El arresto de una funcionaria del gobierno de Guatemala marca una ominosa escalada en una cruzada legal que pretende descarrilar la administración del presidente Bernardo Arévalo, que ha dado prioridad a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Ligia Hernández, directora del instituto gubernamental de defensa de las víctimas, fue detenida por la policía guatemalteca el 13 de agosto. Se enfrenta a cargos relacionados con donaciones de campaña no declaradas, en el marco de una investigación criminal sobre el partido político de Hernández y Arévalo, el Movimiento Semilla. Esto ocurre en medio de un aluvión de ataques legales contra la administración de Arévalo, encabezados por la fiscal general Consuelo Porras.
Hernández es la primera persona del gabinete de Arévalo detenida en el marco de la cruzada judicial de Porras, que comenzó el año pasado y se centra en acusaciones de fraude electoral para las que los fiscales han aportado pocas pruebas coherentes. Arévalo y Semilla han rechazado estas acusaciones alegando motivaciones políticas.
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En un vídeo publicado en redes sociales poco antes de su detención, Hernández describió los cargos que se le imputaban como un “ataque desesperado” para bloquear los esfuerzos por acabar con la corrupción arraigada en el país. El 14 de agosto, las autoridades trasladaron a Hernández a una prisión militar, donde espera su audiencia inicial.
La detención de Hernández es la última de una serie de ataques legales que han sacudido a Semilla. Estos comenzaron poco después de que Arévalo agitara el aparato político de Guatemala —dominado por las redes de corrupción de las élites— al entrar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de agosto de 2023, que ganó por un amplio margen.
En repetidas ocasiones, Porras intentó anular los resultados de las elecciones, y la campaña de su oficina llevó a la anulación de la personalidad jurídica de Semilla como partido y a que varios altos cargos —incluidos el presidente y los congresistas de Semilla— se vieran expuestos a la amenaza de ser procesados por denuncias controvertidas de fraude electoral.
Análisis de InSight Crime
La detención de Hernández marca una nueva fase en una arriesgada batalla legal entre Porras y Arévalo. El resultado de esta pugna podría determinar la trayectoria de los planes anticorrupción de la administración, centrados en gran medida en expulsar a personal corrupto de instituciones clave del gobierno y sacar a la luz esquemas de corrupción vinculados a administraciones anteriores, algunos de los cuales implican a aliados de Porras.
La detención de un alto funcionario de la administración sugiere que Porras está intensificando una campaña implacable destinada a hundir el gobierno de Arévalo.
Semanas antes, Porras presionó a la Corte Constitucional —la máxima autoridad jurídica del país— con la esperanza de deponer a otros altos funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, el secretario de prensa y el principal abogado de Arévalo. También pidió al tribunal que facilitara el procesamiento de Arévalo, uno de los varios intentos —hasta ahora infructuosos— de despojar al presidente de su inmunidad política.
Los ataques de Porras han suscitado críticas generalizadas dentro y fuera del país; se enfrenta a sanciones por presunta corrupción en más de 42 países. En respuesta, Arévalo ha hecho repetidos intentos de destituir a la fiscal general por medios legales, todos los cuales se han desbaratado en el Congreso y los tribunales.
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La destitución de la fiscal general se considera crucial para promulgar reformas anticorrupción. Durante sus seis años en el cargo, Porras ha supervisado el desmantelamiento de la infraestructura legal y judicial de Guatemala, incluida una implacable represión contra fiscales y jueces que luchaban contra la impunidad, enviando a docenas al exilio y encarcelando a otros. Mientras tanto, su oficina ha archivado casi todos los casos de corrupción de más alto perfil del país, incluidas las investigaciones sobre expresidentes, altos funcionarios del Congreso y magistrados de los tribunales superiores del país.
La cruzada de Porras es, en parte, un ejercicio de autopreservación. De ser destituida, perdería su inmunidad política y bien podría convertirse en el principal objetivo del próximo fiscal general.
Años de retroceso en materia de corrupción han paralizado los esfuerzos por desmantelar las redes criminales de las élites, que llevan décadas consolidando el control de instituciones estatales clave y saqueando fondos destinados a infraestructuras, salud, educación y alivio de la pobreza. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 154 de 180 países.
Imagen principal: Hernández espera una audiencia preliminar en los juzgados del centro de Ciudad de Guatemala el 14 de agosto. Crédito: Fabricio Alonzo / La Hora
