La fuerte reacción del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la extradición del presunto lavador de dinero y aliado suyo Álex Saab, quien compareció ante un juez estadounidense para responder por los cargos que se le imputan, sugiere que hay más en juego en su caso que con otras importantes figuras ligadas a su régimen.
En una audiencia inicial el 18 de octubre, Saab se presentó por videoconferencia ante el juez federal del distrito sur de la Florida John J. O’Sullivan, quien le leyó los cargos de lavado de dinero y fijó la diligencia de instrucción de Saab para el 1 de noviembre, según las actas de la corte.
La extradición de Saab de Cabo Verde a Estados Unidos motivó una airada reacción del régimen de Maduro, con la suspensión inmediata de las negociaciones con la oposición venezolana, que se celebraban en México.
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Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno en México, no dejó dudas sobre el motivo de la suspensión de los diálogos. Este señaló que la decisión fue «una expresión de nuestra protesta más profunda contra la brutal agresión sufrida en la persona y la investidura de nuestro delegado Álex Saab Morán».
La policía de inteligencia venezolana también trasladó a seis ejecutivos de Citgo, que se encontraban detenidos bajo arresto domiciliario, a la base central de la policía y el servicio de inteligencia de Caracas, conocido como El Helicoide. Se dijo que el regreso de los ejecutivos —cinco de ellos ciudadanos estadounidenses— al centro de detención era una retaliación por la extradición de Saab.
Por más de un año, los juzgados de Cabo Verde fueron el escenario de un tira y afloje por Saab, donde sus abogados alegaban que este, ciudadano colombiano y veterano colaborador del gobierno de Venezuela, estaba cobijado por inmunidad diplomática de Venezuela al momento de su detención. Venezuela aducía que Saab se encontraba en una misión humanitaria con destino a Irán para adquirir alimentos e insumos médicos para atender la pandemia de coronavirus al momento de su arresto en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en la isla de Sal.
La extradición de Saab a Estados Unidos se dio poco más de un mes después de su aprobación formal por la Corte Constitucional de Cabo Verde.
Los fiscales estadounidenses imputaron a Saab en 2019 por lavado de dinero. En el pliego de acusación, los fiscales lo señalaban de desviar más de US$350 millones a cuentas en el exterior, que correspondieron a un contrato celebrado en 2011 para la construcción de viviendas para la población de bajos recursos en Venezuela. Aparte de eso, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a Saab de usar empresas de papel para malversar recursos del programa de asistencia alimentaria de Venezuela, alegando que pagó sobornos y coimas a funcionarios del gobierno para ganar contratos inflados y otorgados a dedo.
Análisis de InSight Crime
La vehemente reacción de Maduro ante la extradición de Saab indican que el empresario colombiano puede guardar secretos financieros más allá del lavado de dinero del que lo acusan los fiscales estadounidenses.
Saab actúa como un agente internacional para Maduro, lo que lo convierte en el arquitecto del entramado financiero usado por Venezuela para eludir sanciones, como lo planteó un periodista venezolano que ha seguido de cerca el caso de Saab y pidió que se reservara su identidad por motivos de seguridad.
«Entonces ese mundo de relaciones quedaría expuesto si Alex Saab decide hablar», comentó el periodista.
Algo así admitió el ministro de relaciones exteriores venezolano Jorge Arreaza en una carta dirigida a Saab cuando se encontraba retenido en Cabo Verde. En ella le advertía que podía incurrir en procesos penales si llegara a divulgar información de “que comprometa la seguridad y la defensa de la nación”, que se consideraba clasificada.
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Por el momento, Saab no parece tener intención de buscar un acuerdo de culpabilidad. La esposa de Saab leyó una carta de su esposo en la que decía que enfrentaría su juicio con «dignidad» y que «nada que colaborar con los Estados Unidos» porque no ha cometido ningún delito.
Es diciente que incluso altos funcionarios venezolanos imputados y enviados a Estados Unidos, o que se encuentran luchando contra la extradición, no hayan provocado la misma reacción del régimen. Entre ellos se encuentran el exgeneral Cliver Alcalá, quien se encuentra en prisión en Estados Unidos, y el exjefe de espionaje Hugo Carvajal, quien está en proceso de extradición de España a Estados Unidos.
Alcalá y Carvajal fueron acusados de narcoterrorismo en una imputación amplia de marzo de 2020, en la que se los señalaba de supervisar cargamentos de cocaína a gran escala y de proveer armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano fueron señalados en el mismo pliego de cargos.
Según una transcripción divulgada recientemente en el caso de Alcalá, los fiscales pueden estar negociando un posible acuerdo de reducción de pena, aunque su abogado asegura que Alcalá no tiene intenciones de declararse culpable.
Tanto Alcalá como Carvajal han denunciado al actual régimen. Pero Venezuela no reaccionó con la misma furia en esos casos. Una de las pocas respuestas recientes fue una solicitud de repatriación de Carvajal ante el gobierno español.
Maduro reacciona con mucha fuerza, porque contrario a los casos del “Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá, que, si bien es cierto que poseen importantísima información sobre Chávez y Maduro, en lo que respecta a Maduro la información que ellos tienen está relacionada con los primeros años y con Saab no acurre esto, ya que es el hombre actual.