Los activistas ambientales y las comunidades indígenas de la Amazonía esperan el veredicto del emblemático caso de los asesinatos de Saweto, en el que una década de  búsqueda de justicia se ha convertido en una prueba de fuego de la impunidad que rodea a los delitos ambientales en Perú.

Después de cuatro meses de audiencias, el nuevo juicio en el caso de los asesinatos en 2014 de los líderes indígenas asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo está llegando a sus etapas finales, y se espera un veredicto el 11 de abril.

Los acusados, los presuntos madereros ilegales Eurico Mapes Gómez y Segundo y Josimar Atachi Félix, y los empresarios madereros José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en 2023 habían sido condenados una vez, con penas de 28 años por los asesinatos. Sin embargo, apenas unos meses después la condena fue revocada de forma controvertida por un tecnicismo.

En la década transcurrida desde los asesinatos de Saweto, la violencia contra quienes defienden la Amazonía de Perú se ha vuelto cada vez más común. Y para quienes están en la mira, el caso ya no se trata solo de justicia, sino también de sí el Estado tiene la voluntad y es capaz de actuar contra los actores que intentan acabar con la resistencia a los delitos ambientales.

“No han matado a cualquier persona, ellos han matado a los líderes. Lo que trataban era silenciar estas denuncias para que ellos pudieran seguir cometiendo estos actos de tala ilegal”, dijo a InSight Crime Yusen Caraza, el abogado que representa a las viudas de las víctimas en el caso. “El impacto es ese, silenciar a los líderes indígenas, defensores de derechos ambientales, de derechos humanos”.

La madera sangrienta

Chota, Quintisima, Ríos y Pinedo emprendieron su último viaje por un remoto sendero de la selva amazónica el 1 de septiembre de 2014. Iban camino a reunirse con líderes indígenas de la comunidad asháninka de Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre, para hablar sobre la tala ilegal que estaba arrasando sus territorios ancestrales. Pero los cuatro hombres no llegaron a su destino.

Chota y Quintisima fueron encontrados a seis horas de su pueblo, días después de su desaparición. Testigos describieron cómo los buitres habían comenzado a alimentarse de sus cuerpos mutilados, mientras que las autoridades descubrieron partes de cuerpos quemados: un fémur, una tibia y partes de un pie. Los cuerpos de Ríos y Pinedo nunca fueron recuperados.

Los cuatro hombres eran líderes comunitarios de la comunidad Alto Tamaya-Saweto en el estado de Ucayali, una región selvática que bordea Brasil y un punto caliente del comercio ilegal de madera en Perú. Chota en particular había asumido el papel protagónico en denunciar la tala ilegal. Presentó su primera denuncia oficial contra madereros ilegales en febrero de 2008, cuando informó que el brasileño Mapes Gómez y los hermanos Atachi Félix estaban talando madera ilegalmente en las tierras de su comunidad.

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La denuncia de Chota fue recibida con indiferencia por parte de las autoridades, pero enfureció a los madereros, iniciando una disputa que, según el primer veredicto en el caso, terminaría con su muerte seis años después. Mientras continuaba denunciando la tala ilegal, Chota comenzó a recibir amenazas de muerte y eventualmente tuvo que huir de su hogar y buscar refugio en una comunidad asháninka del lado brasileño de la frontera.

Aun así, Chota estaba decidido, y en 2013 llevo a cabo su propia investigación. Él y otros líderes de la comunidad siguieron la ruta fluvial de la madera talada ilegalmente hasta la capital de Ucayali, la ciudad portuaria amazónica de Pucallpa, donde la vieron ingresar a un aserradero. Chota volvió a presentar una denuncia y esta vez los fiscales respondieron, y abrieron una investigación sobre el envío y las empresas detrás de este.

El dueño de la madera, Hugo Soria Flores, confrontó a Chota y Ríos después de que la madera fuera incautada.

«Un Sawetino va a morir», les dijo Soria Flores, según otra denuncia presentada más tarde por Chota.

Tras las amenazas, Chota solicitó «garantías de seguridad personal» para sí mismo y otros líderes de la comunidad al gobierno regional de Ucayali. Pero los funcionarios no actuaron sobre el pedido y, poco más de un año después, él y sus compañeros estaban muertos.

En busca de justicia

El asesinato de los cuatro líderes indígenas atrajo atención global, ya que el caso fue ampliamente cubierto por medios internacionales y condenado por grupos ambientalistas de todo el mundo. Los grupos indígenas y ambientales lo presentaron como un ejemplo de los ataques que enfrentan quienes se resisten al crimen organizado en la Amazonía. Según la organización no gubernamental Global Witness, desde entonces, Perú ha surgido como uno de los 10 países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales, con 42 activistas asesinados entre 2014 y 2022, la mayoría en la región amazónica.

Fue poco el progreso en la investigación de los asesinatos hasta 2018, cuando un abogado que representaba a las familias de las víctimas presentó una denuncia ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público sobre el manejo del caso. La denuncia resultó en la remoción del fiscal asignado, y su reemplazo pronto impulsó el caso.

Finalmente, en junio de 2022, Mapes Gómez y los hermanos Atachi Félix, los mismos madereros que Chota había denunciado en 2008, fueron acusados de cometer el asesinato, mientras que Estrada Huayta y Soria Flores, cuya madera fue incautada como resultado de las denuncias de Chota, fueron acusados como los autores intelectuales del crimen.

El juicio duró casi ocho meses, cuando, en febrero de 2023, el tribunal penal de Ucayali declaró culpables a los cinco sospechosos y los sentenció a 28 años y tres meses de prisión. Sin embargo, solo seis meses después, las sentencias fueron revocadas en apelación porque la sentencia había incluido pruebas de un testigo cuyo testimonio no se había incorporado correctamente al expediente.

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El nuevo juicio comenzó con la noticia de que Mapes Gómez y Josimar Atachi Félix se habían fugado, lo que llevó a las autoridades a emitir órdenes de arresto.

Sin embargo, la fiscalía obtuvo una victoria clave cuando el tribunal decidió permitir el testimonio de un testigo protegido que no se había incluido en el primer juicio.

El testigo, que declaró por videoconferencia con la cámara apagada y con la voz distorsionada, describió cómo había escuchado a los acusados discutir sus planes para matar a Chota y sus compañeros poco antes de los asesinatos. Según su testimonio, los acusados se enteraron de que Chota y los demás se dirigían a la selva, lo que vieron como una oportunidad.

«Dijeron que eran unos miserables hijos de puta, chismosos y bocones y que esta era una oportunidad para matarlos. Entonces don Estrada dijo: ‘Si me traen sus cabezas en bandeja de plata, les pagaré'», declaró, refiriéndose al presunto dueño de la madera incautada.

El testigo agregó que luego de terminar el trabajo, los acusados fueron a tomarse unos tragos en un bar local. Allí, dijo, describieron cómo habían golpeado, torturado y abusado sexualmente de las víctimas antes de finalmente matarlas.

“Me dolió escuchar a esas personas [hablar sobre] lo que hicieron. Totalmente sin recelo de nada, sin tener pena ni sentimiento”, declaró.

Sentar un precedente

La incorporación del testigo protegido ha dado un nuevo impulso al caso de la fiscalía, según Caraza. Sin embargo, agregó, la década de lucha ha pasado factura en la fe de las viudas en el sistema judicial peruano.

“Ellas están con un impacto psicológico bastante importante. No creen en la justicia. El solo hecho de caminar casi diez años hace pues que ellas tengan ese temor de que no va a ser”, afirmó.

Para los activistas ambientales, la importancia del veredicto va más allá de la justicia para las familias y las comunidades. El caso Saweto puede ser uno de muchos de la creciente cantidad de asesinatos en la Amazonía peruana, pero pocos, si es que hay alguno, han recibido los mismos niveles de atención internacional. Además, las familias han podido llevar adelante el caso en gran parte gracias a la asistencia logística y financiera proporcionada por organizaciones no gubernamentales como la coalición detrás de la campaña «Justicia para Saweto».

Si no hay justicia con ese respaldo, entonces hay poca esperanza para quienes no lo tienen, según Silvana Baldovino Beas, directora del programa de biodiversidad y pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

“Ahí tienes un punto de partida más crítico. Saweto, con todo y los ocho años de retroceso y demás, el caso vuelve a iniciar. Este nuevo inicio se da porque tienen apoyo, bien sea de sociedad civil, cooperación o aliados, porque si no fuera así, no iniciaría de nuevo y todo quedaría en el olvido”, afirmó.

Ese soporte ha creado una oportunidad para aquellos que buscan acabar con la impunidad que durante mucho tiempo han disfrutado los poderosos intereses políticos, empresariales y criminales detrás de los delitos ambientales en Perú, pero, agregó Baldovino, su esperanza en el caso se ve atenuada por el miedo y la creciente corrupción.

“El éxito para las familias del caso Saweto sería un gran precedente para nosotros, pero sería un muy mal precedente para ellos y, para ser honesta, tengo muchas dudas de que esto suceda, pero espero sinceramente equivocarme”, afirmó.

Imagen principal: Las viudas de las víctimas del asesinato de Saweto caminan detrás de una pancarta durante la Conferencia sobre Cambio Climático de 2014 en Lima, Perú. Crédito: Foto AP/Martín Mejía