Durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio una convergencia sin precedentes entre los temas de migración y el crimen organizado transnacional, tanto en la retórica como en el diseño de políticas y estrategias de aplicación de la ley. En los primeros seis meses de su mandato, se lanzaron iniciativas como “Take Back America” (“Recuperar América”), que combinaron el control migratorio con acciones contra el crimen organizado transnacional, y se pusieron en marcha campañas de deportación masiva que, según funcionarios, priorizaban a presuntos integrantes de redes de tráfico y bandas criminales con raíces en América Latina, como la Mara Salvatrucha (MS13) y el Tren de Aragua de Venezuela.

Para entender cómo se ha desarrollado esta estrategia en Estados Unidos, InSight Crime habló con Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (U.S. Immigration and Naturalization Service, INS) e investigadora principal del Migration Policy Institute, un centro de investigación independiente especializado en políticas de migración e integración.

InSight Crime (IC): Hemos visto que la administración de Trump ha planteado la migración como un problema de seguridad pública vinculado al crimen organizado. ¿Cómo se ha traducido en términos de política pública?

Doris Meissner (DM): En las últimas semanas de campaña electoral, Trump se centró cada vez más en presentar la migración como una amenaza para la seguridad nacional y el bienestar de los estadounidenses, y retrató la criminalidad entre los migrantes con una visión excesivamente generalizada. Es cierto que hay una dimensión criminal en la migración, pero él mezcla la criminalidad de carteles y bandas con personas que han vivido en Estados Unidos y pueden haber cometido delitos aquí, pero que no forman parte de ninguna conspiración internacional.

Al asumir la presidencia, reiteró que la deportación masiva sería una de sus prioridades. Ahora vemos cómo esa política se está implementando. Hay personas con antecedentes penales que han sido arrestadas y expulsadas, pero en cualquier mes, los datos muestran que la mitad —o incluso más— de quienes son deportados no tienen antecedentes criminales. A veces se trata del 60% sin antecedentes; otras, del 40 o 45%. Y muchos de los delitos cometidos no se acercan a la gravedad de pertenecer al Tren de Aragua o a la MS13. En general, nuestras investigaciones muestran que los migrantes cometen delitos en menor proporción que los ciudadanos estadounidenses, y dentro de ese grupo, son aún menos los que realmente pertenecen a pandillas o carteles. Eso no quiere decir que se deba subestimar la peligrosidad o crueldad de algunos grupos, pero no representan al conjunto de la población migrante, ni siquiera a la mayoría de las personas deportadas.

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IC: El gobierno ha dicho que aumentaron los arrestos y deportaciones de miembros de pandillas. ¿Eso se refleja en las estadísticas?

DM: No, las cifras no se desglosan de esa manera. A veces hay comunicados sobre operativos específicos, pero en términos generales no sabemos cuántos de los considerados “criminales” son efectivamente pandilleros. Además, está el debate sobre qué define a alguien como miembro de una pandilla. Incluso cuando informan sobre detenciones de supuestos pandilleros, surgen dudas sobre los criterios que se usaron para clasificarlos así.

IC: Tampoco parece haber mecanismos para apelar o cuestionar esa clasificación. ¿Esto es nuevo o específico de esta administración?

DM: Es una diferencia significativa, y está relacionada con esta idea de devolver a las personas a las cárceles de otros países. En el pasado, cuando se deportaban personas peligrosas, la preocupación era que su país de origen las liberara sin mayor seguimiento. Eran casos aislados. En cambio, ahora hay una gran exposición mediática y un esfuerzo por usar estas deportaciones —sobre todo a El Salvador y lugares como el CECOT [Centro de Confinamiento del Terrorismo, adonde fueron enviados migrantes venezolanos acusados de integrar el Tren de Aragua]— para infundir miedo en las comunidades migrantes e incentivar la autodeportación. Y eso forma parte de los objetivos políticos de esta estrategia.

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IC: Otra diferencia parece ser la participación de agencias que usualmente investigan el crimen organizado, pero ahora están involucradas en funciones migratorias. ¿Eso tiene precedentes?

DM: En gobiernos anteriores hubo colaboración interagencial, pero era a través de grupos de trabajo conjuntos para investigar conspiraciones complejas, no operativos callejeros. Esos casos requerían años de trabajo y coordinación entre varias agencias federales especializadas. La cooperación entre agencias no es nueva, pero lo que vemos ahora sí lo es: agentes no capacitados en leyes migratorias realizando operativos en la calle.

IC: ¿Involucrar a esas agencias en tareas migratorias no compromete su capacidad para llevar a cabo investigaciones más complejas y a largo plazo?

DM: Me parece que sí. La presión está puesta en generar números. Solo hay que ver el caso de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]. ICE se divide entre ERO (Operaciones de Detención y Deportación) y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional). HSI es la unidad encargada de construir casos más profundos. No sabemos cuántos de sus agentes han sido reasignados a tareas de calle, pero es probable que algunos lo hayan sido. El objetivo es inflar las cifras, no abordar las causas profundas de estas actividades criminales.

IC: Históricamente, la evolución de grupos criminales ha estado vinculada a ciclos de migración y deportación. ¿Se está considerando ese efecto retroalimentador en las estrategias actuales?

DM: Es un fenómeno preocupante. Mucha de la actividad de bandas salvadoreñas, por ejemplo, se remonta a las décadas de 1980 y 1990, cuando muchos salvadoreños fueron deportados desde Los Ángeles y el sur de California. Esos deportados sentaron las bases de organizaciones criminales transnacionales que hoy están plenamente desarrolladas. El argumento de la administración de Trump es que ahora se devuelve a las personas a “terceros países” donde no tienen redes ni conexiones. Pero no creo que esa sea la verdadera razón. Más bien, es una táctica para generar miedo e incentivar la autodeportación.

Imagen principal: Vuelo de deportación de migrantes de Estados Unidos, 24-1-2025. Crédito: Gobierno de Estados Unidos / Wikimedia Commons.