En 2025, Colombia experimentó niveles de violencia no vistos en años, producto de disputas entre grupos criminales, fortalecidos militar y territorialmente en zonas clave para las economías ilegales.
Si bien algunos sectores achacaron la responsabilidad de esto a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, esta dinámica tiene parte de sus orígenes casi 10 años atrás, en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Comprender este trasfondo histórico resulta esencial para analizar cómo podrían evolucionar las dinámicas de seguridad en Colombia en los próximos años. Ya se acercan las elecciones presidenciales en el país, en mayo de 2026, y la violencia puede ser el medio por el que los grupos ilegales se visibilicen y logren insertar sus propias agendas en el escenario político del país. Mientras tanto, el gobierno colombiano se enfrenta a un apoyo reducido de Estados Unidos, lo que limita las capacidades estatales para enfrentar las crecientes dinámicas criminales.
Un comienzo violento
El inicio de 2025 trajo consigo una de las confrontaciones criminales más importantes de todo el año: el rompimiento del pacto de no agresión entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), un grupo escindido del Estado Mayor Central (EMC), disidente de las FARC.
En la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, más de 64.700 personas fueron desplazadas, más de 12.900 confinadas y 117 asesinadas entre enero y abril de 2025, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo. Catatumbo es el principal enclave cocalero del norte del país y una zona estratégica para los intereses criminales de los actores ilegales presentes a lo largo de la frontera con Venezuela, país que se ha convertido en un refugio para los principales grupos guerrilleros colombianos.
Sin embargo, Norte de Santander solo es uno de al menos otros 10 focos de violencia identificados por la Defensoría del Pueblo. En los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo y Guaviare también se presentaron disputas territoriales durante 2025 por corredores claves para economías criminales, como el narcotráfico y la minería ilegal.
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Estas confrontaciones hacen parte de una tendencia a la territorialización del accionar de los grupos armados ilegales, según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), una organización civil especializada en el análisis del conflicto colombiano. Ahora los grupos ilegales están enfocados en controlar territorios claves para economías criminales, en lugar de desafiar el Estado por el control del país, como en décadas anteriores.
“Lo que hay ahora es una serie de grupos armados muy conectados con la criminalidad organizada, si no es que están prestándoles servicios a la criminalidad organizada”, dijo Bonilla a InSight Crime.
Colombia continúa siendo el principal productor de cocaína del mundo y los grupos criminales detrás de la violencia son los principales dinamizadores del narcotráfico en el país. Sin embargo, el narcotráfico ya no es la única economía de la cual participan estos grupos. El control sobre diferentes territorios les ha dado acceso a múltiples rentas, provenientes de la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, el secuestro, el contrabando de migrantes, el tráfico de madera, entre otras.
Las capacidades derivadas del acceso a rentas ilegales han posibilitado un fortalecimiento militar de los grupos ilegales en el país. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los grupos armados aumentaron un 15% en número de combatientes, según datos del informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), elaborado por las fuerzas de seguridad colombianas. Esto se suma al proceso de expansión territorial que han tenido los grupos criminales en el país desde al menos 2018.
La Paz Total, la política insignia del presidente Gustavo Petro mediante la cual se han establecido negociaciones paralelas con varias estructuras ilegales, influyó en el fortalecimiento de la criminalidad en el contexto de los numerosos ceses al fuego bilaterales. Pero no es la única razón detrás de estas dinámicas.
La cúspide de la fragmentación criminal
Las diferentes iniciativas de paz en Colombia han traído cambios en las dinámicas criminales del país, derivados de procesos de fragmentación y reacomodo criminal.
Tras la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal confederación de bloques paramilitares del país, al menos 30 grupos criminales surgieron, con el objetivo de llenar los vacíos dejados por las AUC. Tras intensas guerras por el dominio del territorio, fueron los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes se consolidaron como el principal heredero de las AUC.
10 años después, la desmovilización de las FARC en 2016 supuso un punto de quiebre en las dinámicas criminales del país. Hasta ese entonces, las FARC controlaban el 70% de los cultivos de coca en Colombia, por lo que su salida del tablero criminal en 2016 dejó importantes vacíos en territorios estratégicos para la cadena de suministro de la cocaína.
Grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las FARC. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las FARC que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador.
Estos ciclos de fragmentación trajeron consigo cambios en el funcionamiento de estos grupos. Los grupos que surgieron tras estos diferentes procesos de desmovilización tienen objetivos y formas de operar muy diferentes a los grupos originales.
“Son organizaciones cada vez menos jerárquicas, con menor capacidad de mando y control y cada vez mayor autonomía territorial”, afirmó Andrés Cajiao, coordinador del área de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento enfocado en temas de paz y seguridad en Colombia, a InSight Crime. “Es un conflicto y unas dinámicas de la confrontación cada vez más fragmentadas, lo que hace más difícil analizarlo y atenderlo”.
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Las divisiones al interior de diferentes grupos ilegales en los contextos de negociación, como el EMC, la Segunda Marquetalia —un grupo surgido tras la desmovilización de las FARC— y del ELN, mostraron que estos grupos, más que responder a un único liderazgo, funcionan de manera autónoma en territorios específicos y se conectan con otros actores a través de alianzas, que pueden romperse fácilmente.
En este escenario, la lucha por el control territorial adquiere mayor fuerza.
“Lo que viene es una alta disputa”, dijo Bonilla. “El más competente en este ciclo de violencia es el que sobrevive y puede absorber a los demás”.
El pico de la violencia llegó en el peor momento
En octubre de 2025, el gobierno de Donald Trump incluyó a Petro —a su esposa y su hijo— y al Ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la cual se incluyen personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado. Trump también anunció el recorte de pagos y subsidios a Colombia, luego de acusar a Petro, sin pruebas, de vínculos con el narcotráfico.
Un mes antes, en septiembre, el gobierno estadounidense publicó la descertificación parcial de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, alegando incumplimientos del gobierno colombiano en el control de la producción y tráfico de drogas, al igual que de los grupos criminales detrás de esto.
Estas medidas pueden tener graves implicaciones para las capacidades estatales en un contexto de una criminalidad fortalecida. Estados Unidos ha sido por décadas el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, principalmente aportando recursos para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, la adquisición de equipos y el mantenimiento logístico, el intercambio de capacidades, el fortalecimiento institucional, entre otros.
A pesar de que el gobierno de Petro ha hecho importantes incautaciones de cocaína, rompiendo récords históricos con 836,8 toneladas de cocaína incautadas entre enero y octubre de 2025 en Colombia, sus avances han estado nublados por el aumento en los cultivos de coca y el potencial de producción de cocaína. Si bien los datos oficiales más recientes no han sido divulgados, Colombia habría alcanzado un potencial de producción de cocaína superior a las 3.000 toneladas en 2024, según datos revelados por el medio español El País, citando un fragmento del reporte anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) el cual no ha sido publicado.
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Elecciones presidenciales bajo presión criminal
Con una criminalidad fortalecida y capacidades estatales debilitadas, Colombia se prepara para elegir a un nuevo presidente en 2026.
En noviembre de 2025, Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, principal líder del EMC, anunció —en respuesta a los bombardeos del gobierno contra el grupo— que se valdrán de la violencia política de cara a las elecciones de 2026 para proteger sus intereses.
“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles”, dijo Iván Mordisco en un comunicado. “Pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”.
En el país, ocho departamentos están en grave riesgo de violencia política en las próximas elecciones, entre ellos Norte de Santander, Arauca, Vichada, La Guajira, Chocó, Nariño y Cauca. Esto se debe a los niveles de control social y gobernanza criminal que ejercen los grupos criminales en estos lugares, lo que influye directamente en la libre participación política en estas regiones.
“Se prevé un escenario muy complejo en términos de seguridad, no solo porque los grupos armados son más fuertes, sino también porque cada vez más tienen intereses en las elecciones parlamentarias y presidenciales”, dijo Cajiao.
Esta violencia ya comenzó, con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, un precandidato presidencial de derecha que murió en agosto de 2025, luego de recibir varios impactos de bala en junio, mientras daba un discurso político en un parque de Bogotá. Las investigaciones continúan, pero una de las principales hipótesis de la fiscalía colombiana señala a la Segunda Marquetalia como responsable del hecho.
“Con la Paz Total, cada vez más los grupos armados tienen interés en incidir en el resultado electoral de cara a sus proyecciones”, mencionó Cajiao. “Los grupos han utilizado las negociaciones para beneficiarse en términos militares y estratégicos y también para ver qué beneficios se les dan”.
En este sentido, las elecciones de 2026 definirán mucho más que un relevo presidencial. Estarán en juego la continuidad o el viraje de la política de negociaciones de la Paz Total, así como la permanencia o la modificación del enfoque actual frente a la lucha contra el narcotráfico.
*Henry Shuldiner contribuyó a este artículo.
