El plan de la administración Trump para detener lel flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos podría facilitar de múltiples maneras los mismos delitos que pretende acabar.
Los partidarios del plan parecen estar siendo más emotivos que racionales al sostener que la orden del presidente Donald Trump de autorizar a la guardia fronteriza para que detenga y deporte a los indocumentados en Estados Unidos, y ampliar la capacidad policial del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus iniciales en inglés) permitirá desacelerar la propagación del crimen y las drogas, especialmente en lo que se refiere a la frontera suroeste con México.
Por ejemplo, en una entrevista en CNN, Paul Babeu, exalguacil de Pinal County, Arizona, repitió las falsas afirmaciones según las cuales los migrantes indocumentados han cometido miles de crímenes en Estados Unidos, y que el plan de Trump busca “restaurar el imperio de la ley”. Pero Robert Reich exsecretario de Asuntos Laborales y profesor en la Universidad de Harvard, señaló durante la misma entrevista que la migración está disminuyendo, al igual que el crimen, en Estados Unidos.
Además, los inmigrantes son menos propensos que los ciudadanos nacidos en el país a cometer delitos violentos o a ser encarcelados. Y la criminalidad a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos ha ido disminuyendo en los últimos años, incluso, según datos estatales, en Pinal County, donde Babeu fue alguacil.
Pero las razones para cuestionar esta medida van más allá de los datos. Imponer medidas de seguridad más fuertes podría efectivamente debilitar los esfuerzos para detener el crimen en ambos lados de la frontera. A continuación se presentan cinco maneras como esto podría suceder.
1. Pérdida de inteligencia. Aunque nos guste pensar que los avances tecnológicos, como las cámaras, los drones y los análisis forenses, ayudan a resolver los crímenes —y en efecto lo hacen—, los organismos de seguridad todavía recurren en gran medida a los testigos y a fuentes similares para entender la dinámica criminal, identificar patrones y evitar los crímenes antes de que ocurran. La medida de la administración Trump impide los esfuerzos para desarrollar estas fuentes. Usar policías locales para aumentar las redadas, como se ha propuesto, distanciará a los agentes policiales y a los fiscales de posibles testigos y otras fuentes.
La medida también impedirá la capacidad de los organismos de seguridad para reconstruir las historias de los crímenes o entender a profundidad los barrios donde hay grupos de migrantes indocumentados. Esto incluye casos que conducen a la identificación de comportamientos criminales, como la violencia doméstica y el abuso infantil, o ilustran una escalada del comportamiento criminal. La intervención temprana utilizando medidas moderadas, como los servicios sociales o el bienestar infantil, también se reducirá drásticamente, lo cual llevará a que los hijos de los inmigrantes sean más vulnerables a los abusos, y aumentará la probabilidad de que más tarde se involucren en actividades criminales.
2. Mayor demanda de servicios criminales. Entre más difícil sea cruzar la frontera, habrá mayor necesidad de ayuda profesional. Es por eso que los migrantes recurren a los traficantes profesionales conocidos como coyotes —quienes trabajan con organizaciones narcotraficantes grandes y violentas— para que les ayuden a cruzar. Esta situación seguirá aumentando si el gobierno estadounidense extrema las medidas de seguridad y amplía el muro fronterizo; así lo afirma Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de Texas Valle de Río Grande, y miembro del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.
“Esto definitivamente fortalecerá las redes criminales [de tráfico tanto de personas como de drogas] en el lado mexicano de la frontera”, nos dijo ella en un intercambio de correos electrónicos. “Las deportaciones masivas que se darán en el futuro cercano empeorarán las cosas, y éste será un gran negocio para los traficantes de migrantes, los cuales tienen vínculos cercanos con los carteles de la droga que operan en el noreste de México, particularmente a lo largo de la frontera de Tamaulipas con Texas.”
“Muchos intentarán regresar a Estados Unidos, y actualmente lo están haciendo, pagándoles a los traficantes de personas y a las Organizaciones Transnacionales Criminales de origen mexicano, para que los ayuden a regresar. A veces aceptan trabajar para dichas organizaciones e incursionar en el negocio del tráfico de personas, e incluso en el narcotráfico. Algunos de ellos no tienen los recursos, o las conexiones en México que se los proporcionen, para pagar las tarifas que cobran los carteles y los traficantes de migrantes. A veces se ven obligados a trabajar para los grupos que controlan estas actividades criminales en las diferentes plazas”.
Los partidarios de unas medidas de seguridad más fuertes, como Babeu, argumentan que el aumento en la disponibilidad de heroína, y de una letal droga similar, el fentanilo, como una de las razones para apoyar la medida. Sin duda, gran parte de la producción de heroína se realiza actualmente en México, y una gran cantidad de fentanilo parece provenir de China, pero pasando por México. Y los migrantes están involucrados en este tráfico en Estados Unidos. Sin embargo, como lo señala Sam Quinones —experimentado periodista y escritor que vivió en México por diez años— en un proyecto editorial del New York Times y Marshall sobre la propuesta de Trump de extender el muro fronterizo, estas nuevas disposiciones no frenarán en gran medida el flujo de heroína.
“Los muros no han detenido las drogas, especialmente la heroína”, escribe Quinones. “Es la droga más fácil de traficar en pequeñas cantidades a través de una frontera porque se puede condensar muy fácilmente —y es fácil de cortar más tarde—”.
Finalmente, las medidas estadounidenses dirigidas a los inmigrantes indocumentados también están desenfocadas en lo relativo a la capacidad de Estados Unidos de fomentar y exportar el crimen y la violencia. Como Quinones apunta en Dreamland, su estupendo libro sobre la epidemia de la heroína en Estados Unidos, fue la demanda estadounidense de analgésicos opiáceos de venta libre y la sistemática sobreprescripción de esos medicamentos lo que llevó a la epidemia de heroína y fentanilo.
Además, la disponibilidad de armas en Estados Unidos es lo que facilita los enfrentamientos violentos entre grupos criminales grandes y pequeños en México (y, por supuesto, también en Estados Unidos).
3. Más corruptos en potencia. La administración Trump dice que intentará contratar al menos 5.000 nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Este sería el segundo aumento masivo de personal en una década: entre 2006 y 2012, la CBP se duplicó en tamaño, pasando de unos 10.000 a 21.000 miembros.
Esa expansión no estuvo exenta de problemas. James Tomsheck, exjefe de asuntos internos de CBP, dijo ante la Radio Pública Nacional (National Public Radio) que la CBP no disponía de una prueba de polígrafo, y que cuando la implementó en 2008, más de la mitad de los solicitantes fallaron en el examen.
“Era lo que estos solicitantes habían hecho en el pasado lo que más nos preocupaba”, dijo. “Ello incluía crímenes graves, participación en actividades de contrabando, y varios infiltrados que en efecto estaban empleados por las organizaciones de narcotraficantes y que habían sido enviados por ellas a buscar puestos en la CBP con el fin de continuar sus conspiraciones criminales —esencialmente como espías entre nosotros—”.
El Centro de Periodismo Investigativo (Center for Investigative Reporting) presentó una serie de informes en los que se describían muchos de estos casos y se trazaban los alcances de este tipo de infiltración. Dicho centro descubrió que cerca de 150 empleados del CBP habían sido acusados o condenados por corrupción entre 2004 y 2014.
4. Menos remesas. Los migrantes en Estados Unidos envían miles de millones de dólares en remesas a sus países de origen, que en gran parte ayudan a sostener las economías de esos países. Muchos de los países que cuentan con estas remesas son también las naciones con más criminalidad y pandillas en la región. Entre ellos se encuentra El Salvador (US$4 mil millones al año), Guatemala (US$6 mil millones al año), Honduras (US$3,3 mil millones al año) y México (US$24 mil millones al año). Incluso una pérdida parcial de estas remesas podría conducir a dificultades económicas y a mayor actividad criminal, lo que a su vez podría generar más migración.
5. Menos cooperación. El mensaje que la administración Trump ha enviado al mundo es claro: priman los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Y para Trump y sus miopes seguidores, como Babeu, esta medida es un paso en la dirección correcta. Pero el costo político de esta posición es extremadamente alto. La estrategia de Trump ya está causando divisiones entre aliados clave como México y los mencionados países del Triángulo Norte, los cuales, según el Instituto para la Política Migratoria (Migration Policy Institute), aportan casi 15 millones de migrantes a Estados Unidos.
Cuando miles de jóvenes abandonaron estos países sin la compañía de adultos responsables —muchos de ellos huyendo de la delincuencia y la violencia— e inundaron la frontera con Estados Unidos en 2013 y 2014, Estados Unidos trabajó en conjunto con estos países para desarrollar un plan de asistencia para detener la violencia. Aunque ese plan parece estar avanzando, la criminalización de naciones enteras no augura nada bueno para la futura cooperación en asuntos como éste. Esto es fundamental, ya que, como lo demuestran los datos compilados en 2016 por el Centro para Estudios Latinoamericanos de American University (vea abajo), esta tendencia parece estar en aumento otra vez.
