Élites y crimen organizado en Honduras: Los Cachiros

Como suele suceder en Honduras, las noticias comenzaron como un rumor entre los ricos: Javier Rivera Maradiaga, el mayor de los tres hermanos Rivera Maradiaga que siguen vivos y cabecilla del temido y poderoso grupo narcotraficante hondureño conocido como Los Cachiros, se había entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico. Pocos días después, se filtró a los medios sociales, luego a la radio,¹ y luego a varios periódicos.² Pronto, estuvo fuera de dudas que Javier estaba bajo custodia de Estados Unidos. Más aún, el hermano de Javier, Devis Leonel, y posiblemente su otro hermano, Santos Isidro, se habían entregado también para enfrentar los cargos.

Los detalles de su entrega eran vagos. Una de las versiones más difundidas decía que se habían entregado en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.³  Pero otros decían que había sucedido en una isla del Caribe, probablemente en las Bahamas.⁴ Y otros más contaron a InSight Crime que ocurrió en el mar, en aguas internacionales.⁵ El resultado fue el mismo: el núcleo de un grupo del que pocos en Honduras hablaba hacía unos cuantos años se encontraba en custodia estadounidense.

El momento no fue coincidencia. Los Cachiros habían estado prácticamente fugitivos en su propio país durante años. Aun cuando no enfrentaban cargos criminales en Honduras, el gobierno estadounidense los había convertido en el paradigma por excelencia del narcotráfico internacional en el país cuando en 2013 el Tesoro de Estados Unidos anunció que apuntaba a los activos del grupo. Sucedió por una buena razón. La organización, que se inició como una familia de ladrones de ganado, había crecido hasta crear multimillonario un imperio que incluía actividades legales e ilegales en todo el litoral norte. Financiaban campañas políticas e incluso tenían una acción en un conocido equipo de fútbol.

Lo más importante, las empresas de Los Cachiros se habían cruzado con importantes miembros de la élite hondureña. Dichas élites incluían algunos de los nombres más sólidos de los círculos empresariales y políticos en Honduras. Las asociaciones comerciales, como indican los registros, eran claras, pero las relaciones políticas y empresariales que sostenían las élites con los Rivera Maradiaga eran confusas. ¿Sabían las élites con quiénes trataban? ¿Se conocía el origen de la riqueza de Los Cachiros? ¿Tenía alguna importancia si Los Cachiros no tenían acusaciones penales en Honduras? Estas son preguntas que pocos se hacen en lugares como Honduras. El dinero puede paliar la mayoría de transgresiones, en especial con índices de impunidad cercanos al percentil 90.

Pero siempre hay una remota posibilidad de que pudiera filtrarse algo de información por fuera de los círculos más cercanos del poder a agentes estadounidenses algo menos condescendientes. Este parecía el peligro con Los Cachiros quienes, más que buscar responder por su pasado, parecían estar huyendo al único lugar seguro que les quedaba. En los días que siguieron a su entrega, Óscar Álvarez, un influyente congresista y exministro de Seguridad, anunció que las personas que habían “estado vinculadas [con Los Cachiros] debían estar muy preocupadas”.⁶ Más adelante, los informes de prensa dijeron que los hermanos estaban cooperando con la justicia estadounidense a cambio de la seguridad de su familia y allegados.⁷

Justo lo que Los Cachiros temían se había visto claramente en los días anteriores a los informes de su dramática entrega. Su red incluía un amplio círculo de testaferros y agentes políticos que tenían la misma o más información incriminatoria sobre sus contactos con las élites de Honduras del tipo que Álvarez citaba. Entre esos agentes había un hombre llamado Juan Gómez Meléndez. Gómez era un exgobernador y exdiputado que en algún momento comenzó a administrar negocios de Los Cachiros.⁸ Al igual que ellos, había rumores de que Gómez se entregaría a las autoridades estadounidenses, pero él no tuvo tanta suerte como los hermanos Rivera Maradiaga. Fue asesinado cuando salía de un banco en la ciudad de Tocoa,⁹ sede de facto de Los Cachiros por más de una década antes de escapar al sistema penal de Estados Unidos.

Según al menos un informe de prensa, el asesinato de Gómez reafirmó la decisión de Los Cachiros de huir a los brazos de Estados Unidos.¹⁰ Durante años, habían provisto una inyección de recursos importante al sistema bancario, las industrias agrícola y turística y a las arcas de diferentes partidos políticos. A cambio, habían gozado de una racha como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del istmo. Pero como lo mostró con claridad el homicidio de Gómez, esa racha había llegado a su fin, y estaban en peligro de ser asesinados también. En otras palabras, Los Cachiros comprendieron que su utilidad para la élite hondureña había llegado a su fin. Era hora de irse, mientras aún pudieran hacerlo.

Antecedentes – El noreste de Honduras y el desarrollo en el aislamiento

La zona costera noreste donde operaban Los Cachiros abarca los departamentos de Colón, partes de Gracias a Dios y Olancho, y se extiende hacia el occidente hasta la ciudad de San Pedro Sula. La región ha estado en la extraña posición de ser el centro de enormes proyectos de desarrollo agrícola, pero de poca infraestructura. La Trujillo Railroad Company, subsidiaria de la United Fruit Company, funcionaba desde el departamento de Colón a comienzos del siglo XX. Durante un agresivo proyecto de reforma agraria durante los años setenta y ochenta, se distribuyeron grandes extensiones de tierra a grupos campesinos, pero las agroindustrias como la Standard Fruit Company, subsidiaria de Dole Food Company, siguen operando en la zona.

En los años noventa, con una ley que permitía vender la tierra a propietarios privados, parte de la tierra pasó a las manos de grandes intereses agrícolas, en especial Miguel Facusse, uno de los hombres más acaudalados de Honduras. Hasta el día de hoy sigue en disputa el proceso, el cual se analiza adelante en más detalle. Basta decir que Facusse y muchos otros han desarrollado desde entonces grandes plantaciones de palma africana que se extienden a lo largo y ancho de lo que se conoce como valle del Bajo Aguán, una región fértil con numerosos ríos que hace de ésta un área atractiva para la agricultura. Otras grandes industrias; principalmente la ganadería y la minería, también están presentes y han aumentado su tamaño e importancia en el área.

Pese a la presencia de estos grandes intereses económicos, la zona permanece hasta el día de hoy aislada de las estructuras centrales de gobierno de Honduras en Tegucigalpa. Sólo una carretera importante conduce a la capital financiera del país, San Pedro Sula. De hecho, la primera carretera pavimentada de cualquier ciudad en la región —desde La Ceiba a Trujillo— no estuvo terminada hasta los años ochenta.

El único desarrollo importante de esta área puede atribuirse en su mayor parte a su tremendo acceso al mar, que ha contribuido a atraer también algo de turismo. Esa realidad permite explicar porqué Trujillo fue la primera capital de Honduras y la principal puerta, y el primer lugar, donde las naves españolas atracaron en el continente centroamericano. Los esfuerzos por repeler las continuas incursiones de piratas llevaron a muchos a huir tierra adentro, lo que explica los asentamientos más grandes, como Tocoa, que son, en la actualidad, los centros de la actividad económica y política en la zona, aun cuando Trujillo se mantiene como la capital política del departamento.

Dado el relativo aislamiento del área, es de esperarse que su actividad económica esté más centrada en el comercio a lo largo de la costa y con otros países del Caribe que con la parte central del país. En el siglo XIX, familias de la élite, como los Castillo y los Julia, que formaron la corporación “Julia & Castillo”, exportaban ganado a Cuba.¹¹ Otra familia, los Crespo, importaban licor de Cuba.¹² Posteriormente, la familia Crespo se emparentó por matrimonio con otra familia de la élite, los Melhado, para formar el núcleo de una élite político-económica que dominaría las actividades políticas y económicas de la zona hasta finales del siglo XX.

Ya fuera por razones políticas o económicas, estas élites trabajaron arduamente para mantener el área por sí mismos. Para citar un ejemplo, José Castillo Melhado, diputado de Colón en los años treinta, ayudó a la Truxillo Railroad Company a librarse de una obligación contractual con el gobierno que habría llevado a la construcción de una vía férrea entre Trujillo y Tegucigalpa. Entretanto, las élites siguieron desarrollando las zonas costera y el interior para recibir y procesar importaciones de lugares tan remotos como Inglaterra.¹³  Este relativo aislamiento también puede haber facilitado las actividades ilícitas de esas élites. Por lo menos un investigador indica que las élites se beneficiaron del contrabando, en gran parte de Inglaterra.¹⁴ Pero, aunque parece un escenario muy probable, InSight Crime no pudo hallar documentación alguna que respaldara esas afirmaciones.

Como en el resto de Honduras, muchas de las élites del noreste eran de procedencia extranjera. La familia Glynn, descendientes de inmigrantes ingleses, operaban la lucrativa Truxillo Railroad Company. Los Glynn se convirtieron a la larga en unas de las familias importadoras-exportadoras más destacadas de la zona, así como grandes hacendados y ganaderos.¹⁵ Esas familias llegaron a dominar la esfera política en el noreste y ocuparon muchos cargos diplomáticos, en especial en Inglaterra, Estados Unidos y España.

En los años setenta y ochenta, el noreste se convirtió en el centro de la experimentación y el desarrollo alternativo, proceso que facilitó la llegada de otras élites a la zona. Bajo el dominio de un dictador militar en dos ocasiones, el General Oswaldo López Arellano, el país emprendió una reforma agraria que demandó la expropiación de más de 600.000 hectáreas, buena parte de las cuales serían de la Standard Fruit Company.¹⁶ Esa ambiciosa propuesta fue truncada por motivos políticos, pero algo de la tierra de la compañía pasó a las manos de cooperativas agrarias, que, con ayuda del gobierno, formaron la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI).

Durante algunos años, la EACI fue la envidia de las cooperativas de toda Centroamérica. Exportaba banano, y sus operadores se convirtieron en importantes líderes sociales y políticos en la región. Pero la EACI tuvo una corta vida. Sufrió de corrupción, y el gobierno militar persiguió en forma sistemática a sus líderes durante los años ochenta. Sus ventas cayeron, y en una negociación muy controvertida a comienzos de los noventa, se vendieron hasta 8.000 hectáreas a varios compradores, entre los que se contaban la Standard Fruit y empresarios como Miguel Facusse.¹⁷ El negocio de la tierra con Facusse ha estado en el centro de una batalla contenciosa y casi sin tregua entre lo que queda de las cooperativas que conformaron la base de la EACI, de un lado, y Facusse y otros, en la parte antagonista. Como veremos con Los Cachiros, los actores criminales han aprovechado esta conmoción para promover sus intereses particulares.

La venta de la tierra fue el inicio de un cambio a gran escala en las élites del noreste. El poder de las élites tradicionales importadoras-exportadores y latifundistas en el área decayó hasta cierto punto, mientras que la élite transnacional, en particular Facusse, entró con fuerza a la zona. Lo que queda es una combinación de las diferentes élites descritas en la introducción a la parte de Honduras. Élites tradicionales son actores importantes en la región. Ramón Lobo, exdiputado y hermano del expresidente Porfirio Lobo, está a la cabeza de ellos, pero otros, como Óscar Nájera —otro diputado— son también grandes terratenientes en el Bajo Aguán.

La combinación de la reforma agraria, los programas de incentivos del gobierno y el surgimiento de la industria de la palma africana ha apuntalado la población en la región. Datos del censo muestran que la población de Tocoa creció cuatro veces en los últimos cinco lustros del siglo XX.¹⁸ No es claro que la economía haya mantenido un crecimiento suficiente para soportar este rápido aumento de la población. La palma africana, por ejemplo, es intensiva en mano de obra al comienzo, pero no a largo plazo.

Éste es el vacío que llena la nueva economía criminal en la región. Es difícil cuantificar el papel del crimen crimen organizado en el desarrollo de la zona. Numerosos expertos regionales señalaron a los investigadores de InSight Crime¹⁹ que, muy al comienzo, una mayor actividad económica da a los criminales la oportunidad de blanquear sus ganancias. Pero otros declararon que las ganancias criminales son un motor importante de la actividad económica y con seguridad un generador de empleo. Aunque es imposible determinar la magnitud y el alcance de la influencia criminal —como se evidencia en el caso de Los Cachiros—, esta es significativa. Y esa influencia se ha extendido a las esferas política, económica y social de la vida de la región.

Los Cachiros

Diagrama 1: Organigrama de Los Cachiros

Los Cachiros fueron uno de los grupos criminales más importantes de Honduras en las dos últimas décadas. En el centro del grupo se encontraba la familia Rivera Maradiaga. La familia es oriunda de Cayo Sierra, un pueblo en las afueras de Tocoa. Al decir de muchos, las actividades delincuenciales de la familia comenzaron con el robo de ganado.²⁰ Un funcionario de inteligencia hondureño comentó que la familia también estuvo involucrada en el robo de autos.²¹  Las actividades de la familia en el hampa aumentaron cuando entraron en contacto y comenzaron a trabajar directamente con Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias “El Coque”. Se sabe menos sobre El Coque, pero parece haber sido el cabecilla de otra organización de tráfico, robo y contrabando, cuya suerte, junto con la de Los Cachiros, iba en ascenso a comienzos de la década de 2000.

En ese momento, Honduras estaba cobrando importancia como corredor para la cocaína que era movida hacia el norte. Las razones son muchas, pero se centran principalmente en el control que asumían los grupos criminales mexicanos sobre la cadena de distribución de sus homólogos colombianos. El corredor natural para el transporte de cocaína para estos grupos mexicanos es Centroamérica. Los aumentos en las incautaciones de drogas en Centroamérica en este periodo confirman esa tendencia.²²  El mayor volumen de drogas implicaba mayores ganancias para organizaciones como la de El Coque y Los Cachiros.

El Coque tenía aliados poderosos que le ayudaron a crecer para convertirse en una fuerza formidable. Informes de los medios lo conectaban con Margarita Lobo, hija de Ramón Lobo, el peso pesado de la política mencionado anteriormente.²³ Lobo era diputado en esa época. Su hermano, Porfirio, era el presidente del Congreso y llegaría a ser presidente de Honduras algunos años después. Ramón Lobo nunca ha sido acusado de tráfico de drogas ilegales o cualquier cosa relacionada con actividades del crimen organizado

El Coque también se ganó poderosos enemigos, incluyendo Los Cachiros. No es claro porqué ocurrió la ruptura. Un informe dice que El Coque asesinó a un miembro de la familia Rivera Maradiaga²⁴, pero no hay una versión definitiva. Lo que sí es claro es que en algún punto hubo una separación violenta, y Los Cachiros pasaron a la ofensiva. Primero, asesinos intentaron matar a El Coque en San Pedro Sula, dejando 25 agujeros de bala en uno de sus vehículos e hiriendo a Margarita Lobo en la operación.²⁵ El Coque sobrevivió y huyó a Cuba, luego a Costa Rica, donde otra cuadrilla de sicarios intentó asesinarlo una segunda vez. Después de que esa también fallara, El Coque se fue a Panamá, donde fue arrestado y devuelto a Honduras. En su cuarto día en la cárcel, varios sicarios le dispararon tres veces, y lo asesinaron.²⁶

Dirigidos por Javier, el mayor de los hermanos, Los Cachiros se tomaron el control de algunas de las rutas de cocaína más importantes en el istmo. Colón tiene una ubicación estratégica a lo largo de la costa noreste: al oriente se encuentra el departamento de Gracias a Dios, y al sur está Olancho. Estos tres departamentos se han convertido en algunas de las mejores áreas para el aterrizaje de pequeñas aeronaves que traen droga de Suramérica, en parte debido a la infraestructura dejada por la economía agroexportadora que alguna vez floreció en la zona. Hay poca presencia estatal y vastos tramos de tierra que se usan para crear campos de aterrizaje clandestinos provisionales. También hay grandes extensiones de plantaciones de palma africana y otros negocios agroindustriales que pueden ayudar a camuflar el almacenamiento y movimiento de productos ilícitos. Además, la costa recibe drogas por mar, transportadas por lanchas rápidas y barcos pesqueros.

Hay motivos para creer que grandes hacendados facilitan al menos algo del movimiento de las mercancías ilícitas por la zona. Un cable diplomático de Estados Unidos, con fecha del 19 de marzo de 2004, divulgado por WikiLeaks, dice que una avioneta no autorizada que transportaba cerca de una tonelada de cocaína aterrizó unos días antes en la hacienda de Miguel Facusse.²⁷ El cable afirma que Facusse mismo le dijo a la policía que la nave había aterrizado el 16 de marzo, y que los guardias de su propiedad le habían disparado a la avioneta, que estalló en llamas. Sin embargo, el cable diplomático arrojaba dudas sobre la versión de los eventos dada por Facusse. El cable, citando a la policía y otras “fuentes”, indica que el avión aterrizó el 14 de marzo; unos 30 hombres armados descargaron la cocaína y luego incendiaron la aeronave.

“La propiedad de Facusse está fuertemente vigilada y el prospecto de que algunas personas pudieran acceder a la propiedad y, sin autorización, usar la pista aérea es cuestionable”, señala el cable. “Además, la declaración de Facusse obviamente contradice otra información recibida de la fuente de seguridad del Estado sobre la fecha real del evento y la inteligencia del TAT [Equipo de Análisis Táctico] sobre la pista aérea el 14 de marzo”.

No hay evidencia que indique que esta cocaína hacía parte de los tratos comerciales ilícitos de Los Cachiros en la zona. De hecho, como se detalla abajo, es posible que Los Cachiros hayan trabajado contra los intereses de Facusse, fomentando las incursiones armadas en sus tierras. Los Cachiros mismos también tienen suficiente tierra en la que moverse, almacenar y despachar productos ilegales. Como se señala en mayor detalle más adelante, poseen grandes cantidades de palma africana y ganado y tienen otra infraestructura y empresas que facilitan estas actividades sin tener que depender de otros. Lo sucedido en la tierra de Facusse es más digno de mención como un medio para ilustrar la oportunidad —o el riesgo, dependiendo de la interpretación que se le dé al evento— para los mayores latifundistas del lugar.

El área también ofrece una enorme fuerza laboral. Pescadores y operadores de barcos subempleados o sin trabajo están disponibles para recibir y almacenar las mercancías ilícitas. También pueden ayudar a reaprovisionar de combustible los botes y servir como vigías. Una gran población indígena aislada y marginada que se extiende hasta Nicaragua ofrece servicios adicionales para las actividades ilícitas. Un presunto cómplice de Los Cachiros, Bismarck Antonio Lira Jirón, fue arrestado en Nicaragua, donde las autoridades lo acusaron de lavado de dinero, entre otros delitos, después de descubrir sus ofertas multimillonarias para la compra de tierras en diferentes partes del país.²⁸

Al decir de muchos, Los Cachiros eran una organización muy unida. Mantenían la mayoría de sus tratos entre la familia y amigos cercanos. Si bien Javier era el líder, sus hermanos, Devis Leonel y Santos Isidro, se encargaron de otros temas relacionados con lo militar y comercial. Su padre, su madre y su hermana y por lo menos un primo participaban también en la parte comercial. Sin embargo, para dirigir su negocio de tráfico de cocaína, la organización tenía que subcontratar gran parte de sus operaciones a otros grupos de menor tamaño. Estos incluían un fondo de marinos y transportadores en tierra, mecánicos, abogados y otra infraestructura necesaria para mantener el buen funcionamiento de sus operaciones.

A lo largo de su existencia, la organización tuvo que desarrollar contactos dentro de las fuerzas de seguridad. La más importante fue la policía. La policía hondureña es conocida como una de las más corruptas en el hemisferio y ha sido vinculada a casos de narcotráfico, redes de robo de autos, empresas de extorsión y escuadrones de la muerte. Los intentos de depurar la policía han fallado en su mayoría y han llevado a la renuncia de por lo menos un ministro de seguridad.²⁹ La policía está, en esencia, al servicio del mejor postor.

En Colón, Los Cachiros presuntamente tenían al jefe de la policía en su nómina, y por lo general los funcionarios debían pagar un precio para  ganar ese puesto.³⁰ Estos policías formaban su primer anillo de protección. Garantizaban que el grupo y sus asociados se enteraran de cualquier presencia o actividad de fuerzas de seguridad. La influencia de los Cachiros llegó a las más altas jerarquías de la institución. La lista de sospechosos de colaborar recogida por los investigadores de InSight Crime incluye a un exdirector de la policía nacional de Honduras. Ninguno de estos policías ha sido investigado o imputado por las autoridades, lo que hace difícil declarar con algún grado de certeza lo que conllevó esa relación.

Los Cachiros también trabajaron para infiltrar otros sectores de las fuerzas de seguridad. El militar a cargo de Colón dijo a InSight Crime que su conductor trabajaba con el grupo criminal hasta que lo transfirió. También comentó que había perdido la confianza en los demás soldados. (Este oficial susurraba las respuestas mientras sus tropas estaban cerca). El grupo criminal también había intentado infiltrar a su gente en cargos importantes del Ministerio de Seguridad. Un emisario, diputado de Colón, Juan Ramón Salgado Cuevas, fue asesinado en 2006 después de no lograr colocar al candidato de Los Cachiros en el ministerio, confiaron fuentes de inteligencia a InSight Crime.³¹ (Salgado Cuevas, cabe anotar, también representó al hijo de Ramón Lobo durante su juicio penal).

Los Cachiros mantenían contactos en los más altos escalones del sistema judicial y las fuerzas de seguridad, según hallaron los investigadores de InSight Crime. Antes de su vuelo a Estados Unidos, miembros de la familia Rivera Maradiaga habían sido arrestados por lo menos en dos ocasiones, pero no se les había imputado cargo alguno. Según varios funcionarios hondureños entrevistados por los investigadores de InSight Crime, Devis Leonel aún afronta cargos por intento de asesinato a raíz del ataque en 2003 en el que resultó herida Margarita Lobo; y Santos Isidro tiene una orden de arresto por posesión ilegal de armas. Pero aun después de que el Tesoro de Estados Unidos los clasificara como “capos” en 2013, y las autoridades hondureñas comenzaran a apuntar y confiscar numerosos activos, los miembros de la familia no afrontaron cargos penales por narcotráfico en Honduras. Más aún, para la época en que las autoridades alcanzaron sus cuentas bancarias para confiscar el dinero, esas cuentas se habían vaciado.³²

El modelo de negocios de Los Cachiros funcionaba. Acumularon considerable riqueza con su proyecto ilícito. Las autoridades ofrecen estimativos muy variados sobre cuánta cocaína se mueve por el área de influencia de Los Cachiros, pero coinciden en que es importante, o por lo menos que estaba a la altura del grupo. En el extremo más bajo, las autoridades dijeron que el grupo movía entre una y dos toneladas por mes; en el extremo más alto, lo ubicaron entre cuatro y cinco toneladas mensuales. El rango de ganancias mensuales era por consiguiente entre US$2 millones y US$12,5 millones.³³  Las autoridades dicen que el grupo también controlaba la distribución local de cocaína, el tráfico de personas y posiblemente otras actividades delincuenciales en su área de influencia.

Los Cachiros canalizaron de manera sostenida sus ganancia a la economía lícita y se posicionaron como importantes actores políticos y económicos en el ámbito nacional. En septiembre de 2013, cuando las autoridades hondureñas y estadounidense comenzaron a confiscar las propiedades de la organización, funcionarios de Estados Unidos y Honduras estimaron los activos del grupo en US$500 miliones y en US$800 millones, respectivamente.³⁴  En una entrevista, un alto funcionario de la Oficina Administradora de Bienes Incautados del país (OABI), indicó que el valor de los activos se acerca a los US$300 millones.³⁵

Las empresas jugaban un papel importante en la economía regional y nacional. El negocio de ganadería del grupo, Ganaderos Agricultores del Norte, fue uno de los mayores proveedores de carne en el noreste, y, según un comprador de esa carne, en el país.³⁶  Habían comprado y explotado por lo menos dos hoteles y un zoológico y ecoparque llamado Joya Grande. Al parecer tenían una participación importante en las operaciones del club de fútbol de Tocoa, Real Sociedad, si bien esas conexiones pueden haberse terminado después de las sonadas acciones contra la familia por parte de Estados Unidos. Más recientemente, se habían diversificado entrando en la minería. En total, las autoridades hondureñas informaron haberse incautado de 128 activos diferentes de los Cachiros,³⁷  incluyendo una empresa transportadora, una compañía de seguridad, varias grandes parcelas de tierra, una tienda de ropa, una estación de gasolina y decenas de millones en efectivo.³⁸

Los Cachiros también tenían extensas plantaciones de palma africana en la región del Bajo Aguán cerca de su base de operaciones de facto, Tocoa, así como en el departamento de Cortés; eran los propietarios de una de las pocas plantas de procesamiento de palma africana del país, de la cual un funcionario estadounidense afirmó que no estaba en operación.³⁹  La industria de la palma africana es propicia a la infiltración del crimen organizado en muchas etapas: requiere de grandes extensiones de tierra donde es fácil implementar y mantener ocultas pistas de aterrizaje clandestinas; tiene transacciones regulares en efectivo; usa muchos vehículos, incluyendo camiones para transportar todo tipo de productos; entrada de químicos y salidas de productos, lo cual facilita el movimiento de productos ilícitos y actividades de lavado de dinero, y conexiones con otros grandes proyectos agroindustriales, más el poder político que ello conlleva. Las empresas tradicionales agroindustriales como el ganado son pilares para los intereses ilícitos por muchas de las mismas razones.

Los Cachiros y las élites transnacionales

Diagrama 2: Organigrama de los Rosenthal

Los Cachiros utilizaron sus negocios lícitos y su participación en el proceso político para acercarse a las élites. Este contacto parece haber llevado a algunos arreglos comerciales y probablemente a algunas contribuciones de campañas, si bien, como se señaló al comienzo, la evidencia es escasa. Los Cachiros, como la mayor parte de las empresas criminales, usaron apoderados para estar al frente de sus negocios y parecen haber dado contribuciones en efectivo (aunque es posible que hayan hecho grabaciones en video de algunos de sus encuentros).⁴⁰  También usaron intermediarios para negociar con sus socios. Dado que los miembros del grupo no suelen estar inscritos como los directores de las empresas, y dado que no manejan directamente los negocios o las relaciones políticas, es imposible saber si sus socios tenían conocimiento de que trabajaban con presuntos criminales a menos que en algún punto hayan sido incriminados. Por consiguiente, la evidencia aquí presentada es en gran parte circunstancial y no debe ser considerada una acusación formal de cualquier delito.

Es posible que la interacción comercial más importante entre Los Cachiros y las élites transnacionales se diera en el sector bancario. El sector bancario, como se señaló anteriormente, es uno de los más importantes en Honduras y está controlado en gran parte por las élites transnacionales. Ha prosperado en décadas recientes con la integración de Honduras a la economía global, y con el acelerado crecimiento de las remesas y la inversión en negocios como las franquicias de comidas rápidas. Los Cachiros fueron, en efecto, unos de los mayores proveedores de remesas e inversión local en proyectos agroindustriales y turísticos.

Los Cachiros tenían su cuentas en diferentes lugares, incluyendo una de las mayores operaciones de propiedad familiar en Honduras, el Banco Continental. De las 64 cuentas, confiscadas por el gobierno, “la gran mayoría” eran con Continental, según un funcionario del gobierno que investigó al grupo.⁴¹  Los Cachiros, dice el investigador, “tenían todas sus líneas de crédito con el Banco Continental”. Esto incluía el ganado, la palma africana y el zoológico, dijo. Las conexiones del banco con Los Cachiros no pasaron desapercibidas para las autoridades. La comisión de Banca y Seguros del gobierno multó al banco en 2014, por cerca de 12 millones de lempiras (algo más de US$500.000) por no verificar la fuente de los ingresos de sus clientes, agregó el investigador del gobierno.

No hay nada oficial que vincule  a Los Cachiros con los propietarios del banco, el poderoso clan Rosenthal, pero el banco ha sido objeto de algún escrutinio por parte funcionarios también en otras circunstancias. En 2012, por ejemplo, el gobierno buscó crear un fideicomiso privado para administrar la recaudación y distribución de un impuesto especial de seguridad. El administrador del fondo debería manejar información sensible, que comprendía la manera como se utilizarían los recursos en las fuerzas de seguridad, así como en otros equipos, infraestructura y proyectos relacionados con la seguridad. Continental ofreció la propuesta más atractiva, según dos fuentes cercanas al proceso. Sin embargo, miembros de la comisión de banca y seguros del gobierno, así como consultores externos, recomendaron al gobierno tomar distancia de este banco, debido a que no había seguido el protocolo requerido para vetar a algunos de sus clientes; entre ellos, la familia Rivera Maradiaga.⁴²  El gobierno eventualmente decidió administrar el dinero por sí mismo a través del Banco Central, y ofreció una excusa pública por ese repentino cambio de dirección.⁴³

La acusación más fuerte contra el banco vino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En octubre 2015, autoridades de los Estados Unidos capturaron a Yankel Rosenthal, sobrino de Jaime Rosenthal Oliva. La familia Rosenthal son los dueños del Banco Continental entre muchas otras empresas. Después de la captura de Yankel, los EEUU acusaron a Yankel, Jaime, el hijo de Jaime, Yani, y un abogado de la empresa, Andrés Acosta García, de lavado de activos.⁴⁴  Durante el mismo día el Departamento de Tesoro puso la familia en su lista “kingpin” prohibiendo a cualquier otra empresa hacer negocios con ellos y destruyendo el conglomerado de la familia que había hecho negocios durante medio siglo.⁴⁵

Los Rosenthal son una familia de origen rumano-judío que se estableció en Honduras en 1929.⁴⁶  Su patriarca, Jaime Rosenthal Oliva, es un peso pesado de siempre en las esferas política y económica de Honduras. Se postuló para la presidencia en 1985, fue vicepresidente a finales de los años ochenta y sigue siendo un directivo de alto rango del Partido Liberal. Su hijo, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, siguió los pasos de su padre y se lanzó a la presidencia en las elecciones pasadas. Yani Rosenthal sigue siendo miembro del Congreso y es un importante funcionario del partido. El resto de los Rosenthal están esparcidos en todos los negocios familiares.

Los activos de la familia los convierten en uno de los primeros cinco conglomerados en Honduras, según varias tabulaciones no oficiales realizadas por medios de comunicación, académicos y economistas. Además del banco, el Grupo Continental, como se conoce al conglomerado, posee acciones en otro de los principales bancos de Honduras, el Banco de Occidente,⁴⁷  una empresa de cemento, una compañía de seguros, un negocio de exportación de café, una cadena de televisión, una planta empacadora de carne, un periódico y una operación de productos de cuero, entre muchos otros negocios. Algunos de los activos económicos del grupo se encuentran en exportaciones no tradicionales, como el aceite de palma africana y las granjas de cocodrilos.

A pesar del problema con el impuesto especial de seguridad, Continental y los Rosenthal también hacen importantes negocios con el gobierno, en especial en lo que respecta a sus iniciativas de asociación público-privada.⁴⁸  En 2013, por ejemplo, el banco fue seleccionado para administrar fondos para un proyecto que buscaba recuperar los costos de energía “perdidos”.⁴⁹  En el mismo año, se eligió al banco para administrar becas para el Ministerio de Educación en cinco departamentos del país.⁵⁰  Por su parte, el Banco de Occidente también recibe contratos del gobierno con regularidad, como los relacionados con la compra de medicinas para el sistema público de salud.⁵¹

El Grupo Continental también hizo negocios con Los Cachiros. Jaime Rosenthal y su hija Patricia Rosenthal, en una entrevista con InSight Crime, declararon que su relación comenzó a finales de los años setenta o comienzos de los ochenta, cuando Javier Rivera Maradiaga comenzó a llevar ganado de Colón para vender a la planta empacadora de carne de los Rosenthal, la Empacadora Continental, en San Pedro Sula. Javier, señalaron los Rosenthal, era pobre; vendía cerca de una docena de cabezas de ganado por vez, luego dormía en su auto o en la calle antes de conducir a casa al día siguiente. Con el tiempo, su situación cambió.

“Y él se fue haciendo grande con el tiempo, pues. Uno ve a una persona que ha empezado así y va después con su camioncito, y después con otro y otro”, explicó Jaime Rosenthal. “Está haciendo bien sus negocios; fue creciendo”.

Los Rosenthal admiten que el clan Rivera Maradiaga eventualmente abrió cuentas en el Banco Continental, pero dicen que los Cachiros no manejaban sumas de dinero exorbitantes en esas cuentas. “Las cuentas que ellos pudieron manejar eran razonables con el negocio que tenían”, afirmó Patricia Rosenthal, vicepresidenta del Banco Continental.

Como lo señaló el fiscal del gobierno, el gran negocio entre el Grupo Continental y Los Cachiros estaba en los préstamos. Los Rosenthal dijeron que el dinero que primero le prestaron a la familia Rivera Maradiaga era para sus negocios de producción de ganado y leche, en 2006.

“Ahí fue cuando empezamos a tener relaciones con ellos, de préstamos, ahí fue cuando la relación comenzó con el banco”, explicó Patricia Rosenthal. “Ya el empacador lo conocía, traían más vaquitas y todo y nos dijimos, ‘miren, podría ser un buen cliente,’ y les dimos para ganadería y ganadería de leche. La ganadería de leche la vendía en Ceiba a una ganadería bien grande y la ganadería de carne a nosotros y a otras empacadoras. Para el banco no era nada mal negocio, pues tenía buenas, nos podían pagar directamente los compradores, que eran grandes todos.”

Los Rosenthal dijeron que. como con cualquier cliente, hicieron pasar a la familia Rivera Maradiaga por el debido proceso, pero no tuvieron banderas rojas. Añadieron que Los Cachiros pagaron sus préstamos en cheque y mostraron a InSight Crime una copia de un cheque firmado, entregado al banco por Javier Rivera Maradiaga, del cual dijeron era un pago por un préstamo. (Ver fotografía abajo)

Otros préstamos vinieron después de los entregados para la producción ganadera y lechera, incluyendo algunos para las plantaciones de palma africana de Los Cachiros. Los Rosenthal dijeron que era algo totalmente normal: el fuerte del banco era los préstamos a negocios agrícolas, y los Rivera Maradiaga eran buenos clientes.

“Eran buenos clientes nuestros”, agregó Patricia Rosenthal. “Otra cosa es que la fuerza del banco es la zona norte, que incluye toda la zona de todo el litoral norte, y somos el banco más fuerte en agricultura y en vivienda social. Porque la junta directiva que preside el banco siempre ha creído que es el deber hacer un aporte en esas dos áreas de Honduras, lo único que puede hacer ese tipo… No tenemos capacidad de hacer como país nada más que sea agricultura”.

Quizás las conexión más obvia entre el grupo empresarial y Los Cachiros es que el Banco Continental era un importante inversor en el Zoológico y Ecoparque Joya Grande, como se evidencia en la placa que conmemora ese respaldo en la entrada del zoológico y un importante préstamo que hizo el banco para la construcción del zoológico.⁵² Fuentes del gobierno indicaron que InSight Crime que creen que el banco no había reclamado el resto del préstamo, debido a los interrogantes que enfrentaría en relación con sus prácticas de diligencias convenientes.⁵³

Los Rosenthal dijeron que no lo habían cobrado porque el préstamo estaba ligado a un proceso legal contra Los Cachiros. Aunque es posible que esta haya sido la conexión más vergonzosa entre el Grupo Continental y la familia Rivera Maradiaga, los Rosenthal insistieron que era un buen negocio y no involucraba dinero de la droga. “No es un proyecto que iban a pagar con droga, es un proyecto que pagaba solito con cualquier análisis que uno hiciera, y en efecto se pagó”, Rosenthal said.

Sin duda, el parque sigue recibiendo críticas muy favorables de los turistas.⁵⁴  Y los Rosenthal dice que fue una decisión de inversión que ha beneficiado a Honduras.

“Cuando nosotros hicimos el análisis de ese préstamo era un préstamo muy bueno, no solo para ellos sino que para el país, el préstamo se pagaba solo y promovía una zona del país para el turismo donde normalmente no llegaba gente. Ellos hicieron un gran trabajo porque empezaron a traer gente de toda Centroamérica, tenían unos boogaloos que alquilaba”, afirmó Jaime Rosenthal.

El Banco Continental también respaldó el equipo de fútbol de Tocoa, que la familia Rivera Maradiaga supuestamente apoyó financieramente. El logo del banco aparecía en la camiseta del Real Sociedad, y desde 2012, el banco apareció registrado como patrocinador oficial en la página de Internet del equipo. Pero ese tipo de apoyo no es inusual, replicó Jaime Rosenthal. El banco patrocina a otros equipos, como el fenómeno de siempre el Club Deportivo Marathón, de propiedad de los Rosenthal. El equipo de Tocoa también tiene el patrocinio de empresas como Coca-Cola. En una respuesta por escrito a un artículo de InSight Crime sobre las presuntas conexiones del equipo de Tocoa con Los Cachiros, Jaime Rosenthal precisó que la publicidad en las camisetas de fútbol no es más que un buen negocio; también defendió el historial de transparencia del banco.⁵⁵

“Ciertamente su artículo ha dañado nuestra imagen y nos está causando problemas.”, escribió Rosenthal a InSight Crime. “Nuestro negocio ha estado en Honduras desde hace más de 100 años… Hemos emitido estados financieros por más de 35 años y podemos probar el origen de cada centavo que tenemos.”.

Los Cachiros y las élites tradicionales y burocráticas

En el transcurso de este periodo de increíble crecimiento económico para el grupo traficante, Los Cachiros se involucraron más en la política, apoyando a candidatos de diferentes partidos, festivales locales y programas sociales, y desarrollando el tipo de contactos comerciales que les permitió trabajar con el gobierno e influenciar sus operaciones. Estas conexiones eran facilitadas por las contribuciones financieras de la organización criminal a los políticos mismos y comenzó un proceso mediante el cual el grupo podía penetrar a todos los segmentos del Estado y la sociedad.

Se desconoce el alcance de las contribuciones de Los Cachiros a las campañas, pero numerosos investigadores hondureños e internacionales, así como fuentes locales en Colón, declararon a InSight Crime que eran significativas y frecuentes. El grupo también parece haber ofrecido igualdad de oportunidades. Los dos principales partidos del país, el Partido Nacional y el Partido Liberal, fueron ambos beneficiarios, según declaraciones de las autoridades hondureñas y extranjeras a InSight Crime. Otros partidos también se beneficiaron de las inversiones de Los Cachiros a las campañas, según diversas fuentes consultadas por InSight Crime.

Los aportes arrojan una luz sobre una debilidad del sistema electoral de Honduras: dependen más de donantes adinerados. Más aún, hay pocas regulaciones, si hay alguna, a estas contribuciones a campañas. La legislación hondureña no impone límites a la cantidad que las personas pueden donar ni requiere la publicación de los nombres de los donantes. No es claro qué organismo del gobierno, si hay alguno, es el responsable directo de la supervisión de los temas financieros de las campañas.⁵⁶  No existe un comité de supervisión riguroso que investigue las contribuciones a las campañas, y la evidencia de aportes ilícitos es anecdótica y en ocasiones circunstancial. Los investigadores de InSight Crime, por ejemplo, conocieron historias sobre la campaña de un político en un hotel de “propiedad de un narco” y el intercambio de “maletas llenas de billetes”. Pero no hay procesos judiciales oficiales para apoyar estas aseveraciones.

Sin embargo, numerosas fuentes contaron a InSight Crime que esas contribuciones políticas ayudan a reconstruir el poder de las élites tradicionales, que se centra en el control del proceso político tanto como en la acumulación de nuevas fuentes de capital. En este aspecto, fuentes del gobierno hondureño comentaron a InSight Crime que las conexiones políticas de Los Cachiros se centraban en varios actuales y anteriores diputados, y en un exgobernador de un departamento.

Entre ellos, el exgobernador de Colón, Juan Gómez Meléndez, fue el agente político más importante que tuvieron Los Cachiros, según dijeron fuentes de inteligencia a InSight Crime. Antes de su asesinato en enero de 2015, era el apoderado predilecto de Los Cachiros y su intermediario más activo con otros negocios y aliados políticos, según funcionarios de inteligencia del gobierno y documentos obtenidos por InSight Crime. Manejaba al menos una parte de sus operaciones ganaderas y de aceite de palma, según esos funcionarios de inteligencia. Una empresa bajo su dirección aseguraba contratos de obras públicas y mantenía relaciones con otras figuras importantes que operan en este opaco mundo de la narcopolítica.

Esta mezcla de capital ilícito, corrupción e influencia del narcotráfico crea un lucrativo carrusel que queda ilustrado con mayor claridad por las diferentes empresas que obtienen proyectos de obras públicas y licencias para desarrollar, por ejemplo, proyectos turísticos y de extracción de minerales. Tanto los actores ilícitos como los políticos se benefician de estos contratos. Los políticos reciben comisiones clandestinas o una parte económica de los proyectos. Y los actores ilícitos pueden reforzar sus intereses comerciales legítimos, ampliar su capital social y ocultar sus ganancias ilícitas.

En el caso de Los Cachiros, los investigadores de InSight Crime hallaron numerosos contratos entre empresas controladas por los Rivera Maradiaga y el Fondo Vial, o autoridad de carreteras, ente gubernamental responsable de administrar la construcción y el mantenimiento de las autopistas, puentes y túneles del país. Los contratos entre las empresas de Los Cachiros y el Fondo Vial que ocurrieron entre 2010 y 2013, totalizaron algo más de US$4 millones (84.751.000 Lempiras). Incluyeron tramos de carreteras entre tres departamentos: Colón, Olancho y Yoro. Los contractos cubrieron reparaciones “de emergencia”, construcción de carreteras y la construcción de un puente.

El hombre que ejecutaba estos contratos era Hugo Ardón, director del Fondo Vial hasta junio de 2015. Ardón es hermano del tristemente célebre exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón. Alexander Ardón se hizo famoso por remodelar la oficina del alcalde para que pareciera la Casa Blanca, lo que incluyó la adición de un helipuerto en el techo del concejo municipal, y por mucho tiempo ha enfrentado acusaciones de narcotráfico. No es de sorprender que los hermanos también ejecutaran contratos de obras públicas.⁵⁷

En 2014, el ministro de Seguridad de Honduras confió a InSight Crime que Alexánder Ardón estaba siendo investigado por narcotráfico, pero no se han presentado cargos y Alexánder Ardón ha negado cualquier conexion con actividades ilícitas en el pasado.⁵⁸  Varias fuentes indicaron a InSight Crime que esta falta de acciones contra Alexánder Ardón tenía que ver con los contactos de Hugo Ardón con la Presidencia. Además de dirigir el Fondo Vial, Hugo Ardón dirigió la campaña a la presidencia de Honduras de Juan Orlando Hernandez en la parte oeste del país.⁵⁹

Estas alianzas se han desarrollado, en parte, porque los factores económicos internos y externos han cambiado la composición de la sociedad hondureña y la dinámica del poder entre las élites. La economía del país sigue dependiendo del dinero de fuentes extranjeras. Pero ha expandido los canales por los que pasa este dinero y el número de beneficiarios. Lo que esto implica en la práctica es que el control sobre los cargos en el gobierno que son el filtro para este capital tienen mayor importancia que nunca antes. Y es en estos espacios donde un nuevo tipo de lo que llamamos élites burocráticas⁶⁰  se está fusionando con las élites tradicionales y desafiando a las élites transnacionales que han dirigido Honduras durante décadas.

Como se esbozó en nuestro primer estudio de caso, estas élites burocráticas suelen ser un híbrido entre quienes dependen de los cargos en el gobierno para tener poder y quienes proceden de familias terratenientes tradicionales y desde entonces han asegurado el poder político. El presidente Juan Orlando Hernández es un buen ejemplo de este nuevo híbrido. Como lo muestra el primer estudio de caso, el presidente ha usado tanto su riqueza personal como sus nombramientos en el gobierno para convertirse en el poder supremo del país. Entendiendo que la base de su poder depende de los cargos burocráticos, también ha puesto a sus aliados en puestos importantes en todo el gobierno.

Entre esos aliados está el general retirado Julián Pacheco, quien constituye un ejemplo de cómo se han entrecruzado estas élites burocráticas con Los Cachiros. Pacheco era el líder del batallón del ejército en Colón a comienzos de la década del 2000, cuando Los Cachiros estaban empezando a ganar relevancia. El gobernador en esa época era el ya mencionado Juan Gómez Meléndez. Pacheco tenía una relación cercana con Gómez, quien era el interlocutor del gobierno en la región en temas de seguridad. Ambos se reunían semanalmente, comentó Pacheco en una entrevista.⁶¹  Se mantuvieron en contacto después de que Pacheco pasó a otro cargo, si bien Pacheco afirma que se distanció del político hasta su asesinato en enero de 2015.

Las élites burocráticas se encuentran en una posición única. Como se señaló en el primer estudio de caso, ambas son beneficiarias directas de sus conexiones con los actores ilícitos, e, irónicamente, beneficiarios de los recursos para combatirlos. Ambas relaciones con el crimen organizado se derivan de su control de estos cargos en el gobierno. Su conocimiento y la capacidad de controlar estos filtros es lo que les ha permitido catapultarse a los cargos que en la actualidad ostentan, y harán casi cualquier cosa para mantenerse en dichos cargos. En otras palabras, necesitan el poder político y los recursos que aquél conlleva. Para llegar allí, dependen de las contribuciones ilícitas a sus campañas tanto como cualquier otra élite.

Las élites burocráticas también tienen intereses creados en mantener este sistema en el que el gobierno es el guardián indispensable de estos y de otros recursos públicos, y vigía de la ley y el orden. El sistema funciona para ellos en numerosas formas, incluyendo el darles el pretexto de fortalecer las fuerzas de seguridad, ampliar sus poderes de vigilancia, custodiar sus finanzas bajo un velo de secreto y “seguridad nacional” y socavar el equilibrio de los poderes. Todas estas acciones les permiten mantener su posición social, adherir más aliados y debilitar a sus rivales.

Los Cachiros y las élites sociales

Además de sus conexiones con las élites transnacionales, tradicionales y burocráticas, Los Cachiros dependen de una elaborada configuración de actores para llevar a cabo sus negocios lícitos e ilícitos. Para empezar, tienen miles de empleados, entre los que se cuentan abogados, ingenieros, así como obreros de la construcción, el agro y el transporte. Se dice que pagan a un gran número de conductores de taxi, indigentes, discapacitados, quienes pasan mucho tiempo en espacios públicos trabajando como informantes. Fuentes en Tocoa afirman que Los Cachiros interactúan regularmente con autoridades religiosas, así como con líderes comunitarios y ayudan a pagar los festivales locales. Su relevancia social ha crecido, según se dice, con su dirección del equipo de fútbol, que compitió por el campeonato de la liga hondureña de fútbol por varios años seguidos cuando la familia Rivera Maradiaga tomó una acción.

Por lo menos una parte del prestigio social de Los Cachiros se deriva del hecho de que en algún punto mantuvieron a raya la violencia y la extorsión, según declararon a InSight Crime autoridades locales y otras fuentes. La conexión más fuerte del grupo con pandillas es con el temido Barrio 18. Barrio 18, como se la conoce, es una de las dos pandillas callejeras más importantes del hemisferio occidental. Los Cachiros usan las ramificaciones del grupo para recibir, almacenar y transportar drogas en pequeñas cantidades, como señalan investigadores locales y extranjeros. Estos grupos transportan la droga usando motocicletas y autos que de manera intermitente y transitan por caminos secundarios para evitar los retenes del ejército y la policía. Los Cachiros ejercen cierto grado de control sobre las actividades de los grupos, incluyendo la venta local de drogas que los mismos Cachiros suministran, a menudo como pago en especie por sus servicios.

La ironía es que la llegada de mayores cantidades de drogas ilícitas es en sí una causa del incremento de la violencia en Honduras en los últimos años. El Observatorio de Violencia informó que Colón tuvo 277 homicidios en 2014, lo que arroja un índice de muertes violentas de más de 88 por 100.000 habitantes.⁶²  La violencia, según un fiscal local, se debe en parte a la competencia de lo que llaman “líneas” de territorio, donde las pandillas pueden vender su producto. Fuentes locales informaron que Los Cachiros dijeron que presionarían para reducir la violencia, pero el alto número de homicidios indica que podía haberse salido de su control.

Algunas fuentes locales informaron que Los Cachiros pueden haber ampliado su red para incluir las cooperativas agrícolas. Existen por lo menos siete cooperativas de campesinos en la región, muchas de las cuales tienen miles de asociados y controlan grandes porciones de tierra. Estos grupos hacen campañas y ejecutan invasiones a tierras en un intento por recobrar la tierra que alegan fue transferida a manos privadas en los años noventa mediante lo que aducen fue por engaño o a la fuerza. Los líderes de estos grupos pueden considerarse en algunos aspectos una forma de élite social en la región, dado su poder para influir en sus multitudinarios asociados, y a sus contactos internacionales con organizaciones no gubernamentales en Europa y Estados Unidos. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán —MUCA—, por ejemplo, ha estado presente en la región desde su formación en 2001, y ahora se dice que controla cerca de 4.000 hectáreas de tierra, más que cualquier otra cooperativa en la región.

Como se documentó anteriormente, hay evidencia de que otros actores en el conflicto de la tierra, incluyendo unidades militares locales y grandes terratenientes, han transigido con grupos criminales. También es posible que lo hayan hecho algunas cooperativas. Las apuestas son altas; el conflicto ha costado más de 100 vidas desde 2010, entre ellos campesinos, miembros de las fuerzas de seguridad y empleados de la agroindustria. Los campesinos son especialmente vulnerables a esta violencia, y los activistas informaron que por lo menos 88 campesinos o sus partidarios fueron asesinados entre 2010 y 2013, muchos en ataques dirigidos.⁶³

Un miembro de una cooperativa les dijo a los investigadores de InSight Crime que elementos dentro de las cooperativas locales habían establecido vínculos con narcotraficantes en la región. Y afirmó que varios miembros dentro de las cooperativas se beneficiaban de esos tratos. A cambio de armas para pelear en el conflicto agrario, los miembros del grupo campesino ofrecen instalaciones para almacenar droga y permiten el paso de cargamentos de droga por su territorio, e incluso pueden actuar como sicarios para los traficantes.

Existen numerosos grupos armados en el área, algunos de quienes han sido ligados a los grandes intereses agrícolas, otros a las cooperativas y otros más a los grupos narcotraficantes. Como se señaló anteriormente, algunos de ellos pueden camuflar sus actividades bajo el pretexto de que son efectivos de seguridad privada. Los conflictos por la tierra suelen implicar conflicto, y separar un grupo armado de otro, así como distinguir las alianzas, es una tarea casi imposible.

Los investigadores de InSight Crime estuvieron presentes en una de esas tomas durante un viaje de campo a la zona en agosto de 2013. La cooperativa, una rama de MUCA que se autodenominó MOCRA (Movimiento Campesino Recuperación del Aguán), incluía a unos 200 campesinos. La seguridad privada en el terreno —que según los medios noticiosos pertenecía a Miguel Facusse—⁶⁴  dispararon a los miembros de la cooperativa, que también estaban armados. Resultaron heridos tres ocupantes ilegales.⁶⁵ Los refuerzos del MOCRA llegaron en camionetas 4 x 4 de alta gama y bien armados, pero para entonces la policía y el ejército habían llegado e impidieron que los campesinos llevaran adelante su plan de continuar la incursión.

La conclusión de estas conexiones con las élites sociales es que es difícil separarlas de la presencia política y económica general de Los Cachiros en la zona. Las potenciales conexiones con cooperativas influyentes, autoridades religiosas y otros miembros prestantes de la sociedad surgen de que en realidad es una familia que tiene miles de empleados, numerosos negocios y grandes extensiones de tierra.

Lo que es claro es que Los Cachiros entendían la importancia de la élite social, y parecían estar usando estas conexiones para su beneficio. Esto se hizo evidente después de que el gobierno incautara algunas de sus propiedades y negocios. Cientos de empleados y parientes se tomaron las calles y marcharon con pancartas en apoyo a la organización criminal. También publicaron advertencias directas al entonces candidato Juan Orlando Hernández sobre las posibles repercusiones políticas si intentara extraditar a miembros de la familia Rivera Maradiaga a Estados Unidos para responder por sus cargos.

No sabemos si estas manifestaciones tuvieron un impacto directo en la política del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha hecho un esfuerzo por mantener en operación al menos una parte de los negocios de Los Cachiros.

Conclusiones – Un juego peligroso

Las conexiones entre las élites hondureñas e importantes grupos criminales encajan, en muchas formas, en la urdimbre macro del desarrollo político y económico de Honduras. La economía de Honduras ha dependido por mucho tiempo de capital extranjero para estimular el crecimiento. Primero la minería y más tarde el banano se convirtieron en el núcleo de una economía que en su mayoría estaba en manos extranjeras. Después la diversificación económica, incitada por la ayuda extranjera y las remesas, se convirtió en el centro de un sistema crepitante que busca más facilitar el movimiento de capital extranjero que mejorar la capacidad de general capital localmente.

El narcotráfico a gran escala encaja en este sistema económico. Hace parte de la economía de servicios. Los mayores grupos son esencialmente facilitadores, que transportan cocaína ilegal de un lado a otro del  país. Sus ganancias son gigantescas remesas que se reinvierten en diferentes partes de la economía y el sistema político. La magnitud del negocio de la droga lo convierte en un participante formidable en la sociedad hondureña, tanto que desempeña un papel en el desarrollo de la economía y en la política partidista.

Esto se hace evidente en el caso de Los Cachiros, quienes han desarrollado sólidos vínculos con las tres categorías principales de élites en este país: la transnacional, la tradicional y la burocrática. Estas intersecciones son comunes a lo largo del país. Las élites tradicionales, cuya riqueza se concentra en proyectos relacionados con la tierra, como el café y el ganado, se entrecruzan en su mayor parte con grupos criminales en el ámbito político, donde estas élites han surgido en años recientes para desafiar a los operadores políticos de larga data en Honduras, las élites transnacionales. Esas élites transnacionales están más diversificadas y sus necesidades son distintas, pero algunas de ellas interactúan con los grupos criminales en la esfera económica, en particular en el sector financiero. Las élites burocráticas se cruzan con Los Cachiros en los negocios estatales y en asuntos de seguridad.

Esta relación entre Los Cachiros y las élites transnacionales se ilustra con mayor claridad con los tratos comerciales entre Los Cachiros y el Grupo Continental, el poderoso conglomerado propiedad de la familia Rosenthal. Es difícil saber qué podría motivar la relación entre el Grupo Continental y Los Cachiros, aparte de los negocios. En la superficie, esto puede parecer obvio. La industria bancaria, por ejemplo, busca capital; los intereses criminales tienen grandes cantidades de capital. Este capital, y las transacciones que involucra, da a los bancos un potente incentivo para eludir las prácticas de diligencia debida y “conocer al cliente” recomendadas por los reguladores internacionales.⁶⁶

Por su parte, los Rosenthal negaron que hubieran eludido alguna de sus responsabilidades. Dijeron que la debida diligencia del banco no descubrió nada que impidiera que el banco hiciera negocios con familia Rivera Maradiaga. Más aún, aseveraron que habían roto todas las relacionas con el grupo cuando el Tesoro de Estados Unidos declaró objetivo a Los Cachiros en 2013. “Nosotros no teníamos motivos para creer que ellos eran tan pícaros como resultaron ser”, comentó Jaime Rosenthal a InSight Crime.

“Porque no había ningún documento ni nada que dijera que ellos estuvieran involucrados en el narco”, añadió Patricia Rosenthal.

Lo mismo se aplica a la relación entre el Grupo Continental y los Cachiros aparte de la banca. InSight Crime no tiene evidencia, por ejemplo, que indique que las relaciones entre las operaciones de cría de ganado de los Cachiros y cualquier planta empacadora de carne fueran de naturaleza corrupta o más allá de la simple razón de que uno tenía un producto para la venta y que el otro quisiera procesarlo. De hecho, la superposición entre los Cachiros y el Grupo Continental podían hacerse pasar por circunstanciales: las dos familias podían fluir en los mismos círculos y simplemente tener intereses comerciales comunes.

Al mismo tiempo, sin embargo, es claro que Los Cachiros y los Rosenthal no vienen de los mismos círculos, ni siquiera cercanos. Las dos familias no vienen de la misma región ni de los mismos estratos económicos. Los orígenes de Los Cachiros como ladrones de ganado y narcotraficantes los ponen en una clase social diferente que la de uno de los mayores conglomerados de Honduras. Más aún, no hay nada que indique que Los Cachiros eran actores políticos o de negocios importantes antes de su súbito incremento de ganancias producto del tráfico de cocaína en grandes cantidades a través de Honduras.

Los incentivos que ponen a los Cachiros en proximidad con la familia Rosenthal no tienen que ser obvios para ser atractivos. Las empresas en manos criminales suelen tener múltiples fines. Para disimular sus ganancias ilícitas, por ejemplo, el crimen organizado puede ofrecer importantes incentivos financieros a empresas y clientes legítimos. En el caso de la industria financiera, la contraprestación podía estar en la gran cantidad de dinero que introducían en sus cuentas o en la cantidad que pagaban para mover el dinero entre dichas cuentas.

Los grupos del crimen organizado también pueden ofrecer excesivos descuentos en sus productos a sus clientes o asociados. Si bien los Rosenthal afirman no haber recibido ningún descuento por la compra de ganado de la familia Rivera Maradiaga, se dice que Los Cachiros emplearon esta práctica en sus ferreterías de Tocoa, que eran conocidos en el área por la venta de productos de bajo precio pero alta calidad. En estos casos, tanto los criminales como sus clientes ven la transacción como una ganancia: los clientes reciben productos económicos o grandes cantidades de capital, y los criminales lavan sus ganancias y obtienen una ventaja competitiva en el mercado. Esta ventaja competitiva se extiende a todos sus negocios.

La familia Rivera Maradiaga también fue un actor económico importante. En esencia, al negociar con la familia Rivera Maradiaga, el Grupo Continental se aliaba con un conglomerado económico importante que le suministraba capital y nuevas oportunidades de negocios, además de conexiones políticas y económicas. Los Rosenthal, por ejemplo, afirmaron que la familia Rivera Maradiaga era el distribuidor de leche más importante de Honduras y uno de los proveedores más importantes de ganado. Todos estos factores hacen más competitivo al Grupo Continental, lo que les permite expandir su control en algunas de las industrias más importantes del país. La relación con el Grupo Continental, a su vez, ofrecía a Los Cachiros un medio por el cual lavar sus ganancias a través de numerosos negocios con alta demanda de efectivo. En todo esto, el banco es la clave. Si el banco no realiza su debida diligencia, entonces todas las demás actividades pueden mover por sus puertas tanto de las ganancias ilícitas como sea necesario.

Las conexiones también dieron a Los Cachiros una mejor posición social. Esta apuesta por legitimarse funcionó. Los Cachiros, como dijo el director de la policía de Tocoa a InSight Crime, eran vistos como “señores del pueblo”, es decir, empresarios legítimos y agentes no oficiales del interés público. Cuando la familia Rivera Maradiaga emprendió uno de sus últimos proyectos, una gasolinera y un centro comercial, las élites de la zona estaban presentes, incluyendo a Ramón Lobo, el exdiputado y hermano del expresidente Porfirio Lobo.⁶⁷  Cuando el gobierno ordenó la incautación de sus empresas hubo grandes protestas en Tocoa.

“Si algo tuvieron los hermanos Rivera Maradiaga es que la gente les guardó siempre lealtad, ellos trataban bien a sus empleados y no sembraron miedo. La gente les guardaba respeto. Eran sanguinarios con sus enemigos, pero con los Colonos siempre fueron solidarios y colaboradores”, detalló uno de los agentes de inteligencia a La Prensa.⁶⁸

El número y el alcance de los intereses comerciales compartidos sin duda plantea interrogantes sobre si los Rosenthal sabían de las actividades ilícitas de Los Cachiros. Sin embargo, Honduras ofrece pocos impedimentos para el desarrollo de dichos vínculos. Los rumores sobre las ganancias lícitas e ilícitas de Los Cachiros se remontan a años atrás, pero ni la prensa ni el gobierno hablaba en público contra ellos. Aun después de que el Tesoro de Estados Unidos incluyera a Los Cachiros en su lista de “capos”, el entonces presidente Porfirio Lobo sólo hizo una referencia limitada e indirecta al grupo.

“Hay muchos grupos de investigación que indagan la conducta de todos, incluso de los grupos, ellos deben de conocer sobre los diferentes grupos”, comentó el presidente.⁶⁹

Cuando InSight Crime se reunión con ellos, los Rosenthal también se mostraron como víctimas. Alegaron que no tenían los recursos o los medios para verificar todos los antecedentes de sus clientes y comentaron que ésa debía ser función del gobierno.

“La obligación de nosotros debiera ser si hubiera una gente responsable que cualquier información que caiga en manos de nosotros se lo pudiéramos dar, y ellos la pudieran ir a revisar, que tuvieran la capacidad para irla a revisar, y digan “no es cierto, es un chisme callejero” o “es cierto, no hagan negocios con ellos””, aseguró Jaime Rosenthal. “Pero lo que está ahorita es que ellos están sentados a que nosotros decidamos quien es y no es delincuente. Para eso está el Estado, para eso está el gobierno, eso no es función de los bancos, no de las personas. Para eso se creó el Estado”.

En un punto, los Rosenthal realmente solicitaron ayuda del gobierno de Estados Unidos con su diligencia conveniente. “En Banco Continental, S.A. somos muy cuidadosos con nuestra empresa y nuestros clientes y queremos serlo, y dado que Grupo Continental participa en muchos negocios que incluyen la agroindustria, debemos ser especialmente cuidadosos sobre las personas con las que hacemos negocios”, decía una carta de marzo de 2012, escrita por Jaime Rosenthal dirigida a la Embajada de Estados Unidos. “Para nosotros es muy importante el buen nombre, y dado que la DEA y la Embajada de Estados Unidos son las personas mejor informadas de Honduras, agradeceríamos mucho si pudiéramos confirmar con la DEA algunos de los nombres de nuestros clientes para asegurarnos de no resultar implicados en ningún asunto que pueda perjudicar el buen nombre de nuestra familia”.⁷⁰

Independientemente de cuánto supieran los Rosenthal sobre las actividades ilícitas de sus socios, también tenían una excusa válida y legítima para no distanciarse de esas relaciones: no hay acusaciones penales contra ningún miembro de la familia Rivera Maradiaga en Honduras que prohibiera directamente al Grupo Continental hacer negocios con los Cachiros.

Esa zona gris, donde la legalidad está en entredicho, pero no se ha confirmado, es grande en Honduras y permite a los actores de la élite seguir trabajando con intereses sospechosos de ser ilícitos. Sin duda, las instituciones judiciales, los comités de vigilancia y los entes regulatorios son notablemente laxos, incompetentes y propensos a la corrupción en Honduras. En la mayoría de los casos, esto permite a las élites moldear y torcer las normas para mantener su posición social. En este caso, da a las élites transnacionales denegabilidad plausible y la capacidad de ajustarse a una nueva realidad económica y política —el poder en aumento del crimen organizado y las élites rivales— que de otro modo pondría en riesgo sus intereses. Como lo indicó Jaime Rosenthal a InSight Crime, “Nosotros no hemos hecho nada ilegal”.

Lo que motivó la relación entre Los Cachiros y las élites tradicionales y burocráticas es más difícil de probar en forma empírica. Políticos de la época y actuales parecían actuar como emisarios del grupo: ayudándoles a legalizar y legitimar sus posesiones económicas; garantizando una legislación favorable para sus intereses comerciales y protegiendo de procesos judiciales a ellos, a sus familias y a sus aliados cercanos. Quizás la ventaja más evidente para la organización criminal fue su capacidad de afectar la manera como se destinaban los dineros públicos en su área de influencia. La perspectiva de construir carreteras, por ejemplo, era muy atractiva para Los Cachiros en muchos aspectos. Con los proyectos de obras públicas, podían obtener un lucrativo contrato, que también les permitía ofrecer empleo local y acumular su capital social en el proceso; también les ofrecía un mecanismo mediante el cual lavar sus ganancias ilícitas, entregar comisiones ilícitas a sus operadores políticos y ayudar con las contribuciones a las campañas.

Sin embargo, la relación entre Los Cachiros y estas élites era mucho más profunda que el simple intercambio de favores. Si bien había los elementos esperados de provecho político, la alianza entre grandes grupos del crimen organizado y las élites tradicionales y burocráticas ha tenido un impacto que dura mucho más de lo que los contratos del gobierno pueden garantizar. Estos actores ilícitos están modelando un estado en el que la principal fuente de acumulación de capital depende de su combinación de capital ilícito y del gobierno, y del poder político que éste financia. Esto es especialmente cieto en países como Honduras, porque, como se anotó, las ganancias de estas organizaciones criminales pueden ser importantes, y porque sus inversiones y el gasto en la economía local pueden competir con los gastos del gobierno local y nacional.

El resultado es que se desfigura el cálculo económico-político y se catapulta una élite híbrida construida alrededor de estas operaciones lícitas e ilícitas. La base de esta corrupta alianza no es nueva. El sistema político en Honduras siempre ha sido financiado por los ricos. Los partidos políticos han estado mucho tiempo en deuda con estos financiadores de campañas, haciendo su oferta con exoneraciones de impuestos, concediendo contratos sin licitación, limitando la regulación y socavando el sistema de justicia. Los beneficiarios y financiadores del nuevo sistema, sin embargo, esperan esos y otros favores, incluida la promesa de limitar las investigaciones penales relativas al lavado de dinero, narcotráfico y homicidios, entre otros, y la capacidad de participar de la corrupción y el nepotismo tan prominentes en los tratos comerciales del gobierno.

El nuevo modelo se refuerza en diferentes formas. Los grupos criminales operan con impunidad y ayuda de políticos locales. Los grupos usan este poder económico para ejercer influencia en el proceso político respaldando a estos mismos políticos o apoyando partidos políticos. Los candidatos y partidos están en deuda con estos grupos criminales, y apoyan una legislación favorable que abre oportunidades de negocios para la alianza, y la presión en busca de medidas que limiten las operaciones de las fuerzas de seguridad. Los políticos —y sus élites burocráticas— también se aprovechan de estas relaciones para fortalecer su propia mano, extrayendo recursos de las arcas del gobierno o usando su influencia para favorecer sus propios intereses económicos y políticos.

Las implicaciones de estas alianzas son amplias. Diferentes movimientos políticos y económicos parecen estar desarrollándose alrededor de la afluencia y el movimiento de capital ilícito. Y mientras en un nivel este capital se acomoda en el plan histórico mayor del desarrollo político y económico de Honduras, hay algunas diferencias importantes sobre lo que ha pasado antes. Lo que separa este periodo de otros es la naturaleza ilícita de este capital y los peligros que plantea para la gobernabilidad democrática. El capital ilícito desvirtúa el campo de juego político y económico, y socava el proceso democrático mediante la influencia corruptora del dinero, y la amenaza del uso de la fuerza.

La situación ha llevado a una considerable tensión. Como se señaló anteriormente, algunos grupos de la élite han elegido alinearse con los generadores de este capital ilícito. Parece haber claros beneficios para estas conexiones y muy pocos obstáculos. El incentivo más claro es el acceso a esta enorme entrada de capital extranjero. Dado que hay poco riesgo de acciones judiciales, parece haber pocos inconvenientes para las élites. Siempre y cuando no haya acusaciones formales contra estos actores ilícitos, las élites en cuestión tienen la denegabilidad plausible.

Pero, ¿qué hay con quienes se resisten? Cruzarse a los actores criminales conlleva múltiples riesgos que van más allá de la pérdida de respaldo financiero. Los Cachiros, por ejemplo, esperan mucho de sus aliados políticos, y las la relaciones con representantes del Congreso han sido beligerante en ocasiones. Como se anotó antes, su apoyo a un representante dependía de muchos aspectos, incluyendo su capacidad para instalar un aliado en el Ministerio de Seguridad. El posterior asesinato del diputado ilustra lo alto de las apuestas. Como se observó en el caso del asesinato de Juan Gómez Meléndez, las apuestas parecen ser igual de altas para los grupos criminales. Al huir a Estados Unidos, los Cachiros pueden haber escapado de la ira de las élites.

El proceso se da en tiempo real, por lo tanto es difícil —y podría ser prematuro— estimar la influencia y el poder de estos intereses en convergencia, la sustancia exacta de sus alianzas o relaciones con las organizaciones criminales, y la manera como éstos dos interactúan en los diferentes planos social, político y económico. Lo que podemos decir, sin embargo, es que el cálculo de si alinear o no los intereses propios con los grupos criminales ha cambiado. Desde la perspectiva de las élites, decir no a estas alianzas puede tener peores implicaciones que decir sí. Esto, en parte, se debe a la percepción de que en Honduras, la política es un juego de ganar o perder. Como se hace evidente en el aumento de la deuda, la cantidad de recursos públicos y capital extranjero que ingresa al país no puede saciar el apetito de estas élites.

Así, pues, la discusión en Honduras no es sobre el bien o el mal, sino sobre la supervivencia. La situación parece estar llegando al punto en que todas las élites enfrentan el mismo dilema: alinear sus intereses con los narcopoderes que están brotando en el país, o esperar a que estos poderes asuman el poder de las palancas políticas y económicas más importantes del país. Al final, el dinero sucio que ofrecen los grupos y empresas criminales ilícitos puede marcar la diferencia entre ganar y perder una campaña política, asegurar o no un contrato importante o una asociación de negocios, y conservar o perder una posición privilegiada en la sociedad hondureña.

* Este informe fue escrito por Steven Dudley. Dudley, Javier Meléndez — que actuó como coordinador de investigación para este proyecto — junto con investigadores del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), asistieron en la investigación y la producción de este informe.

Notas al pie

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