La viabilidad de la agenda anticorrupción de Arévalo puede depender de que el presidente consiga destituir a la fiscal general Consuelo Porras, cuya oficina ha atacado a la administración con una incesante ola de ataques legales destinados a socavar su autoridad.
Como presidente electo, Arévalo se comprometió a exigir la renuncia de Porras como uno de sus primeros actos en el poder, pero según la legislación guatemalteca, un presidente no puede destituir unilateralmente a un fiscal general. Arévalo ha buscado vías alternas, pero aún no ha encontrado ninguna que funcione.
Este caso de estudio forma parte de una investigación en profundidad de InSight Crime sobre la turbulenta agenda anticorrupción del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Descargue el informe completo o explore otros estudios de caso aquí.
Para empezar, el presidente ha intentado reformar la ley que le impide despedir a la fiscal general, pero su petición ha sido ignorada en dos ocasiones por el Congreso. Su gobierno también ha presentado dos peticiones para levantar la inmunidad de Porras: la primera por una falta administrativa y la segunda por presunto abuso de autoridad. La Corte Suprema rechazó la primera petición tras meses de retraso, y aún no se ha pronunciado sobre la segunda.
Enfrentamiento con Porras
Los ataques legales de Porras contra Semilla han conseguido debilitar la plataforma gubernamental. Casi inmediatamente después de que Arévalo llegara a la segunda vuelta de las elecciones de 2023, el Ministerio Público inició una investigación sobre posibles anomalías en la inscripción del partido, alegando que había encontrado una serie de irregularidades en las listas de firmas recogidas para que Semilla figurara en la papeleta electoral. La investigación sirvió de pretexto a un juez, ahora sancionado, para suspender al partido de Arévalo. Promulgada en julio de 2023, la suspensión ha desbaratado las ambiciones de Semilla en el Congreso, privando al partido de importantes poderes e impidiéndole dirigir la agenda legislativa hacia reformas anticorrupción (véase: “Navegar por el Congreso”).
Los fiscales también han acosado a Arévalo con ataques legales. En las semanas previas a su toma de posesión, intentaron despojar al presidente electo de su inmunidad política por el caso de las firmas, además de otra investigación —también espuria— basada en acusaciones de que Arévalo aprovechó las protestas estudiantiles para impulsar su plataforma política. Arévalo y sus aliados han rechazado los casos, considerándolos políticamente motivados.
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Las distracciones continuaron después de la inauguración de Arévalo en enero de 2024. Los fiscales siguieron persiguiendo obstinadamente ambos casos, al tiempo que lanzaban nuevos ataques legales. Mantener este aluvión de investigaciones —por dudosas que sean— parece formar parte de una estrategia múltiple para paralizar al gobierno, erosionar su credibilidad y mantener la suspensión de Semilla.
Poco después de la toma de posesión de Arévalo, por ejemplo, algunos funcionarios electorales implicados en el caso de las firmas —denominado “Caso Corrupción Semilla”— llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Esto es común en Guatemala, donde los acusados pueden tratar de evitar la cárcel y costosas batallas legales aceptando los cargos en su contra. Los detalles de estos acuerdos no se han hecho públicos, pero la aceptación de cargos ha ayudado a los fiscales a difundir las afirmaciones de que Semilla se robó las elecciones, parte de una narrativa destinada a contradecir la retórica anticorrupción de Arévalo. Algunas fuentes también han expresado su preocupación por la posibilidad de que se presione a los acusados para que presten falso testimonio en apoyo de las investigaciones sobre Semilla, pero no hay pruebas de que esto haya sucedido.
También ha habido ataques directos. En agosto, las autoridades detuvieron a Ligia Hernández, una de las fundadoras de Semilla y directora del Instituto de la Víctima de Guatemala. (Se enfrentaba a cargos relacionados con donaciones de campaña no declaradas, parte del caso de “Corrupción Semilla”). Con su detención, Hernández se convirtió en el primer y único miembro del gabinete arrestado durante el mandato de Arévalo. Su captura fue costosa para el presidente, quien se enfrentó a duras críticas —incluso dentro de su partido— por los tibios esfuerzos de la administración para contrarrestar a los fiscales que detuvieron a Hernández, quien, a pesar de señalar que el caso tenía motivaciones políticas, finalmente aceptó los cargos en su contra para evitar pasar más tiempo en la cárcel. Que aceptara los cargos serviría más adelante de base para que un juez sancionado internacionalmente ordenara la cancelación de Semilla, agravando la suspensión previa que ha impedido al partido imprimir su autoridad en el Congreso.
Sin embargo, la detención de Hernández fue solo una más en una serie de ataques contra altos funcionarios de la administración. Semanas antes, Porras había presionado a la Corte de Constitucionalidad del país con la esperanza de que ordenara destituir a los funcionarios del gabinete que encabezaban los intentos del gobierno de destituirla, incluidos el secretario privado, el secretario de prensa y el procurador general de Arévalo.
| Ataques legales para debilitar la plataforma política de Arévalo y Semilla | ||
| Estrategia | Ejemplos | Impacto |
| Solicitudes para levantar la inmunidad política (antejuicios) | El Ministerio Público ha pedido el levantamiento de la inmunidad de Arévalo en tres investigaciones distintas | Las peticiones podrían abrir la puerta a la destitución de Arévalo, si la Corte Suprema de Justicia y el Congreso se ponen del lado de los fiscales |
| Detenciones | El Ministerio Público detiene a Ligia Hernández, cofundadora de Semilla y directora del Instituto de la Víctima de Guatemala, en el caso “Corrupción Semilla” El Ministerio Público consiguió órdenes de detención contra los miembros de Semilla que recogieron firmas para el registro del partido | Las detenciones debilitan el gobierno de Arévalo y alimentan la versión del fraude electoral |
| Inspecciones | Fiscales anticorrupción inspeccionan el Ministerio de Finanzas tras las negociaciones presupuestarias entre el ministro Jonathan Menkos y funcionarios del Congreso Fiscales de la misma unidad entran en los despachos del Congreso antes de la votación del presupuesto nacional | Intimida a los diputados aliados de Semilla |
| Recursos judiciales | Porras alega ante la Corte de Constitucionalidad que los altos cargos de Arévalo incumplen la ley al buscar su destitución El Ministerio Público pide a los jueces que prorroguen la suspensión de Semilla | La Corte de Constitucionalidad bloquea el intento de Arévalo de destituir a Porras La prórroga de la suspensión del partido debilita la plataforma de Semilla en el Congreso |
| Declaraciones de culpabilidad | Los funcionarios electorales aceptan los cargos en su contra en el caso “Corrupción Semilla” para evitar la cárcel | Los acuerdos alimentan la narrativa del fraude electoral y justifican la prórroga de la suspensión de Semilla Permite a los fiscales reforzar el caso contra Semilla |
Porras volvió a subir la apuesta. El 21 de agosto de 2024, solicitó levantar la inmunidad del presidente, acusado de ordenar pagos ilegales a empresas de construcción contratadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los críticos cuestionaron de inmediato la credibilidad del caso, que se armó en poco más de un mes y se basó en pruebas ambiguas.
Además, los tribunales aún no han aprobado ninguna de las peticiones de Porras para levantar la inmunidad política de Arévalo. Esa barrera también le ha impedido a la fiscal entrar en el círculo íntimo del presidente. Pero sus numerosas solicitudes han dejado a una serie de altos cargos del gobierno en posiciones precarias, con su destino en manos de un sistema judicial volátil.
“Solo están esperando a que cometamos un error. Solo necesitan uno para perseguirnos”, dijo a InSight Crime un alto funcionario del gabinete, que prefirió permanecer en el anonimato.
El tira y afloja legal ha erosionado la autoridad del gobierno, ya que Arévalo ha sido incapaz de cumplir una de sus promesas electorales más importantes. También ha perturbado los esfuerzos generales de gobernanza. En pocas palabras, es difícil que las instituciones políticas funcionen con normalidad cuando el presidente y la fiscal general están en guerra.
La autopreservación de Porras
Porras también puede utilizar la amenaza de persecución legal para mantener a raya a aliados y rivales potenciales, asegurando así su propia supervivencia política. Esto puede explicar por qué la mayoría de los diputados del Congreso —muchos de ellos con un historial cuestionable— se excusaron de asistir a dos sesiones consecutivas en mayo, cuando se iba a debatir una posible reforma de la ley que prohíbe a Arévalo destituir a Porras.
Las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio Público han coincidido con otras votaciones clave en el Congreso. Por ejemplo, su unidad anticorrupción —la Fiscalía contra la Corrupción— entró en la oficina de la junta directiva del Congreso para solicitar información sobre posibles irregularidades en la contratación, pero solo cuando surgieron informes de que Semilla había conseguido los votos suficientes para aprobar el aumento del presupuesto. Estas acciones fueron vistas por analistas y legisladores que hablaron con InSight Crime como una táctica de miedo destinada a disuadir a los congresistas de aprobar el aumento del presupuesto. (La votación representó una amenaza para Porras, ya que la mayoría de dos tercios requerida para aprobar un aumento presupuestario es el mismo umbral necesario para modificar la ley que impide a Arévalo destituirla).
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A pesar de las turbulencias en el Congreso, Porras tiene múltiples líneas de defensa. Para empezar, mantener relaciones positivas con la Corte Suprema de Justicia es crucial para la supervivencia de la fiscal general. La Corte pasó meses sin debatir la solicitud de la administración Arévalo de levantar su inmunidad política, presentada a finales de febrero de 2024, antes de rechazar finalmente la petición.
Tanto o más importante para Porras es la Corte de Constitucionalidad (CC), que tiene la última palabra en todas las disputas legales. La Corte ha protegido repetidamente a Porras de los ataques de Arévalo, extendiendo una alianza mutuamente beneficiosa en la que el Ministerio Público ha beneficiado a ciertos magistrados de la CC mediante la persecución de sus rivales políticos.
Dada la amplia protección de Porras, el camino más factible para que Arévalo la destituya puede ser esperar hasta el proceso de selección de un nuevo fiscal general en 2026. Pero se trata de un proceso muy corrupto y politizado, en el que Arévalo tiene poco o ningún control sobre la selección de los seis candidatos entre los que debe elegir al sucesor de Porras. La CC podría intervenir a su favor una vez más. Incluso con Porras fuera, su legado puede tardar años en superarse.
Debajo de la disputa legal de alto perfil entre Arévalo y Porras se esconde una realidad sombría para las operaciones diarias del Ministerio Público. Fiscales y exfiscales dijeron a InSight Crime que la purga interna de Porras se ha extendido a prácticamente todas las ramas del Ministerio Público, tanto a nivel nacional como regional. Las fuentes describieron la resistencia y la presión a la que se ven sometidos por parte de sus superiores para dimitir cuando siguen las pistas de sus investigaciones. En lugar de ello, se anima sistemáticamente a los fiscales a desestimarlas o se les concede un plazo excesivamente breve —en torno a 30 días— para llevarlas a cabo antes de que los expedientes se archiven por demérito. (Las fuentes dijeron que esto equivale a un intento cínico de mejorar las estadísticas de Porras, ya que desestimar casos no impacta en los índices de resolución). Las filtraciones de información y los canales de comunicación interna comprometidos añaden más tensión al ambiente de trabajo cada vez más disfuncional dentro del Ministerio Público, dijeron las mismas fuentes a InSight Crime.
Porras también ha hecho ajustes administrativos para crear una red de fiscales leales, según las fuentes. Porras ha rebajado el rango de los fiscales a “personal de confianza”, un estatus inferior que les priva de protección frente al despido o el traslado sin causa justificada. El ajuste le ha permitido violar sistemáticamente las garantías procesales para despedir a fiscales no deseados o asegurarse de que sean trasladados fuera de sus áreas de especialización. Al mismo tiempo, le ha permitido colocar a fiscales no cualificados en unidades que se ocupan de la corrupción y la impunidad.
“Todo el personal vive en zozobra porque saben que en cualquier momento pueden destituir a cualquiera”, dijo a InSight Crime un fiscal que dimitió a principios de 2024.
