
Además, cualquier reforma avanzará al ritmo de la ONU ya que el panel tendrá dos años para proponer cambios, que serán revisados por la CND en 2029.
Colombia: sangre y sacrificio
La CND es un espacio complejo. Los gobiernos cambian, y con ellos, las políticas antidrogas. Brasil, por ejemplo, ha oscilado drásticamente en su posición en los últimos años, dependiendo del presidente de turno. Las políticas internas también pueden ser contradictorias. Bolivia ha promovido la despenalización de la hoja de coca, pero no de la marihuana.
La actual discusión que culminó con la resolución colombiana comenzó en Cartagena, en 2012, durante la Cumbre de las Américas, cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comparó la política internacional de drogas con una bicicleta fija.
“Ha llegado el momento de analizar si lo que estamos haciendo es lo mejor, o si podemos encontrar una alternativa más eficaz y menos costosa para la sociedad”, dijo entonces.
El régimen internacional ya estaba bajo tensión. Algunos países europeos, encabezados por los Países Bajos y Portugal, se habían alejado de un enfoque punitivo. Uruguay y Colombia empezaban a explorar leyes que despenalizaban el consumo y promovían nuevos marcos regulatorios. En Estados Unidos, varios estados se preparaban para legalizar la marihuana recreativa. Incluso el expresidente de Guatemala y exgeneral Otto Pérez Molina publicó una columna defendiendo estrategias alternativas.
La campaña culminó en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas en 2016, durante la cual los Estados miembros reconocieron la “responsabilidad compartida” del problema y ampliaron el debate para incluir temas de salud, derechos humanos y desarrollo económico. “Más que una reforma, fue un cambio de tono”, señaló Juan Carlos Garzón, experto en Políticas de Drogas y consultor de Open Society Foundations, que dispensó un enfoque más equilibrado, basado en evidencia y centrado en las personas.
“La conversación ya no es solamente de drogas”, dijo Garzón a InSight Crime. “También están los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, [y] otros compromisos que tienen los Estados”.
No obstante, el régimen continuó siendo más represivo que paliativo. Para los países productores, esto significó operaciones policiales y, en algunos casos, el uso de fuerzas militares. Y cuando países como Colombia o Guatemala amenazaban con cambiar de rumbo, solían enfrentarse a sanciones, incluso cuando en Europa se aplicaban leyes mucho más permisivas. Esa asimetría se traduce en que los países productores dependen de los consumidores para obtener recursos en la lucha contra las drogas, y el acceso a paquetes de ayuda más amplios suele depender de su cooperación.
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Las reuniones anuales de la CND también reflejan esa disparidad. Durante años, mientras grupos liberales organizaban “eventos paralelos” promoviendo la reducción de daños, los delegados de la ONU, desde la inmensidad de su plenaria, mantenían el statu quo en lo que se conocía eufemísticamente como el “espíritu de Viena”.
Ese consenso se rompió en la CND de 2024, que abrió la puerta a votaciones y a nuevos términos en las resoluciones, como “reducción de daños”. Colombia llevó ese mismo impulso a la CND de 2025, donde propuso la creación del panel de revisión.
“Mi país ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que nos fue impuesta”, dijo Gil ante la sesión plenaria, tras la votación, recordando la metáfora de la bicicleta fija usada por Santos. “Queremos nuevas maneras más efectivas de implementar el régimen global. Seguir haciendo más de lo mismo no nos lleva a ninguna parte”.
Pero aún está por verse cómo se concretarán esos cambios. Estados Unidos, Rusia y Argentina votaron en contra de la resolución. Tras su adopción, el encargado de negocios de Estados Unidos, Howard Solomon, expresó su disconformidad con la manera en que podría desarrollarse esta reforma.
“Estados Unidos pidió una votación y votó en contra de esta resolución porque creemos que cualquier discusión sobre el fortalecimiento del marco internacional de control de drogas debe mantenerse dentro de la Comisión de Estupefacientes”, dijo Solomon, defendiendo el statu quo.
El panel, agregó, “desplazará el debate fuera de Viena, introduciendo un proceso más politizado que socavará el enfoque técnico de este organismo, la Comisión de Estupefacientes. Si bien Estados Unidos reconoce la necesidad de mejorar los esfuerzos de control de drogas, seguimos convencidos de que la CND es el foro adecuado para estas discusiones, garantizando que las reformas estén guiadas por la experiencia, no por las dinámicas políticas”.
Estados Unidos: un giro de 180 grados
Durante la CND de 2024, Estados Unidos desempeñó un papel muy distinto. Aceptó las nuevas normas de votación e incluso fue el país que propuso la resolución que incluía la frase “reducción de daños”.
La postura estadounidense estaba directamente relacionada con el aumento histórico de muertes por sobredosis de opioides en su territorio. Esa preocupación persiste, al menos nominalmente. Sin embargo, en la sesión plenaria de 2025, Estados Unidos se aisló, votando en contra de casi todas las resoluciones por su oposición a expresiones en los textos de género neutro e inclusivas, y referencias al cambio climático.
En cuanto a la resolución de Colombia, Estados Unidos fue más allá. Alertó sobre una posible intromisión política de “grupos no gubernamentales con agendas políticas” y sugirió trabas burocráticas antes de ejercer su poder financiero.
“Dada la crisis de liquidez de la ONU y las restricciones presupuestarias… debemos preguntarnos: ¿Cuánto costará este esfuerzo?”, cuestionó Solomon.
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La amenaza velada se dio en un contexto más amplio de tensiones en el organismo multilateral. Desde la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero, Estados Unidos se ha retirado de acuerdos internacionales en materia de salud, clima y economía. El régimen internacional de drogas podría ser el próximo en la lista si se promueven cambios significativos.
En ese sentido, Estados Unidos ya ha retirado poco más de una cuarta parte de su financiamiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), que actúa como secretaría de la CND. Y, en una declaración contundente al inicio de la reunión, el representante estadounidense Cartwright Weiland acusó a China, México e India de facilitar el tráfico de fentanilo ilícito.
“Tenemos que ser implacables cuando las preguntas que enfrentamos son existenciales: ¿los Estados nacionales aún tienen la capacidad de controlar las sustancias peligrosas que han creado?”, dijo el 10 de marzo.
Expertos consultados por InSight Crime señalaron que es poco probable que Estados Unidos se retire por completo. El régimen prohibicionista sigue siendo un pilar de su política antidrogas, y apoyarlo resulta relativamente barato, incluso en medio de la agitación económica global provocada por las políticas arancelarias de Trump. Además, si el panel creado por la resolución colombiana busca alterar significativamente las convenciones, el resultado podría ser contraproducente y desembocar en un régimen aún más draconiano.
“Todo el mundo se queja de los textos legales internacionales”, dijo Khalid Tinasti, experto en Políticas de Drogas y académico del Centro de Conflicto, Desarrollo y Consolidación de la Paz del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra. “[Pero] serían mucho peores si se negociaran hoy”.
Por lo pronto, al menos durante los próximos cuatro años, las líneas de batalla están trazadas. Colombia y otros 29 países buscan cambiar el statu quo, mientras que Estados Unidos −aunque lo está desmantelando en otros ámbitos− busca mantenerlo intacto.
“Están enviando un mensaje”, dijo Cecilia Farfán-Méndez, investigadora de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). “Desde una perspectiva histórica, están diciendo que países como Colombia no solo recibirán órdenes sobre cómo actuar en el sistema internacional de control, sino que también propondrán caminos alternativos sobre cómo debería funcionar”.
Imagen principal: Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Viena, 10 de marzo de 2025. Crédito: Naciones Unidas.
*Corrección: Una versión anterior de este artículo afirmaba erróneamente que Estados Unidos había retirado “la mayor parte” de su financiamiento a la UNODC. Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. dijo a InSight Crime: “El 20 de enero de 2025, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) tenía 202 cartas de entendimiento activas con la UNODC por un valor total de US$365,5 millones. A la fecha, contamos con 145 cartas de entendimiento activas con la UNODC, por un valor total de US$289,8 millones. Por lo tanto, hemos finalizado 57 cartas de entendimiento, es decir, solo el 28% de nuestro apoyo, lo cual ciertamente no consideraríamos como ‘la mayor parte de nuestro financiamiento’”.
