La importancia de El Salvador como actor en el tráfico de narcóticos es relativamente pequeña, pero no deja de crecer. El país es utilizado como punto de recepción y almacenamiento de drogas a lo largo de la costa Pacífica. También es un puente entre la Carretera Panamericana, el Golfo de Fonseca y algunas carreteras que desde Honduras cruzan áreas relativamente despobladas. Además, el país es el centro de operaciones más importante en Centroamérica de las dos pandillas más conocidas de la región: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que en conjunto suman en sus filas unos 60.000 integrantes en El Salvador.
Geografía
Por su pequeña extensión, la densidad poblacional relativamente alta de El Salvador y su terreno montañoso impiden a los traficantes transportar mercancías por vía aérea. Sin embargo, el país posee rutas de trasiego terrestre que se han usado durante décadas para la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas y, más recientemente, el trasiego de sustancias ilícitas. La porosidad de las fronteras con sus vecinos Honduras y Guatemala favorece el paso de mercancías ilegales por el territorio. Adicionalmente, su corto litoral brinda a los traficantes numerosos lugares de descarga y recarga de drogas en menores cantidades para su recorrido hasta el norte o para la venta y distribución en el mercado interno de drogas.
Historia
Tras más de una década de guerra civil en la que más de 75.000 personas perdieron la vida, el gobierno salvadoreño y las guerrillas de izquierda firmaron un acuerdo de paz en 1992. Esos acuerdos fueron aplaudidos como un gran logro por la comunidad internacional, en especial los esfuerzos por crear una fuerza de policía integrada que incluyera a miembros de la coalición insurgente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero el fin de la guerra no significó el fin de la violencia en El Salvador. En lugar de eso, los acuerdos dieron paso a un nuevo tipo de conflicto, que ha derivado en turbulencia social y política que amenaza con echar por tierra el logro que alguna vez representaron los acuerdos.
Grupos criminales
La primera fase de esta ola criminal posterior a la guerra involucró a exmilitares y excombatientes. Muchos exguerrilleros, por ejemplo, se mantuvieron al margen de los acuerdos, nunca entregaron sus armas y no se reinsertaron a la vida civil, creando sus propias empresas criminales, como el robo de vehículos, el secuestro y el tráfico de personas.
La segunda fase se dio con la aparición de las pandillas callejeras, llamadas comúnmente “maras”. En El Salvador hay dos pandillas principales: la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18, las cuales atraen a sus filas a los jóvenes de entornos urbanos pobres. Estas organizaciones también han crecido como resultado de problemáticas sociales, como la marginación, la falta de acceso a servicios básicos y a oportunidades educativas, y la disfuncionalidad familiar. Asimismo, las pandillas imitaron las bandas callejeras de Estados Unidos, tras la repatriación de los pandilleros de dicho país. La cultura de violencia que precedió a su surgimiento, y el acceso a las armas que quedaron de las guerras civiles en la región, propiciaron los asesinatos por parte de las pandillas.
Ante la amenaza que representan las pandillas, el Estado respondió inicialmente con un enfoque de mano dura. Esta estrategia, sin embargo, no produjo los resultados esperados, y por el contrario sirvió para marginalizar aún más a la juventud del país, estimular el reclutamiento en las pandillas y duplicar la población carcelaria. Las maras han construido centros operativos seguros dentro de los muros de las prisiones, donde pueden llevar a cabo sus acciones criminales sin temor a la ley o a las pandillas rivales.
Las pandillas se dedican sobre todo a la extorsión, el secuestro y la venta de drogas a nivel local, lo cual incluye crack, cocaína, anfetaminas y marihuana, especialmente en los barrios pobres. También han sido contratadas por grandes organizaciones criminales para cometer asesinatos u otras tareas específicas, y hay ciertos indicios de que las pandillas están buscando expandir su actividad a la distribución a gran escala y al tráfico internacional.
En marzo de 2012, el gobierno salvadoreño y la Iglesia pactaron una tregua en secreto entre las pandillas Barrio 18 y MS13, mediante la cual se ofrecían concesiones a los líderes de las pandillas en prisión a cambio de que redujeran la violencia. Como parte de la tregua, el gobierno implementó “zonas de paz”, o áreas donde las pandillas se comprometían a detener la actividad criminal y el gobierno prometía retirar al ejército. Tras su implementación, la tregua condujo a un descenso en la tasa de homicidios, pero la violencia comenzó a aumentar de nuevo en 2014 después de que la tregua comenzó a desmoronarse. Pero muchos cuestionaron la efectividad de la tregua, y hubo quién lanzó la teoría de que la tasa de homicidios era artificialmente baja, porque las pandillas estaban “desapareciendo” a las víctimas.
La experiencia de la tregua suscitó el debate sobre la naturaleza de las pandillas. Específicamente, había temores de que la tregua les permitiera a las pandillas cohesionarse y sofisticarse aún más. De hecho, ha habido reportes de encuentros entre líderes de las pandillas y organizaciones criminales mexicanas —como Los Zetas— que podrían indicar un paso hacia el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, los agentes de seguridad consideran que, en general, las pandillas no tienen la disciplina ni la sofisticación para ser aliados confiables de dichas organizaciones.
La disolución de la tregua contribuyó a una escalada de los niveles de violencia en El Salvador. En particular, durante 2015, las pandillas arreciaron los ataques contra las fuerzas de seguridad salvadoreñas, lo que fue considerado por algunos observadores como una forma de presionar al gobierno para que reanudara las negociaciones de la tregua y diera ciertas concesiones a las pandillas. La violencia entre las pandillas y al interior de las mismas también arreció, y para finales de 2015 El Salvador tenía una tasa de homicidios de más de 100 por 100.000 habitantes —la más alta del mundo—. La violencia, sin embargo, bajó y se estabilizó entre 2016 y comienzos de 2017.
El presidente Nayib Bukele asumió el cargo en junio de 2019, con la promesa de reducir la violencia y aumentar la seguridad. Durante la administración de Bukele, la tasa de homicidios de El Salvador ha bajado de 51 por 100.000 en 2018 a 36 por 100.000 en 2019. En 2020 se situó en 20 por 100.000 habitantes —la tasa más baja en la historia reciente—. Dicha administración atribuye la radical reducción de las muertes violentas al plan de seguridad bandera del gobierno, el llamado Plan Control Territorial, un programa de siete puntos muy similar a las políticas de mano dura de administraciones anteriores.
Pero la naturaleza inédita de la reducción también ha suscitado rumores de algún nuevo tipo de acuerdo entre el gobierno y las pandillas en El Salvador. Eso se confirmó cuando, en septiembre de 2020, la revista salvadoreña El Faro publicó una investigación que documentaba cómo algunos funcionarios de gobierno se habían entrevistado con líderes de pandillas en prisión por lo menos desde octubre de 2019, con el fin de mitigar la violencia de pandillas. Algunos de los funcionarios que participaron en los presuntos diálogos también trabajaron con Nayib Bukele cuando este fue alcalde de San Salvador y su administración municipal negoció con las pandillas como parte de sus intentos por renovar el Centro Histórico de la ciudad.
En El Salvador también existen los llamados grupos de “transportistas”, que tienen sus orígenes en el transporte de contrabando entre las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala durante la guerra civil. Estos continúan usando estas rutas para traficar migrantes, contrabando, productos piratas, químicos precursores y drogas ilegales.
Estas redes de transportistas operan muchas veces con ayuda de policías, militares y funcionarios fronterizos corruptos. Dos de las principales redes de transportistas de El Salvador son Los Perrones y el Cartel de Texis. Aunque estos transportistas no tienen nexos con ninguna organización narcotraficante en especial, sus servicios se ofrecen a estructuras colombianas y mexicanas, incluidos carteles poderosos como los de Sinaloa y Los Zetas. Mientras que los transportistas son responsables de los cargamentos de narcóticos que transitan por El Salvador, las pandillas son responsables de gran parte de los delitos violentos en el país.
Fuerzas de seguridad
El Salvador cuenta en sus fuerzas armadas con unos 25.000 agentes activos, y la Policía Nacional Civil (PNC) tiene otros 23.000 agentes. Ser oficial de policía en El Salvador es un trabajo muy peligroso, y los agentes generalmente ganan menos de US$500 al mes. En septiembre de 2019, el presidente Bukele anunció que todos los agentes de policía recibirían un incremento salarial de US$100, efectivo en 2020.
En 2014, las fuerzas de seguridad se convirtieron en blanco de los ataques de los pandilleros, lo que generó deserciones al interior de la PNC. Para suplir la reducción en el número de efectivos, así como la falta de recursos, El Salvador suele recurrir al ejército para que ayude en las funciones de la PNC. En 2019, por ejemplo, el gobierno desplegó 3.000 efectivos en un intento por recuperar territorios en municipios afectados por las pandillas, como parte del Plan Control Territorial de Bukele. Con el aumento de la violencia en El Salvador, ha habido indicios de que la policía y elementos del ejército realizan ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.
Sistema judicial
La inseguridad general en El Salvador se ve exacerbada por un débil sistema judicial que promueve la impunidad. De hecho, la mayor parte de los crímenes queda sin resolver, y los sospechosos pueden pasar años tras las rejas antes de enfrentar un juicio.
La corrupción al interior del sistema judicial de El Salvador es otro serio problema. Es común que agentes de policía resulten implicados en actividades criminales, ya sea como actores o como cómplices, y las armas de fuego de las reservas del gobierno aparecen regularmente en el mercado negro o en manos de los criminales. Se ha descubierto además a muchos jueces que reciben coimas de grupos criminales a cambio de favoritismo. A muchos funcionarios no les queda otra opción que cooperar con los criminales debido a amenazas de muerte u otras formas de intimidación. Además, el proceso de selección de magistrados designados para la Corte Suprema se ha visto obstruido por congresistas con vínculos con corrupción y crimen organizado.
Ha habido cierta presión de la comunidad internacional para que El Salvador establezca un organismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo apoyado por las Naciones Unidas, con el fin de compensar sus deficiencias judiciales. Con ese fin, el presidente Nayib Bukele fundó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un ente similar a la CICIG que cuenta con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hasta el momento, se han conocido muy pocos detalles sobre cómo será el funcionamiento de la CICIES en la práctica y no es claro cómo tendrá independencia de la Fiscalía General. Antes de la conformación de la CICIES, el gobierno de El Salvador se había negado a crear dicha comisión, aunque sí creó una unidad especial contra la impunidad en la Fiscalía General.
El débil sistema judicial de El Salvador también ha contribuido al fenómeno de los escuadrones de la muerte, y ha habido casos de ciudadanos (y posiblemente de policías) que realizan «limpieza social» de criminales y otras personas consideradas indeseables.
Prisiones
Es evidente la falta de recursos, la peligrosidad y el hacinamiento de las cárceles de El Salvador. Años de duras legislaciones contra las pandillas han llenado los centros penitenciarios del país, que a junio de 2018 se encontraban en poco más de la tercera parte de su capacidad, según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios (International Centre for Prison Studies). Este hacinamiento se ha visto agravado por el uso de la detención preventiva, que puede llevar a que los sospechosos permanezcan en las cárceles durante meses, o incluso años, antes de su primera audiencia con un juez.
Las cárceles de El Salvador se han dividido sobre todo por pandillas, enviando miembros de las diversas pandillas a cárceles diferentes. Esta práctica ha permitido que MS13 y Barrio 18 establezcan un dominio absoluto en las prisiones que controlan, lo cual las ha convertido en centros de reclutamiento, operaciones criminales y consolidación de las pandillas —en muchos sentidos, cuarteles de facto de las pandillas—. Esto se facilita por el insuficiente personal y la falta de recursos de las instalaciones, lo que implica que la función de los guardias de las prisiones por lo general queda relegada a hacer guardia en los muros de las prisiones y dejar a los internos el control de la vida cotidiana de las mismas.
La dinámica entre los líderes encarcelados y los miembros de las pandillas que permanecen en las calles es crucial para entender el fenómeno de las pandillas en El Salvador. Los pandilleros libres deben proveer suministros y dinero a aquellos que están tras las rejas, y con frecuencia los líderes pandilleros encarcelados dirigen actividades criminales en las calles mediante teléfonos celulares y mensajeros. Esta relación simbiótica se basa en parte en la lógica según la cual todos los miembros de la pandilla deberán, en un momento u otro, pasar tiempo en la cárcel y, una vez allí, tendrán la protección de la pandilla para sobrevivir —una forma de «seguro carcelario»—. Los dirigentes de MS13 y Barrio 18 han estado tradicionalmente recluidos en cárceles de máxima seguridad, como la conocida cárcel de Zacatecoluca, a la que también llaman «Zacatraz».
Aunque la política oficial de segregación de las pandillas se derogó en 2015, la gran mayoría de los integrantes de la MS13 y Barrio 18 se han mantenido aparte, separados en sectores distintos en las prisiones que albergan a pandilleros. En abril de 2020, el presidente Bukele fue más lejos, al poner a miembros de la MS13 y Barrio 18 en celdas comunes, aunque esta no es una política oficial. Tampoco es claro en cuántas prisiones se ha mezclado a miembros de las distintas pandillas en las mismas celdas.