La consolidación del poder judicial: el caso de Néster Vásquez y las altas cortes de Guatemala

El 15 de abril de 2024, un experimentado magistrado guatemalteco, Néster Vásquez, se convirtió en presidente de la Corte de Constitucionalidad del país. Fue la culminación de un impresionante ascenso para Vásquez, que pasó de ser un abogado poco conocido a convertirse en el magistrado de mayor rango de Guatemala, un cargo que le otorgó una enorme influencia en la selección de magistrados para las altas Cortes del país el año pasado. Esta situación representó una realidad problemática para Arévalo, ya que Vásquez ha sido durante mucho tiempo un aliado de las redes de élite que se oponen a la agenda anticorrupción de su gobierno, y debido a que las elecciones de Cortes se consideraron un paso crucial para reformar un sistema judicial que, durante mucho tiempo, ha respondido a intereses corruptos.

El ascenso de Vásquez en los tribunales comenzó a cientos de kilómetros de los pasillos del poder. En la década de 2000, trabajó como fiscal regional y luego como abogado en los remotos departamentos de Alta Verapaz y San Marcos, en el norte y el oeste de Guatemala, respectivamente. Fue en San Marcos donde Vásquez empezó a ganar poder, ocupando en dos ocasiones la presidencia de la asociación departamental de abogados y notarios. En 2009, se convirtió en magistrado de la Corte de Apelaciones, asignado a una sala del departamento occidental de Quetzaltenango.

Pero el verdadero avance para Vásquez se produjo cuando fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en las elecciones de 2014. Los magistrados de la CSJ tienen una influencia significativa en las redes de poder de las élites, en parte porque la Corte puede bloquear las investigaciones sobre actores estatales acusados de corrupción. Estas redes hacen todo lo posible para posicionar a sus aliados en la Corte Suprema, y Vásquez fue uno de los muchos candidatos que no llegaron al puesto únicamente por sus méritos. Más bien, fue patrocinado por un grupo de operadores políticos —incluidos funcionarios de gobierno, líderes de partidos políticos y ricos empresarios— que lo respaldaron a él y a otros candidatos de la CSJ a cambio de su lealtad, según una investigación dirigida por una comisión contra la impunidad apoyada por las Naciones Unidas, que luego fue expulsada del país. El día de esas elecciones, se les pidió a los candidatos que juraran lealtad a los operadores durante una reunión secreta en un hotel de Ciudad de Guatemala, según confesó después uno de los operadores judiciales implicados en la trama.

El poder que conllevó el asiento de Vásquez en la CSJ —en este rol también cumplió un período de un año como presidente del Organismo Judicial— lo transformó de beneficiario a benefactor para las posteriores elecciones de la alta Corte, que comenzaron en 2020. En 2021, los fiscales vincularon a Vásquez con una red de amaño capaz de manipular la selección de magistrados. (Vásquez fue miembro de una comisión especial que se encargó de preseleccionar a los candidatos para las elecciones de Cortes de 2020).

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El Departamento de Estado de EE.UU. sancionó a Vásquez por su presunto papel en la trama, pero la protección de la Corte Suprema le aseguró que nunca se enfrentaría a cargos formales en Guatemala. Extrañamente, la investigación del fraude judicial puede haber ayudado a Vásquez en su continuo ascenso a través de las Cortes. Aparte de las comisiones de postulación, Vásquez también buscaba la nominación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para ocupar un escaño en la Corte de Constitucionalidad, y su camino se despejó cuando el Ministerio Público arrestó a su principal adversario, Estuardo Gálvez, quien también se vio envuelto en la investigación de amaño de la justicia. Los fiscales dijeron más tarde que la fiscal general Porras les había dado instrucciones para que no apuntaran a Vásquez y aceleraran la detención de Gálvez.

Al llegar a la CC, a mediados de 2021, Vásquez jugó un papel importante en alinear los intereses de la Corte con los de las redes de poder vinculadas al expresidente Alejandro Giammattei (2019-2024), cuya administración supervisó un período de corrupción desenfrenada y peculado.

Ahora, al frente de la Corte más poderosa del país, Vásquez podría aprovechar las alianzas cultivadas durante su recorrido por la mayoría de las ramas de la infraestructura judicial de Guatemala para superar incluso a los operadores políticos que facilitaron su ascenso. La influencia de Vásquez en el Colegio de Abogados, las Cortes de Apelaciones y la CSJ aseguró que ​​más de una docena de vinculados al presidente de la CC formaran parte de las comisiones especiales que preseleccionaron a los candidatos para las elecciones de Cortes 2024, según entrevistas con analistas jurídicos e información recopilada por ProJusticia, una ONG guatemalteca.

Vásquez también aprovechó los poderes de la CC para garantizar que los procedimientos de las comisiones no afectaran negativamente a sus propios intereses. Por ejemplo, la CC les ha ordenado a los comisionados de la CSJ que eviten cualquier retraso en el proceso de selección. La elección de una camada leal de magistrados de la CSJ, en teoría, proporcionaría a Vásquez una ruta hacia la reelección, ya que la Corte Suprema nombrará un magistrado de la CC y a un suplente en 2026.

La naturaleza política de las elecciones a la Corte Suprema siguió un patrón similar al de votaciones anteriores, con varios actores cuestionados que llegaron a altos cargos judiciales. Por ejemplo, la mayoría de los 13 magistrados elegidos para la CSJ habían sido nombrados antes en investigaciones sobre redes de tráfico de influencias en los tribunales, según la prensa local.

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En un informe publicado después de las elecciones de las altas Cortes, que culminaron en octubre de 2024, Impunity Watch identificó a Vásquez como uno de los principales operadores políticos que influyeron en el proceso de selección de magistrados. Aunque aún es demasiado pronto para saber de qué manera la reconfiguración de la Corte afectará la posición del presidente de la CC en el poder judicial, algunos informes de prensa y exfiscales han sugerido que el recién elegido presidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes, tiene la bendición de Vásquez. (Vásquez fue uno de los tres magistrados de la CC que votaron a favor del nombramiento de Cifuentes como presidente de la CSJ, función que duplica la de presidente del poder judicial más amplio de Guatemala).

En respuesta escrita a una solicitud de comentarios enviada por InSight Crime, el presidente de la CC rechazó categóricamente la acusación de que influyó en la selección de los magistrados de las altas cortes. Vásquez destacó su trayectoria en la emisión de fallos en defensa de la democracia y el Estado de derecho, y enfatizó que su mandato como magistrado de la CC es independiente de intereses externos.

El presidente de la CC es también un estrecho aliado de la fiscal general Porras, cuyos ataques legales contra Arévalo y sus aliados han distraído al Gobierno de aplicar su programa anticorrupción. Vásquez fue el único magistrado de la CC que votó en contra de concederle protección constitucional a Arévalo para que pudiera asumir el cargo de presidente en medio de los ataques legales de Porras. Desde entonces, la CC ha protegido a la fiscal de los múltiples esfuerzos de Arévalo por destituirla.

La amplitud de las alianzas de Vásquez crea un campo de juego desigual en la batalla por el control de las Cortes de Guatemala. Las redes de élite han sabido durante mucho tiempo cómo utilizar el sistema en su beneficio, apoyándose en operadores como Vásquez para concentrar el poder en múltiples órganos judiciales. Ese poder sirve no solo de escudo para los actores acusados de corrupción, sino como medio para frenar las ambiciones de Arévalo sobre la reforma judicial.