La decisión de la administración Trump de devolver a un alto líder pandillero que enfrenta cargos de terrorismo a El Salvador como parte de un plan controversial de deportar a cientos de ciudadanos venezolanos, podría constituir una señal política que implicaría ceder en su histórica ofensiva contra la MS13 a favor de las deportaciones masivas.
El 15 de marzo pasado, César Humberto López Larios, alias “Greñas”, exlíder de la MS13, fue trasladado en avión a El Salvador junto con otros presuntos miembros de la banda salvadoreña y más de 200 venezolanos acusados por las autoridades estadounidenses de pertenecer al Tren de Aragua.
López Larios es uno de los 14 miembros de la banda de líderes de la MS13 que fueron acusados de terrorismo en un caso histórico iniciado durante la primera administración de Trump. En ese momento, las autoridades sostuvieron que fue “la acusación más profunda y de mayor alcance” jamás alcanzada contra la pandilla.
Los vuelos de expulsión comenzaron después de que la administración Trump invocara una oscura ley de guerra del siglo XVIII para flexibilizar las restricciones a la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana, que recientemente fue declarada organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos junto a la MS13 y varios grupos criminales mexicanos.
El gobierno de El Salvador ha acordado alojar a los venezolanos deportados en una prisión de máxima seguridad por una suma que, según se informa, asciende a 6 millones de dólares, a pesar de que las propias autoridades estadounidenses han admitido que no tienen pruebas concluyentes de su pertenencia a las bandas. El intercambio también incluía el traslado de López Larios y 22 presuntos miembros de la MS13 buscados por las autoridades salvadoreñas.
La operación se produjo después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreciera públicamente alojar a criminales convictos de Estados Unidos a cambio de una retribución. En privado, también solicitó que la administración Trump devolviera a los principales líderes de la MS13 a El Salvador como parte del intercambio, según el embajador salvadoreño en Estados Unidos.
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Un video publicado por Bukele mostraba a López Larios con esposas siendo sacado de un avión y metido en un vehículo blindado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Una enorme caravana de seguridad transportó a los presuntos miembros de la MS13 y a los ciudadanos venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida para albergar a miembros de bandas salvadoreñas.
La expulsión de López Larios de suelo estadounidense obligó al Departamento de Justicia a retirar los cargos relacionados con terrorismo contra el líder de la banda. Los fiscales alegaron “motivos geopolíticos y de seguridad nacional” como justificación.
López Larios, un experimentado líder de la banda, fue deportado previamente de Estados Unidos a El Salvador en 2017. Más tarde escapó de prisión y huyó a México, donde se unió a las operaciones de la MS13 en suelo mexicano. Las autoridades lo detuvieron posteriormente en Chiapas en junio de 2024 y lo transfirieron a custodia estadounidense.
Análisis de InSight Crime
La decisión de desestimar los cargos contra López Larios va en contra del objetivo del gobierno de Estados Unidos de enjuiciar a los líderes de la MS13 en su territorio, un pilar de su lucha contra las pandillas transnacionales desde hace mucho tiempo.
Las autoridades estadounidenses han perseguido a los líderes fugitivos de la MS13 desde que el gobierno anunció su acusación durante la primera administración Trump. Esto incluyó la formación de una fuerza de tarea conjunta en 2019 entre el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La unidad fue encargada de “desbaratar, desmantelar y, en última instancia, destruir [a la] MS13”.
Durante el gobierno de Biden, el Departamento de Estado de Estados Unidos presionó a las autoridades salvadoreñas para que extraditaran a los principales líderes de la MS13 encarcelados en El Salvador y detuvo a una serie de personas implicadas en el caso de terrorismo.
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Pero el traslado de López Larios podría implicar que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a sacrificar partes de su investigación sobre la MS13 para facilitar las deportaciones masivas. Y también plantea interrogantes sobre si la administración Trump podría utilizar a los seis líderes de la MS13 que permanecen bajo custodia estadounidense como moneda de cambio para asegurar nuevas deportaciones a El Salvador.
Este tipo de intercambio le conviene a Bukele, cuyo gobierno se ha negado obstinadamente a extraditar a los líderes acusados de la MS13, muchos de los cuales estuvieron al tanto de conversaciones secretas con altos funcionarios de Bukele, en las que los pandilleros ofrecieron reducir la tasa de homicidios del país a cambio de beneficios carcelarios y protección contra la extradición, según los fiscales estadounidenses.
Esa lista incluye a Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, un líder pandillero al que las autoridades salvadoreñas liberaron de la cárcel. Posteriormente fue detenido en México y ahora está siendo juzgado en Nueva York. Los fiscales afirman que “desempeñó uno de los papeles más destacados en las negociaciones y acuerdos” de la MS13 con el gobierno salvadoreño.
Es casi seguro que el regreso de los líderes de la MS13 a El Salvador impida que salgan a la luz todos los detalles de esas negociaciones.
