La designación de jueces para las altas cortes en Guatemala ha tomado otro tinte con el tira y afloje entre una élite política que pretende llenar los tribunales de aliados, y fiscales antiimpunidad que apuntan el dedo hacia esas mismas élites por tráfico de influencias.
El 26 de febrero marcó el inicio de una turbulenta semana para las cortes cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) emitió órdenes de captura contra un grupo de operadores políticos que participaban en la designación de candidatos para la Suprema Corte y la Corte de Apelaciones.
Entre los acusados por la FECI de colusión en las votaciones para elegir jueces se cuentan influyentes juristas, como Estuardo Gálvez, exdecano de la Universidad San Carlos, y Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados de Guatemala.
Tanto Gálvez como Ruiz se presentaron como aspirantes a un lugar en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la suprema instancia judicial del país, y ejercieron influencia desmedida en la votación de los candidatos para la Corte Surpema y la Corte de Apelaciones, según los investigadores de la FECI.
La FECI también emitió una orden de arresto para Murphy Paiz, actual decano de la Universidad San Carlos, quien es también una figura influyente en el proceso de selección de magistrados y está acusado de tráfico de influencias. Tanto Fernando Ruiz como Paiz se encuentran en custodia.
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Las autoridades no han podido poner en custodia a Gálvez, quien se encuentra hospitalizado en Ciudad de Guatemala. Pero este anunció en una carta abierta a sus colegas que retiraba su aspiración a la Corte de Constitucionalidad, alegando que fue víctima de persecución política.
Luego de los operativos de la FECI, el Congreso de Guatemala se apresuró a reelegir, el 2 de marzo, a una magistrada de la Corte de Constitucionalidad en funciones, con antecedentes de blindaje a personajes de la élite, según información de elPeriódico.
Dina Ochoa, magistrada que podría ser nombrada para un segundo periodo de cinco años, votó en febrero para aprobar el nombramiento del magistrado electo Mynor Moto a la Corte de Constitucionalidad. Moto, quien tiene una investigación abierta por obstrucción a la justicia, está señalado de tener relación con las redes que buscaban influir en los nombramientos a las altas cortes.
Tres días después, el colegio de abogados de Guatemala eligió a Néster Vásquez para un periodo de cinco años como juez en funciones de la Corte de Constitucionalidad. Vásquez está vinculado a las mismas redes investigadas por la FECI por presunta manipulación en la elección de magistrados de los altos tribunales, según Soy 502.
Análisis de InSight Crime
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es considerada uno de los últimos bastiones contra la corrupción y la impunidad en el país, razón por la cual las élites políticas llevan largo tiempo buscando llenarla con sus aliados.
Las élites políticas han estado manipulando durante años, con el fin de poner a sus aliados en el Tribunal Supremo y la Corte de Apelaciones, con la expectativa de que fallen a su favor cuando se presenten líos legales. Pero los fiscales de la FECI se han interpuesto en su camino.
La FECI ya ha investigado a los operadores que trabajan tras bambalinas utilizando nexos con esquemas de tráfico de influencias en la selección de jueces, y ahora la división antiimpunidad parece ir por quienes tienen el poder para nominar a los magistrados, como Gálvez, Fernando Ruiz y Paiz.
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En febrero, los fiscales de la FECI también emitieron una orden de captura contra Mynor Moto, el exmagistrado electo de la Corte de Constitucionalidad, cuya candidatura había sido aprobada por la Asamblea de Guatemala. La serie de órdenes de captura muestra que la división contra la impunidad no se anda por las ramas en lo que respecta a la defensa de la integridad del proceso de nombramientos.
Las últimas capturas también pueden explicar la prisa con la que el Congreso de Guatemala designó a Ochoa para la Corte de Constitucionalidad después de meses de inacción. El Congreso ha estado intentando debilitar el proceso de selección de los tribunales desde julio de 2020.
Aunque se negó a dar detalles, Juan Sandoval, director de la FECI, dijo que incluso desde el 3 de marzo los fiscales siguen su investigación sobre actividades ilegales en la elección de magistrados, y que puede haber una nueva fase en el proceso.