El giro radical de la política de seguridad de Estados Unidos en América Latina y el Caribe bajo la presidencia de Donald Trump en 2025 se ha orientado hacia un modelo militarizado y represivo, y está dejando de lado los elementos más exitosos de la lucha contra el crimen organizado transnacional: la cooperación y el intercambio de inteligencia.
Durante las dos décadas previas al segundo mandato de Trump, Estados Unidos había adoptado un enfoque estratégico para combatir el crimen organizado transnacional (COT) en América Latina y el Caribe. A través de un generoso financiamiento, cooperación y, en ocasiones, intimidación, Washington logró que distintos países de la región se coordinaran en la lucha contra el COT.
El lenguaje también había cambiado, alejándose de la noción de una “guerra contra las drogas” y avanzando hacia una estrategia más matizada, centrada en el fortalecimiento de los sistemas de justicia y en la capacidad de las unidades de inteligencia financiera. Mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development – USAID), trabajó con comunidades obligadas a convivir con el crimen organizado y con personas involucradas en los niveles más bajos del narcotráfico, y enmarcó cada vez más la demanda de drogas y el consumo desde una perspectiva de salud pública. Esta estrategia fue costosa y tardó en mostrar resultados, pero obtuvo varias victorias importantes.
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Colombia, históricamente el aliado más firme de Estados Unidos en la región, es uno de los ejemplos más claros del éxito de la estrategia previa de Washington. A finales de la década de 1990, cuando ambos de nosotros llegamos a Colombia, existía un temor real de que el país estuviera a punto de ser tomado por la guerrilla de izquierda o de convertirse en un narcoestado. Había surgido un nuevo ejército ilegal de derecha, y la cocaína alimentaba el capítulo más sangriento del conflicto armado. El Estado, en muchos casos, se había convertido en poco más que un espectador de los combates.
En 1999, el presidente estadounidense Bill Clinton firmó el Plan Colombia, que contempló el desembolso de unos US$15.000 millones para el país. Esa asistencia y ese compromiso contribuyeron de manera decisiva a la firma del histórico acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ayudaron a construir las fuerzas de seguridad más capacitadas de la región, un sistema de justicia sólido, una sociedad civil fuerte y una democracia vibrante.
Trump pone en la mira a Colombia
Las relaciones con Colombia atraviesan un momento crítico. Gran parte de la ayuda estadounidense ha sido recortada. El país, que ha librado la lucha más intensa contra el tráfico de cocaína, ha sido descertificado por Washington en la guerra contra las drogas. Su presidente, Gustavo Petro, y algunos miembros de su familia han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se les han retirado las visas estadounidenses bajo el argumento de que Petro ha “permitido que los carteles de la droga prosperen”.
El 10 de diciembre de 2025, Trump amenazó directamente a Petro en el contexto de las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro.
“Colombia está produciendo muchas drogas”, dijo Trump. “Así que más le vale espabilar, porque él será el siguiente. Será el siguiente muy pronto. Espero que esté escuchando, porque va a ser el siguiente”.
Cuando consultamos a altos mandos del Ejército y la Policía de Colombia —ninguno autorizado a dar declaraciones de manera oficial—, las respuestas fueron notablemente uniformes. El vínculo construido durante décadas entre las fuerzas de seguridad colombianas y Estados Unidos se ha roto.
“El presidente Petro no es popular dentro de las fuerzas de seguridad, eso no es ningún secreto”, dijo un coronel de la Policía, “pero no es un narcotraficante. Estados Unidos rompió acuerdos que ya habían sido firmados, retiró recursos que había prometido, humilló a nuestro país y a nuestro presidente, y luego indultó a narcotraficantes condenados por razones políticas. Estados Unidos ya no es un socio en el que podamos confiar, y me duele profundamente decirlo”.
Sin Colombia como un aliado confiable y comprometido, no existe una estrategia viable contra el tráfico de cocaína. Petro ha ordenado la suspensión del intercambio de inteligencia con Estados Unidos, lo que a largo plazo podría paralizar los esfuerzos estadounidenses en Colombia para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, construir casos de extradición y mantener estrategias eficaces de interdicción.
Y Colombia no está sola en estas decisiones. Tanto el Reino Unido como los Países Bajos dejaron de compartir inteligencia en el Caribe que pudiera derivar en que el ejército estadounidense atacara embarcaciones. Las relaciones con Brasil y México también son tensas, y sin la cooperación estrecha de Brasil, Colombia y México, no hay posibilidad de construir una respuesta regional eficaz frente al crimen organizado transnacional en la región.
“La mejor manera de combatir el crimen organizado transnacional es la cooperación. Siempre. Sin excepción”, insistió James B. Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela. Story, que ha estado en la primera línea de la relación de Estados Unidos con América Latina durante décadas, también sirvió en México, Colombia y Brasil.
“Todas estas organizaciones [criminales] son, por supuesto, transnacionales, lo que significa que ningún país puede hacer el trabajo por sí solo. Los criminales no reconocen fronteras”, añadió.
En una entrevista con The Economist en noviembre de 2025, John Bolton, asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, lamentó el abandono del énfasis en la cooperación.
“Por la forma en que él [Trump] actúa, región por región y caso por caso, no entiende el significado de las alianzas; no valora nada que no pueda medir en términos de dólares y centavos. Muchas de sus acciones han hecho trizas décadas de esfuerzo estadounidense por construir confianza, credibilidad y relaciones basadas en la buena voluntad con nuestros aliados, y por demostrar determinación a nuestros amigos”, afirmó.
La estrategia militarista de Washington
Trump ha designado a una serie de grupos criminales —mexicanos, colombianos y venezolanos— como organizaciones terroristas, fusionando de facto la guerra contra las drogas con la guerra contra el terrorismo.
La operación para capturar a Maduro y los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han sido los ejemplos más evidentes de esta estrategia. El Ejército es ahora el actor principal en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región.
Para Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, los ataques contra las embarcaciones presuntamente cargadas con drogas marcan un giro decidido en la política de Estados Unidos.
“Se trata de ejecuciones extrajudiciales. Es un desprecio absoluto por el derecho internacional. Hemos visto este desprecio por parte de los rusos en Ucrania y de los israelíes en Gaza. Para Estados Unidos, esto es algo totalmente sin precedentes”, afirmó.
Por su parte, Trump aseguró tras el arresto de Maduro que sus ataques marítimos han provocado una caída del 97% en el ingreso de drogas a Estados Unidos por vía marítima, pero esa afirmación no está respaldada por la evidencia. De hecho, información recopilada por InSight Crime sugiere que, si bien las rutas de narcotráfico desde la costa norte de Venezuela se han visto afectadas por los ataques estadounidenses, esto no ha detenido el flujo de drogas; simplemente ha obligado a los traficantes a utilizar rutas y modos de operación distintos. Tampoco es probable que la salida de Maduro tenga un impacto significativo en los flujos de drogas.
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“Simplemente traslada el contrabando de drogas de un mecanismo a otro. Eso es todo. Hay mil maneras más de hacerlo. Tendrá un gran impacto en el tráfico mediante lanchas rápidas, pero no tendrá un impacto significativo en la cantidad total de cocaína que se dirige hacia Estados Unidos”, dijo Story.
La militarización de la lucha contra el crimen organizado transnacional no es nada nuevo en América Latina. Colombia ha desplegado durante décadas a sus fuerzas armadas contra las organizaciones de narcotráfico en el marco del conflicto armado interno. México lanzó a su Ejército a las calles en 2006 bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, y en 2024 el presidente Daniel Noboa, en Ecuador, designó a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y envió soldados a patrullar las calles.
Sin embargo, el Ejército ha demostrado ser un instrumento tosco. Entrenado para combatir enemigos uniformados en un campo de batalla claramente definido, su despliegue en la región ha estado marcado por reiterados abusos a los derechos humanos, que a menudo terminan fortaleciendo el apoyo comunitario a los actores ilegales, vistos como víctimas frente a un Estado percibido como agresor.
Combatir el crimen organizado transnacional en América Latina y el Caribe no es lo mismo que enfrentar a grupos terroristas tradicionales como el Estado Islámico o los talibanes. Existen pocos objetivos militares convencionales. Los carteles de la droga no solo se esconden entre la población civil, sino que en muchos casos son la propia población civil. Y, como ha constatado Petro en Colombia, cualquier ataque aéreo casi inevitablemente provoca la muerte de menores de edad, que constituyen buena parte de la “carne de cañón” de estos grupos criminales.
Las organizaciones dedicadas al narcotráfico no tienen ideología ni buscan derrocar gobiernos. Su objetivo es corromperlos, infiltrarlos, doblegarlos a su voluntad y asegurarse de que ignoren la actividad criminal o, en el mejor de los casos, la protejan y la faciliten.
Venezuela es el caso más extremo. Con la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista —y su aplicación a todo el régimen de Maduro, utilizada para justificar la operación de captura del 3 de enero—, Estados Unidos ha declarado, en los hechos, la guerra al país. Sin embargo, sacar a Maduro del poder, por corrupto y criminal que sea, no detendrá la exportación de drogas ni erradicará la criminalidad en Venezuela. De hecho, podría derivar en caos y nuevas oportunidades para el crimen o, peor aún, en un conflicto civil. El hecho de que Trump haya dejado al régimen chavista en control del país demuestra que es consciente del riesgo potencial de desestabilización.
La orden de la administración Trump de garantizar la “eliminación total de los carteles y de las organizaciones criminales transnacionales” está condenada al fracaso. La experiencia de los últimos 40 años demuestra que no hay un final para la guerra contra las drogas mientras la demanda se mantenga estable. No existen soluciones rápidas.
Sin embargo, la cooperación estrecha entre países, el intercambio de inteligencia y la construcción de confianza han demostrado que toda estructura criminal –así como demostró el caso del Cartel de Medellín– puede ser desmantelada de manera gradual, y que incluso presidentes pueden ser condenados por narcotráfico —aunque posteriormente Trump les haya concedido un indulto—. Lo que también han probado las últimas cuatro décadas es que una democracia sólida, con contrapesos claros, una prensa libre y vigorosa, y altos niveles de transparencia, es la mejor defensa frente al crimen organizado transnacional. Allí donde se ignora el debido proceso, se debilita el Estado de derecho, se reduce la transparencia y se margina a la sociedad civil, la corrupción prospera y el crimen organizado se fortalece.
