Las autoridades de El Salvador pretenden expandir un elogiado modelo policial que, según se dice, ha permitido a dos comunidades rurales controlar la violencia de las pandillas. Sin embargo, al visitar estas zonas se puede identificar una dudosa combinación de factores que han facilitado estos logros en materia de seguridad, entre ellos la existencia de autodefensas.
En una polvorienta carretera que conduce a las veredas de Guajoyo y Miramar en el municipio de Tecoluca, a unos 80 kilómetros al este de la capital, San Salvador, se levanta un derruido puesto de control en medio de una vía sin pavimentar que se interna campo adentro.
A ambos lados de la carretera se observan extensiones de tierra sin cultivos, y a lo lejos se llega al pie de un bosque montano que alguna vez sirvió como refugio de los insurgentes que lucharon en la guerra civil de El Salvador en la década de los ochenta y principios de los noventa.
*Este artículo hace parte de una investigación sobre las respuestas estatales y comunitarias frente a la extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.
Pocos kilómetros atrás queda el emblemático «Puente de Oro», una de las proezas de ingeniería más grandes e impresionantes de El Salvador hasta que fue volado en 1981 por un comando del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el grupo guerrillero que más tarde llegó a convertirse en el partido político gobernante.
Hace mucho tiempo que terminó la guerra civil, y las banderas del FMLN que ondean sobre muchas de las casas rurales de la zona representan un movimiento político no violento en lugar de una revolución armada —un claro indicio de los avances del país para establecer la paz—. Pero la guerra en esta región dio paso a otro conflicto, esta vez entre las pandillas MS13 y Barrio 18, así como con las fuerzas de seguridad estatales, que convirtió el área una vez más en un campo de batalla.
Migración criminal
Juan José Leyva, un robusto hombre de un poco más de cincuenta años de edad, quien se desempeña como agente de la policía municipal de Tecoluca (Cuerpo de Agentes Municipales, CAM), señala que las pandillas comenzaron a expandir su presencia en el año 2012.
Recuerda que, una tarde de 2014, mientras se encontraba en la plaza central de Tecoluca, tres pandilleros se le acercaron, dos con armas visiblemente escondidas debajo de sus camisas, y uno más con un arma en la mano.
«Entonces dígame, si matamos a alguien aquí, ¿ustedes [la policía municipal] van a intervenir?», dice que le preguntaron.
El policía dice que les respondió que, si atacaban a hombres, mujeres o niños inocentes, entonces sí, la CAM tomaría represalias; pero que a la CAM no le incumbía si expulsaban del municipio a los miembros de pandillas rivales y se enfrentaban con ellos en otra parte.
«Lo tendremos en cuenta”, recuerda que le dijo el joven pandillero.
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Dada la creciente presión de las fuerzas de seguridad urbana en la primera década del nuevo siglo, los pandilleros emigraron a las zonas rurales, donde continuaron con las mismas actividades que les daban su sustento en las ciudades, como la extorsión. Este cambio geográfico condujo a un recrudecimiento de la violencia, y el aumento en los homicidios se atribuyó a las extorsiones y los ajustes de cuentas.
Otro policía de Tecoluca, José Ambrosio, le dijo a InSight Crime que la situación en Guajoyo y Miramar empeoró rápidamente en 2014 tras la llegada de un violento pandillero de Barrio 18, Apolonio Neftalí Rivera Durán, alias «Polo». Hacia 2015, algunos negocios cerca de Puente de Oro pagaban extorsiones a la pandilla por valores que ascendían a los US$100 a la semana —casi la mitad del salario mínimo mensual de un empleado comercial—.
En junio de 2015, la situación llegó a un punto crítico. Una operación policial para arrestar al segundo hombre al mando de la pandilla en la zona dejó como resultado la muerte del sospechoso. Al día siguiente, los miembros de la facción Revolucionarios de Barrio 18 sacaron de su casa a la hija de un líder local de la comunidad de Guajoyo, en la vía principal del municipio, y a plena luz del día la ejecutaron a ella y a su padre, quien trató de intervenir.
Choque al sistema
El móvil de los asesinatos se desconocía (la hija al parecer tenía una relación con uno de los miembros de la pandilla local), pero el violento incidente estremeció a la comunidad. Catorce familias huyeron, y las demás se organizaron para crear un comité local para la prevención de la violencia y cooperar más con la policía local, lo cual, según las autoridades, llevó a la desarticulación de la pandilla.
Ambrosio, el agente de policía, dice que el desarrollo de una policía comunitaria en la zona se remonta a 2010, pero que fue la desesperación provocada por el asesinato del líder comunitario y de su hija lo que realmente acercó a la población local a la policía, que a su vez vio la oportunidad de iniciar una campaña de extensión comunitaria.
«En primer lugar, [la policía] pudo ganarse la confianza de la población», le dijo el líder comunitario Miguel Ángel Cruz a InSight Crime. «Antes teníamos reuniones comunitarias, pero no había participación de la policía. Desde entonces, no ha habido una sola reunión social en la que no haya algún miembro de la policía dando un discurso u ofreciendo entrenamiento», añadió.
La confianza establecida llevó a que los pobladores ofrecieran información, lo que le permitió a la policía acabar con la estructura de la pandilla local. A finales de 2016, todas las catorce familias habían regresado a sus hogares.
Tras elogiar los avances logrados en materia de seguridad en la zona después del pico de violencia, las autoridades a nivel nacional están pretendiendo replicar el modelo conocido como Comité Local de Prevención de la Violencia (CLPV), mediante el cual se obtuvo la cooperación de la policía y las comunidades de Guajoyo y Miramar. En el mes de abril, el gobierno anunció que esperaba la conformación de 23 CLPV nuevas en la zona.
El jefe de Ambrosio, comandante de la policía Gerson Pérez, encargado del departamento de San Vicente, también insistió en que la cohesión social de la comunidad fue un aspecto clave para el éxito del modelo.
“Estos lugares han permanecido organizados después de la guerra”, señala Pérez.
¿Policía comunitaria o autodefensas?
Funcionarios y observadores no gubernamentales coinciden en que la falta de confianza en los organismos de seguridad de El Salvador es uno de los principales obstáculos para disminuir los altos niveles de extorsión y enjuiciar a los miembros de las pandillas. Mejorar el flujo de información entre las comunidades y los agentes de la ley parece ser un paso en la dirección correcta.
Pero, por sí sola, una mejor cooperación no logra explicar cómo se ha logrado reducir tan rápidamente la poderosa presencia de las pandillas.
Dos fuentes que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato dijeron que los asesinatos extrajudiciales y las ejecuciones de los pandilleros habían tenido lugar en el periodo durante el cual los residentes estaban tratando de expulsar a las pandillas de la zona —un periodo en el que las acusaciones de homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad aumentaron un 630 por ciento a nivel nacional.
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Dicha hipótesis estaría en consonancia con un patrón nacional y regional según el cual las víctimas de extorsión estarían tomando la justicia en sus propias manos. Algunos políticos están abogando por un proyecto de ley que permitiría legalizar los movimientos de defensa propia contra las pandillas. El presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, incluso se ha referido a la financiación de armas para un grupo de autodefensa.
A nivel nacional, los asesinatos extrajudiciales de miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas también se han vuelto un problema. Varias investigaciones han demostrado la existencia de escuadrones de la muerte liderados por policías y militares, a veces en coordinación con miembros de la comunidad. Además, varios informes de la prensa local indican que los esfuerzos policiales, en conjunto con el movimiento de autodefensas por parte de los pobladores locales, fue lo que permitió expulsar a los pandilleros de Miramar y Guajoyo.
Ambrosio niega vehementemente estas afirmaciones, pero el comisario Pérez tiene una versión diferente.
«En realidad, no importa si ellos [los civiles] estaban armados o no», le dijo Pérez a InSight Crime, resaltando el acuerdo de las comunidades para coordinar esfuerzos con las autoridades locales.
Funcionarios y expertos consultados por InSight Crime estuvieron de acuerdo con la idea de que la capacidad organizativa de las comunidades es esencial para oponer resistencia a la infiltración de las pandillas y a las actividades criminales como la extorsión. Todos coinciden en que medidas como el programa de policía comunitaria de Tecoluca pueden ser muy útiles para debilitar las estructuras de las pandillas.
Pero la historia de Guajoyo y Miramar indica que los intentos de replicar este modelo en otras comunidades deberían tener en cuenta la posibilidad de que se cometan abusos tanto por parte de los miembros de la comunidad como de las fuerzas de seguridad.
* Deborah Bonello contribuyó a la investigación para este artículo.