Ciudad Juárez de México, alguna vez la ciudad más violenta del país, ha visto una considerable reducción de la violencia en los últimos tres años. Christopher Wilson, del Centro Woodrow Wilson, explora si el actual gobierno puede hacer lo mismo en Nuevo Laredo, actual epicentro de violencia en la frontera.
A principios de 2010, cuandose disparó la violencia en Ciudad Juárez, el expresidente de México, Felipe Calderón, declaró que los 15 jóvenes que habían sido asesinados en una fiesta de celebración después de un partido de la liga juvenil de béisbol eran criminales, y que en cierto modo se lo merecían. Él estaba equivocado, y los padres de las víctimas se aseguraron de que no lo olvidara.
Este artículo hace parte de una serie sobre la presencia y actividades de Los Zetas en la ciudad de Nuevo Laredo. Vea la serie completa aquí. También puede descargar el PDF completo.
Sus hijos fueron víctimas inocentes de la guerra de pandillas de Juárez, un caso de identidad equivocada, y aunque el presidente Calderón pudo haber visitado Juárez, en un esfuerzo por reparar la metida de pata, al final creó un importante programa federal llamado “Todos Somos Juárez”, que agrupó a la comunidad empresarial, la sociedad civil y los distintos estamentos gubernamentales para enfrentar el desafío del crimen organizado. En parte como resultado de las inversiones y los esfuerzos de todos estos grupos, a principios de 2013 la tasa de homicidios en Ciudad Juárez había caído en un 90 por ciento desde su punto más alto a finales de 2010.
Sin embargo, mientras el crimen ha disminuido en el tramo occidental de la frontera, el Departamento de Estado de Estados Unidos informa que los asesinatos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han aumentado un 92,5 por ciento desde su nivel de 2012, y que la tasa de secuestros del estado es la más alta del país. La policía se disolvió en 2011, y miles de personas han huido a Estados Unidos, incluyendo un gran número de líderes comunitarios y empresariales. En el centro de esta violencia están Los Zetas, los agentes del poder criminal local de la región. Y tras la captura del líder del grupo, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, el 16 de julio, la situación puede empeorar a medida que los rivales tratan de llenar el vacío de poder.
Aun así, Nuevo Laredo no pierde la esperanza. Con un nuevo presidente en Los Pinos, Treviño el líder de los Zetas tras las rejas, y la elección de un nuevo partido para la alcaldía, por primera vez en 38 años, puede que sea posible para los actores federales, estatales y locales, diseñar e implementar un plan para reducir la violencia y restaurar el estado de derecho en la ciudad. Este artículo no busca diseñar dicho plan, sino sugerir que a pesar de los desafíos, si se reúne al grupo correcto de actores y se dedican los recursos suficientes, Nuevo Laredo puede convertirse en un éxito importante en la nueva política de seguridad del gobierno mexicano.
La geografía de la violencia
La geografía es a la vez una bendición y una maldición para Nuevo Laredo. Es el punto de cruce para el 45 por ciento de todo el comercio entre México y Estados Unidos, más de US$200 mil millones al año, y las empresas de la ciudad pueden beneficiarse de todo ese tráfico ayudando a las empresas a llenar sus declaraciones de aduana y transportando sus mercancías por carretera desde y hasta las bodegas a cada lado de la frontera.
Pero la misma geografía que hace de Nuevo Laredo un punto de cruce para gran parte del comercio legal, también lo hace atractivo para el comercio ilícito. Los cerca de diez mil camiones que transportan todo tipo de mercancías, desde piezas de automóviles hasta fresas congeladas a través de la frontera, en ambos sentidos, cada día ofrecen un sinfín de opciones para los traficantes que buscan pasar sus drogas. La larga tradición de tráfico de drogas, que es el resultado de esta singular geografía, ha dejado a la ciudad y al estado con una robusta infraestructura criminal y, a la inversa, con una sociedad civil y unas instituciones gubernamentales débiles.
Homicidios por cada 100.000 habitantes
(Fuentes: INEGI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, FBI)
Para todos los beneficios que aporta a Nuevo Laredo, la naturaleza del comercio legítimo plantea su propio desafío en términos de los incentivos estructurales que crea, o deja de crear, para que la sociedad civil exija respuestas gubernamentales eficaces a la situación del crimen organizado y de violencia. Un 35 por ciento de todos los camiones que cruzan la frontera Sur hacia Estados Unidos pasa por Nuevo Laredo, lo que provoca que la ciudad dependa menos del funcionamiento de su propia economía local, que funciona como centro logístico para el comercio binacional, que comienza y termina, en el interior de Estados Unidos y México.
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El carácter internacional de este negocio hace más difícil conseguir que estos líderes empresariales vean la necesidad de una mayor seguridad en casa. Aduanas y logística, las industrias que sirven al flujo masivo del comercio bilateral a través de Nuevo Laredo, son la base de la economía local, pues emplean al 19 por ciento de la fuerza laboral local. Como resultado, los agentes de aduana son los líderes naturales de la comunidad. Sin embargo, dado que Nuevo Laredo se encuentra en la carretera principal que conecta Ciudad de México, Monterrey, Dallas, y el Medio Oeste y el Este de Estados Unidos, su negocio se ve afectado marginalmente por la influencia destructiva del crimen organizado en la comunidad local. Es más, muchos de ellos han dejado Nuevo Laredo para vivir bajo la seguridad de Laredo, Texas.
También hay otros retos. La industria de la maquila, tan común en Juárez, es menos influyente en Nuevo Laredo. Con el apoyo de inversionistas extranjeros, que constantemente recorren el mundo en busca de la mejor ubicación para sus fábricas, los gerentes de las plantas maquiladoras locales tienen más que ganar o perder con base a la realidad y la percepción de violencia y corrupción. Sin embargo, muchos gerentes de alto nivel viven seguros al otro lado de la frontera, y la industria maquiladora representa una proporción menor de la economía en Nuevo Laredo que en muchas otras ciudades fronterizas mexicanas.
Desde una perspectiva de la sociedad civil y la empresa, esto deja gran parte de la lucha a las pequeñas ymedianas empresas familiares del centro de Nuevo Laredo. Con gran parte de la población minimizando los viajes fuera de sus casas por temor a quedar atrapados en un tiroteo, secuestro o robo, los minoristas y dueños de restaurantes locales pasan un momento difícil para tratar de mantener sus puertas abiertas. Unos pocos valientes se han unido para hacer algo más que eso, trabajar con la policía militar y encontrar formas seguras para reportar crímenes y actividades sospechosas. Este es un importante acto de valentía en el contexto del control de Los Zetas, pero debido a la ausencia de una alianza con un grupo más amplio de líderes de la comunidad, el impacto es insuficiente.
Necesidad de un gran apoyo federal
Los ejemplos de Tijuana y especialmente de Ciudad Juárez, otras ciudades fronterizas que han experimentado importantes picos seguidos de declives de la violencia, han hecho bastante clara la necesidad de un fuerte apoyo federal. Sin embargo, hasta ahora los actores locales, incluso con el apoyo de los militares mexicanos, han sido incapaces de superar los retos de la geografía y el modelo de negocio de Los Zetas, de brutalidad y control territorial. La necesidad es doblemente importante en un estado como Tamaulipas, donde municipios como Nuevo Laredo (con 384.000 habitantes) son más pequeños y cuentan con menos recursos que las ciudades fronterizas más grandes al oeste.
La gravedad de la crisis de gobernabilidad y seguridad pública debería ser suficiente, pero hay razones de peso adicionales por las cuales el gobierno federal puede querer prestar atención especial al caso de Tamaulipas y Nuevo Laredo. Al igual que el actual gobierno federal, Tamaulipas está gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha sido gobernado por el PRI durante el tiempo que el partido ha existido, y la transición democrática que ha transformado a México en las últimas décadas no ha alcanzado plenamente al estado. El dominio del PRI en Tamaulipas hace de este estado una prueba para la nueva política de seguridad del gobierno, así como una potencial obligación. Mientras la corrupción, como lo indican las acusaciones contra tres exgobernadores, y la violencia extrema -al igual que los 72 migrantes encontrados en una fosa común en San Fernando- continúen siendo problemas, probablemente formarán parte de una contranarrativa a la historia de la aparición de un PRI nuevo, moderno y democrático.
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Recientemente, han aparecido fisuras en la armadura del PRI en el estado, cuando el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo más votos que el presidente Peña Nieto, al mismo tiempo que ganó seis de los ocho distritos electorales federales en las elecciones de 2012. El PRI volvió a ganar la mayoría en el congreso del estado, y la mayoría de las disputadas elecciones de alcaldes en 2013, aunque Carlos Cantú Rosas del PAN se convirtió en el primer alcalde de Nuevo Laredo que no era del PRI, desde que su padre ocupó el cargo hace 38 años.
Tras la captura de Z40, es de esperar un recrudecimiento de la violencia en la región, incluso si en el largo plazo, su arresto fortalece el estado de derecho limitando la impunidad, sacando de las calles a uno de los actores criminales más violentos y prácticamente acabando con los principales líderes de Los Zetas. En este contexto, Nuevo Laredo y de hecho todo el estado de Tamaulipas podría convertirse en la “Ciudad Juárez” de la administración de Peña Nieto, lo que significa que podría llegar a ser un reto decisivo para la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el nuevo gobierno.
El gobierno federal ha hecho pieza central de su estrategia de lucha contra el crimen la coordinación entre las instancias organismos de seguridad y los niveles federal, estatal y local del gobierno, y la alineación de la dirección del PRI entre los gobiernos federal y estatal crea una oportunidad para mejorar la coordinación. De hecho, a los pocos meses de que Enrique Peña tomara la presidencia, el actual alcalde informó que se estaban llevando a cabo reuniones con regularidad entre los responsables de la seguridad pública en Nuevo Laredo, en los tres niveles de gobierno; un desarrollo prometedor. La reciente elección de un alcalde del PAN podría complicar esto en cierto sentido, pero al mismo tiempo ofrece una oportunidad para relanzar los esfuerzos locales de la lucha contra el crimen y ciertamente revierte la gran necesidad de una mayor coordinación y apoyo de parte del gobierno federal.
Sin embargo, la falta de capacidad de las instituciones del gobierno, estatal y local, impuso serias limitaciones a la posibilidad de que esta cooperación rinda frutos. En parte, estas instituciones locales débiles son el legado del antiguo sistema de control federal vertical con un sistema de partido único, que ya ha dado paso a la democracia y la descentralización en muchas regiones de México sin la necesaria creación de capacidad o los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que faciliten una mejor gobernanza subnacional. En la medida en que el apoyo federal pueda extenderse a la construcción de instituciones, el gobierno federal encontrará más aliados en el estado con los cuales puede coordinar con éxito los esfuerzos de seguridad pública.
Un punto de partida obvio sería resolver la actual falta de presencia policial. Como se señaló anteriormente, la policía municipal fue disuelta, debido a que estaba completamente infiltrada por Los Zetas. La policía estatal, que incluye aproximadamente dos mil miembros del nuevo Mando Único, así como representantes de la policía militar no es, para decirlo en términos simples, y no lo suficientemente grande como para reemplazar las varias fuerzas policiales municipales que se han dispersado en todo el estado, incluyendo a Nuevo Laredo. Miles de soldados actualmente están ayudando a llenar este vacío, pero ni los militares ni el gobierno admiten que esto no es una solución a largo plazo.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 184 policías por cada 100.000 habitantes en 2011, Tamaulipas fue el estado mexicano con el segundo menor número de policías por habitante. La ausencia de la policía no sólo abre espacios para que el crimen organizado continúe con sus operaciones y guerras intergrupales, sino que también abre la puerta para que criminales de poca monta saquen provecho de la impunidad casi total, e inicien sus propias empresas ilegales de robo, extorsión y secuestro, bien sea bajo los auspicios de un grupo criminal más grande o independiente de ellos.
El estado está trabajando para aumentar su fuerza policial, pero se necesita del apoyo federal para asegurarse de que sea creada de manera eficiente y con los estándares y entrenamiento adecuados. Si el gobierno federal mexicano decide solicitarlo, Estados Unidos puede llegar a apoyar los esfuerzos para crear estándares de vigilancia policial nacional y ayudar a estados como Tamaulipas a establecer programas de capacitación y desarrollo profesional para ayudar a que sus fuerzas policiales cumplan con las normas federales, como parte de la próxima ronda de proyectos de la Iniciativa Mérida, como ya se ha hecho en estados como Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez.
El posible que el gobierno municipal de Nuevo Laredo también necesite ayuda para disolver oficialmente su fuerza policial, que sigue recibiendo sueldo de la ciudad a pesar de que sus miembros no han estado patrullando las calles durante aproximadamente tres años. Cualquiera que sea la solución específica, hay que hacer algo para liberar esta parte crítica de un presupuesto municipal ya al límite.
Además de apoyar los esfuerzos para construir capacidad y crear aliados confiables en las instituciones de gobierno del estado —policías, jueces, fiscales, prisiones— el presidente y su equipo también tienen la oportunidad de utilizar su liderazgo dentro del PRI para asegurarse de que Tamaulipas tenga candidatos fuertes, calificados y confiables para los puestos municipales y estatales clave. Esos líderes serán sus aliados en la medida en que trabajen de forma conjunta para hacer frente a la impunidad y degradar la fuerza del crimen organizado a lo largo del actual mandato presidencial.
El apoyo debe extenderse más allá de los actores gubernamentales
Dado el clima extremadamente difícil en el que actúan las organizaciones de la sociedad civil y los líderes de la comunidad en Nuevo Laredo, es importante que sean apoyados y protegidos por grupos gubernamentales y no gubernamentales.
Con un poco de esfuerzo, puede ser posible convertir en ventaja la desventaja de la salida de las clases media y alta en su huida de la violencia en su natal Nuevo Laredo. Desde su posición más segura en Laredo, Texas, los miembros de la comunidad pueden sentirse más cómodos organizando y apoyando los esfuerzos de la sociedad civil para combatir la violencia, brindarles asistencia a las víctimas y promover oportunidades educativas y de desarrollo económico en su ciudad natal. Esto puede ser una oportunidad en particular para el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones filantrópicas, ya que las actividades de apoyo a la lucha contra la criminalidad se llevarían a cabo en territorio estadounidense y bajo su marco legal.
Organizaciones de Ciudad de México han empleado tácticas similares de apoyo a la sociedad civil en otras partes de Tamaulipas, invitando a los líderes locales a talleres en Monterrey, donde tienden a sentirse más libres para expresar sus problemas y buscar soluciones. Puede haber oportunidades para expandir estas actividades a Nuevo Laredo, sobre todo si son apoyadas por el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense o las grandes organizaciones filantrópicas.
Se le puede prestar especial atención al apoyo a las empresas locales que están firmemente arraigadas en Nuevo Laredo. Estas ya están diseñando e implementando soluciones innovadoras a problemas complejos en un contexto extraordinariamente difícil. Por ejemplo, los miembros de la cámara de comercio local están trabajando directamente con un líder de la policía militar local para denunciar los crímenes. Si bien esto puede parecer simple, el método proporciona a las fuerzas de seguridad inteligencia muy necesaria mientras se restaura la confianza de la ciudadanía en el gobierno. También están ayudando a superar la alta tasa de falsas llamadas de emergencia que inundan el servicio de ‘911’. Estos esfuerzos, y otros programas sociales, necesitan ser alimentados. Sin apoyo, el clima de temor y de impunidad ha abrumado y frustrado la gran mayoría de las iniciativas sociales de lucha contra la criminalidad, pero con apoyo y protección, estas iniciativas pueden comenzar a echar raíces, crecer y animar a otros con nuevas ideas para comenzar sus propios esfuerzos.
Lograr que la ciudad pase de un sentimiento colectivo de “esconder la cabeza” a “Todos somos Nuevo Laredo” será una tarea difícil. Se requerirá apoyo externo significativo y también de líderes locales, valientes y dedicados. Pero es posible. Si Juárez nos ha enseñado algo, es que los días más oscuros también pueden proporcionar el impulso que se necesita para llegar a la luz.
Este artículo hace parte de una serie sobre la presencia y actividades de Los Zetas en la ciudad de Nuevo Laredo. Vea la serie completa aquí.
* Christopher Wilson es un asociado en el Mexico Institute del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, donde desarrolla la investigación y la programación del Instituto sobre integración económica regional y asuntos de la frontera México-Estados Unidos. La investigación para este informe fue posible gracias al generoso apoyo del Mexico Institute y la Universidad de San Diego. El trabajo fue financiado como parte de un proyecto conjunto coordinado sobre el compromiso cívico y la seguridad pública en México. Consulte la serie completa de documentos aquí.