En el último año y medio dos homicidios han conmocionado a la ciudad de Cali en Colombia: el asesinato de un fiscal especializado de crimen organizado, y la misteriosa masacre de cinco jóvenes en un cultivo de caña de azúcar. Ahora, el fiscal a cargo de ambos casos ha sido arrestado y es acusado de participar en un esquema de soborno.
El fiscal Jorge Iván Ríos García fue acusado en marzo de recibir un soborno de 100 millones de pesos (unos US$28.000) por parte de un abogado defensor para evitar la detención de un expolicía (convertido en secuestrador), quien también era buscado por homicidio.
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, afirma que Ríos García hacía parte de una red de funcionarios corruptos al interior de la Fiscalía de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más grande de Colombia. Las acusaciones del caso Ríos García —que entre otras cosas señalan que él y otras personas de la Fiscalía de Cali tenían vínculos con un integrante de un cartel de drogas— han llevado a que los fiscales deban defenderse y han generado crisis en la institución.
En comunicación con InSight Crime, el abogado defensor de Ríos García, Luis Fernando Anchico Zamora, dijo que las acusaciones contra su cliente son “infundadas” y que desde el inicio de la investigación “él se ha declarado inocente de los cargos y así lo demostrará en un juicio”.
Por otra parte, las denuncias criminales contra Ríos García han llevado a funcionarios y abogados de la ciudad a pedir una revisión exhaustiva de las dos investigaciones principales a su cargo: el asesinato del fiscal especializado en crimen organizado de Cali, Alcibíades Libreros Varela, y la masacre de Llano Verde, en la cual fueron asesinados 5 jóvenes.
Los casos en cuestión
El 29 de diciembre de 2019, Libreros Varela, quien se desempeñaba como fiscal especializado de crimen organizado de Cali, recibió un disparo en la cabeza a plena luz del día, en el momento en que se encontraba en su vehículo esperando el cambio de un semáforo. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta.
Diversas fuentes cercanas a la investigación han señalado que Ríos García se había ofrecido para liderar la investigación sobre la muerte de su colega, cuyo caso fue declarado reducido a un simple robo y fue cerrado inmediatamente a principios de 2020.
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Poco después del asesinato, Ríos García dijo que no había pruebas de que la muerte del fiscal había sido un caso de sicariato o que tuviera algo que ver con su trabajo como fiscal de crimen organizado. Pero algunos de los colegas y familiares de Libreros Varela dicen lo contrario.
Un fiscal que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad dijo a InSight Crime que Ríos García trató de cerrar prematuramente la investigación sobre su colega, y que con frecuencia ejecutan asesinatos selectivos haciéndolos pasar por robos. La hermana de Libreros Varela, quien por mucho tiempo ha insistido en que el asesinato de su hermano no se trató de un atraco, dijo que el arresto de Ríos García se suma a las sospechas de su familia y que el caso debe reabrirse.
“De llegar a ser cierto que el fiscal Ríos estuviera involucrado en este hecho de corrupción, sería lamentable que la investigación sobre el asesinato de mi hermano […] estuviera en sus manos”, dijo Carmenza Libreros, hermana de la víctima, en una declaración en video tras conocerse la noticia de los cargos contra Ríos García.
“Sembraría aún más dudas sobre por qué la investigación no avanzó y no ha avanzado”, afirma en el video.
Ríos García también estaba al frente del caso de la masacre de Llano Verde, en la que cinco adolescentes afrocolombianos fueron asesinados a tiros en un cañaduzal de Cali en agosto de 2020. A finales de ese mes, dos hombres fueron arrestados en relación con el caso y un tercero fue aprehendido en enero de 2021.
Los fiscales han dicho que los tres hombres que custodiaban el sembrado mataron a los muchachos cuando entraron sin permiso para comer caña de azúcar. Sin embargo, el concejal municipal Roberto Rodríguez, así como periodistas independientes y medios de comunicación, también han señalado inconsistencias y vacíos en la investigación.
El abogado defensor de Ríos García afirma que la trayectoria de su cliente al interior de la Fiscalía General “ha sido intachable [y que él] ha tenido significativos reconocimientos por parte del aparato judicial”.
El dedo acusador
Adicionalmente, el caso Ríos García ha llevado al escrutinio de todo el aparato fiscal de Cali, ya que varios de sus colegas también están en la mira.
Su caso se deriva de un soborno que supuestamente le aceptó al abogado defensor Héctor Alirio Rojas Cruz en diciembre de 2019 para interferir en la detención del expolicía Juan David Rengifo Mendoza, un secuestrador confeso.
A pesar del soborno, Rengifo Mendoza fue arrestado, escapó de la custodia y fue capturado nuevamente en enero de 2020. Fue durante su interrogatorio cuando comenzaron las acusaciones.
En febrero de 2021, Caracol radio informó que Ríos García fue uno de los fiscales en Cali señalado por el acusado de tener vínculos con Jair Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino”, un sicario que trabajaba para el Cartel del Norte del Valle y fue deportado de Estados Unidos a Colombia en 2019.
El abogado defensor Anchico sostiene que las acusaciones contra Ríos García “carecen de respaldo probatorio” en relación a los delitos que se le imputan y que “no existe ninguna conexión” entre Ríos García y alias Mueble Fino.
“La captura de mi cliente obedece a una investigación precaria y precipitada por parte de la misma fiscalía”, dijo Anchico a InSight Crime.
Rengifo supuestamente también nombró a otros dos importantes fiscales de Cali: Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre. Acusó a estos dos de presionarlo para incriminar a otro fiscal, a cambio de tratos preferenciales.
Nieto Salazar ha negado todas las acusaciones. En una detallada carta dirigida a los fiscales del caso, a la que InSight Crime tuvo acceso, se refirió a Rengifo como un “falso testigo” que hacía parte de un plan para tomar represalias en su contra debido a que ella tuvo que ver con su primer arresto en 2016.
En la misma carta, y en conversación con InSight Crime, Nieto Salazar es enfática en las contradicciones del testimonio de Rengifo Mendoza. Asegura que su larga carrera como fiscal, y su papel determinante en el arresto inicial de Rengifo, son pruebas suficientes de que las acusaciones en su contra carecen de veracidad.
Si bien la fiscal dijo a InSight Crime que no hay pruebas de la existencia de un grupo de fiscales corruptos de Cali que trabajasen para Mueble Fino, sí ha levantado acusaciones de mala conducta contra otros fiscales y policías.
Nieto Salazar será trasladada a Arauca, y su colega, Iván Aguirre, quien sostiene igualmente que es inocente, ha sido transferido a Guaviare mientras se adelantan las investigaciones.
“No son corruptibles una sola vez”
El abogado defensor de Rengifo, Omar J. C. Suárez, sostiene, como dijo en comunicación con InSight Crime, que al interior del aparato judicial de Cali existe una estructura criminal y que el testimonio de su cliente implica a más de 80 personas.
Dice además que tanto él como su cliente han recibido amenazas de muerte relacionadas con el caso.
Elmer Montaña, exfiscal de Cali que actualmente es abogado defensor de la familia de una de las víctimas de Llano Verde, dice que no le sorprendería que surgieran nuevas revelaciones de fiscales que aceptan sobornos a cambio de controlar el alcance de las investigaciones.
“Se ve fiscales que se enriquecen de la noche a la mañana en maneras que no corresponden a los salarios”, afirma.
Agrega que, a raíz del arresto de Ríos García, la Fiscalía General debería revisar todos los casos que estuvieron a su cargo en años recientes, y que los funcionarios como él “no son corruptibles una sola vez”.