Cuando la corrupción mata: extractivismo y destrucción ambiental en el occidente de Honduras

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra y los recursos naturales. Entre 2023 y 2024, al menos 23 líderes ambientales fueron asesinados, lo que convirtió al país en el más letal de Centroamérica para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente y el cuarto a nivel global. Muchas otras han sido criminalizadas, amenazadas u hostigadas por grupos criminales, empresas privadas y actores estatales por oponerse a proyectos que ponen en riesgo los recursos naturales del país.

En el centro de esta violencia están redes corruptas conformadas por empresarios, funcionarios públicos y actores criminales que se benefician de los proyectos extractivos que explotan los recursos naturales de Honduras. La industria extractiva puede definirse como el “conjunto de personas, empresas y actividades dedicadas a extraer [materias primas] del subsuelo”. En esta investigación, esto incluye no solo combustibles fósiles y minerales preciosos, sino también proyectos de energía renovable como represas hidroeléctricas, construcción ilegal de carreteras y planes de urbanización.

Este informe busca visibilizar las redes de élites corruptas que operan en la industria extractiva en el occidente de Honduras y describir cómo estas estructuras han acelerado la destrucción ambiental y la violencia contra defensores del medioambiente y otros actores. En particular, analiza varios casos en los que alianzas corrupto-criminales lideradas por políticos locales promovieron proyectos extractivos que deterioraron el entorno y pusieron en riesgo a activistas territoriales.

Los hallazgos se sustentan en un año de investigación documental y trabajo de campo en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara, donde la industria extractiva tiene una fuerte presencia. Se realizaron más de 150 entrevistas —presenciales y virtuales— con activistas anticorrupción, líderes indígenas, defensores ambientales, fiscales, expertos en seguridad, funcionarios públicos, líderes religiosos y actores criminales, entre otros. Además, se analizaron datos oficiales sobre delitos ambientales, procesos judiciales, contratos estatales y privados, licencias, registros de propiedad, informes de prensa y estudios previos sobre la materia.