Desde el arresto y extradición de Nicolás Maduro a principios de enero por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha intentado equilibrar las exigencias de sus aliados estadounidenses con las de las alianzas criminales que han mantenido a su partido en el poder durante años.
La tarea no es sencilla. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no ha exigido aún elecciones democráticas, su administración ha dejado claro que espera cooperación del gobierno de Rodríguez en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, así como el establecimiento de un entorno más favorable para los negocios.
En respuesta, Rodríguez y su administración han adoptado una serie de medidas de seguridad dirigidas a contener la presión y las demandas de Estados Unidos. Sin embargo, también deben preservar el respaldo de aliados clave dentro del país, incluidos miembros del llamado Cartel de los Soles, una red poco estructurada de criminales incrustada en las principales instituciones del gobierno.
A continuación, InSight Crime analiza cómo Rodríguez está enfrentando los problemas principales que alimentan el crimen organizado en Venezuela.
Purga política de figuras vinculadas a Maduro
En apariencia, ya está en marcha una purga de actores criminales de alto perfil. El caso más significativo es el de Alex Saab, presunto testaferro financiero de Maduro, quien fue deportado a Estados Unidos el 16 de mayo para enfrentar cargos por lavado de dinero. El caso subraya la aparente disposición de Rodríguez a romper con el círculo cercano de Maduro, al tiempo que despeja el panorama político de figuras buscadas por Washington.
Saab fungió como un operador financiero clave para Maduro y presuntamente lideró una extensa red de corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones vinculadas a múltiples sectores de la economía venezolana, desde la industria petrolera hasta la minería de oro, según documentos judiciales estadounidenses e investigaciones periodísticas.
El empresario fue capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos durante la primera administración de Trump. Sin embargo, fue liberado en 2023 tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, una decisión que provocó fuertes críticas de Trump y sus aliados republicanos. Tras regresar a Venezuela, Saab fue nombrado ministro, cargo que ocupó hasta su destitución poco después del arresto de Maduro en 2026.
Desde febrero, según reportes de prensa, Saab permanecía bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas, presuntamente en coordinación con agencias estadounidenses. Otros empresarios de alto perfil vinculados a Maduro también habrían sido interrogados o detenidos temporalmente por las autoridades venezolanas, lo que podría indicar investigaciones más amplias sobre corrupción ligadas a la anterior administración, aunque el nivel de participación de Estados Unidos en estas operaciones sigue sin estar claro.
Aun así, desde entonces no se han anunciado otras capturas importantes de figuras criminales de alto nivel que operaban dentro del gobierno o en estrecha colaboración con él. Entre esos presuntos criminales se destaca el ministro del Interior, Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del gobierno durante décadas y vinculado desde hace tiempo al Cartel de los Soles.
Las autoridades estadounidenses también lo acusan de participar en operaciones de tráfico de drogas y es buscado en el mismo caso de narcotráfico contra Maduro. Pero, hasta ahora, parece inmune a cualquier proceso judicial. De hecho, es él quien lidera una purga dentro de la policía.
Presunta purga policial por corrupción
Irónicamente, fue Cabello quien anunció en abril que más de 12.000 policías habían sido destituidos por presuntamente participar en actos de corrupción, muchos de ellos vinculados a esquemas de extorsión, como parte de lo que las autoridades describieron como la purga más amplia de los cuerpos de seguridad venezolanos.
El ministro ofreció pocos detalles sobre la supuesta purga, incluido el período en que ocurrieron las destituciones, los organismos de seguridad involucrados o las medidas judiciales y disciplinarias adoptadas contra los funcionarios. La falta de transparencia, y el propio historial criminal de Cabello, han debilitado la credibilidad de la iniciativa y dificultado una evaluación independiente de su alcance.
Con base en estimaciones académicas que sugerían que Venezuela contaba con unos 175.000 miembros de las fuerzas de seguridad en 2017, las destituciones reportadas equivaldrían a alrededor del 7% de la fuerza policial del país. Pero la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad está arraigada en dinámicas estructurales más profundas que se consolidaron bajo el gobierno de Maduro y ayudaron a configurar lo que InSight Crime ha definido como un “Estado híbrido”, es decir, un sistema en el que actores estatales y redes de crimen organizado operan de forma simbiótica para beneficio mutuo.
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Reorganización militar
En marzo, Rodríguez removió al exministro de Defensa Vladimir Padrino López y lo reemplazó por el jefe de inteligencia Gustavo González López. La medida representó el cambio más importante dentro de la jerarquía militar desde el arresto de Maduro. Sin embargo, los detalles sobre una reconfiguración más amplia de las estructuras de mando militar en todo el país siguen siendo opacos y, hasta ahora, la reorganización no parece haber generado cambios estructurales en el clima de impunidad ni en la participación de oficiales militares en el crimen organizado.
Hasta ahora, las decisiones de González López apuntan a lo que parece ser una reducción de la politización abierta de las fuerzas armadas. Una de sus primeras medidas habría sido retirar a oficiales militares asignados como escoltas de políticos o ubicados en cargos civiles dentro del gobierno, un distanciamiento notable de prácticas institucionalizadas bajo el chavismo. Más allá de eso, se han hecho públicos pocos cambios sustanciales.
El nombramiento de González López ha generado fuertes críticas. El general dirigió anteriormente el aparato de inteligencia venezolano, incluido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismos ampliamente acusados por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos de realizar detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. González López también ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntas violaciones de derechos humanos.
Liberación de presos y medidas de amnistía
El gobierno de Delcy Rodríguez liberó inicialmente a cientos de presos políticos —al menos 626 detenidos en la fase inicial de la transición— como parte de una iniciativa más amplia de amnistía. Sin embargo, la implementación de la medida ha sido ampliamente criticada por no eliminar por completo los cargos penales contra una parte significativa de los liberados, muchos de los cuales siguen sujetos a restricciones judiciales o permanecen detenidos, mientras continúan las denuncias de tortura bajo custodia.
Human Rights Watch ha calificado la implementación de la ley de amnistía como deficiente y ha documentado casos en los que personas identificadas como presos políticos fueron excluidas de sus beneficios o directamente no fueron liberadas. Familiares de detenidos también denunciaron que funcionarios judiciales, en algunos casos, exigieron sobornos en dólares para tramitar solicitudes de excarcelación.
La administración de Rodríguez ha asegurado que el proceso de amnistía ha beneficiado a miles de personas, pero su aplicación ha carecido de transparencia. Las autoridades no han publicado una lista completa de beneficiarios y funcionarios han sugerido que la fase de implementación podría estar llegando a su fin. Pese a los reiterados llamados de la administración Trump para la liberación incondicional de todos los presos políticos, la organización no gubernamental Foro Penal todavía registraba al menos 454 personas detenidas por motivos políticos hasta el 11 de mayo de 2026.
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Cooperación en seguridad e inteligencia con Colombia
Venezuela y Colombia acordaron en abril compartir inteligencia y coordinar fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico y el contrabando, priorizando regiones fronterizas como el Catatumbo debido a la presencia de grupos armados en la zona.
Pero existe poca confianza en las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que sigue siendo un obstáculo importante para avanzar contra el narcotráfico, especialmente en la frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.
Además de sus vínculos institucionales con el Cartel de los Soles, las fuerzas militares venezolanas han colaborado con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera.
