En el momento en que Alexandra* se subió a su moto y se ajustó el casco supo que no había marcha atrás. Eran las cinco de la mañana y todavía estaba oscuro. Se giró rápidamente para ver a su acompañante, Catalina*, una niña de 14 años.  

Catalina usualmente se vestía con ropa ajustada y dejaba su cabello largo suelto, pero esa madrugada tenía puesta una camisa de hombre que le quedaba muy grande, una gorra que le ocultaba el pelo y un tapabocas que le cubría la mitad del rostro; para sus familiares y amigos habría estado irreconocible.  

Alexandra llevaba una chaqueta para protegerse del frio y usó el casco de la moto para recoger su cabello y esconderlo. Catalina la agarraba firmemente de su cintura, en parte por los nervios que sentía y en parte para no caerse de la moto.  

Alexandra encendió la moto y juntas salieron del casco urbano de Tibú hacia la vía que comunica con Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.  

Era agosto de 2021 y Catalina estaba huyendo porque unas horas atrás hombres armados habían llegado a su casa para asesinarla. Ella no era la única. Meses antes, 11 mujeres habían sido asesinadas en una ola de violencia sin precedentes en Tibú. Para final de año, ese número llegaría a 13. Además, al menos 35 mujeres más habían sido amenazadas por distintos medios y muchas de ellas habían huido del municipio con sus familiares, según pudo rastrear InSight Crime.  

Las amenazas comenzaron a circular a través de unos videos donde se les insultaba y agredía por tener relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza Pública. Luego, circuló una lista con nombres de mujeres que se creía eran las informantes de las autoridades. Y por último los asesinatos.  

Catalina había recibido una amenaza.  

La noche anterior, hombres armados irrumpieron en su casa y les dijeron a sus padres que la estaban buscando porque, supuestamente, ella había tenido una relación sentimental con un miembro de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); pero ahora ella tenía otra pareja. En la lógica de ese grupo, esto no estaba permitido. 

Catalina no estaba en su casa y los hombres se marcharon. Inmediatamente después, su mamá tomó el celular y llamó a Alexandra, quien pertenecía a un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos, y estaba ayudando a las víctimas de amenazas a salir del municipio. Para esa época ya había recibido decenas de llamadas parecidas.  

La mamá de Catalina le contó en medio del llanto la situación de su hija. Le preguntó si la podían ayudar. 

— ¿Confía en mí? — le preguntó Alexandra a la mamá. 

— Sí — dijo la mamá.  

— Déjeme la muchacha yo miro cómo la saco— le dijo Alexandra.  

Unas horas después Alexandra y Catalina estaban montadas en una moto, con ropa de hombre prestada y sus cabellos escondidos, avanzando por la carretera en medio de la oscuridad. A Alexandra le temblaban las manos, pero mientras agarraba el manubrio con fuerza lanzó una plegaria al cielo para que nadie se le atravesara en el camino; ella estaba decidida a no detenerse. Su meta era clara: sacar a Catalina de Tibú. 

Tibú es uno de esos municipios colombianos donde el conflicto armado no tiene fin. Aunque el gobierno nacional firmó un Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, grupos armados siguen en disputa por el control del territorio. Con poca presencia estatal y ubicado en la frontera con Venezuela, en Tibú operan el Frente 33, una de las múltiples disidencias de las FARC que operan en el país. Además, hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo guerrillero insurgente y otros grupos criminales. 

La presión e influencia que ejercen estos grupos son tan altas que la policía pasa la mayor parte del tiempo recluida en la estación debido a los constantes ataques en su contra que se intensificaron desde inicios del 2021. Ráfagas de fúsil, petardos y explosivos impactaron la estación. Incluso, el secretario de gobierno del municipio, Leonardo Rodríguez, le aseguró a InSight Crime que, solo hasta octubre de 2021, la policía se había animado a salir de la estación para recorrer el casco urbano y patrullar.  

Pero mientras la Fuerza Pública tiene la dificultad de garantizarle seguridad a los habitantes del municipio, otros actores armados los han reemplazado y han pretendido cumplir con el papel de autoridad en las calles. Por ejemplo, desde finales de 2021 y en lo corrido del 2022, la disidencia del Frente 33 patrulla, imparte justicia e impone reglas en Tibú.  

Vestidos con traje militar, con sus rostros cubiertos y portando brazaletes que los identifican, las disidencias han entrado a bares y billares para requisar a los clientes y verificar que no haya alteraciones de orden público en los locales. En otras oportunidades han aparecido en las vías principales para dirigir el flujo vehicular y para detener los automóviles que transitan. 

Incluso, estos hombres se han atrevido a enviarle mensajes a la comunidad desde la sede de la Alcaldía de Tibú, lo que ha encendido las alarmas entre los funcionarios públicos. 

“Vemos con preocupación cómo ellos [la disidencia] asumen el papel de la Policía y las repercusiones sobre nuestro municipio que ha sido uno de los más golpeados por la violencia”, aseguró Néstor Leal, el alcalde del municipio, después de que surgieran los videos de la disidencia justo frente a la Alcaldía, a periodistas de Caracol Radio.  

Lo que ha atraído a los grupos al territorio es el narcotráfico. Tibú es parte del departamento de Norte de Santander, ubicado en la frontera con Venezuela, y es reconocido como la puerta de entrada a una subregión en Colombia que se llama Catatumbo. 

El Catatumbo, que abarca 11 municipios de Norte Santander, es uno de los epicentros más importantes para la producción y exportación de cocaína. Solo en Tibú hay casi 22,000 hectáreas de coca, la mayor cantidad cultivos en Colombia, según el último censo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en esta región también se procesa el clorhidrato de cocaína y finalmente confluyen rutas de salida de la droga, aprovechando su cercanía con Venezuela. 

Muchas familias subsisten de sembrar y cosechar coca, raspar las hojas, producir pasta base, e incluso trabajar en los laboratorios de clorhidrato de cocaína. A veces es la única alternativa económica y en otras ocasiones es la única forma de resguardar su vida de los grupos armados. 

Los pobladores sufren confinamientos, desplazamientos masivos, asaltos, masacres, y asesinatos selectivos. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, en el departamento de Norte de Santander se contabilizaron alrededor de 329.000 personas afectadas por hechos de violencia armada según el monitoreo humanitario de las Naciones Unidas. En Tibú, en este mismo periodo, se han presentado más de 470 hechos violentos que han dejado aproximadamente 99.000 víctimas convirtiéndose en parte de la cotidianidad de sus habitantes.  

Pero una de las violencias más invisibilizadas ha sido la violencia contra las mujeres, quienes han sufrido de forma diferenciada señalamientos, amenazas, violencia sexual, desplazamiento y asesinatos. Y uno de los episodios donde la violencia contra las mujeres ha sido más evidente fue la ola de asesinatos que comenzó en abril de 2021. 

La primera mujer asesinada fue Nelly Avendaño, cuyo cuerpo fue encontrado en plena vía pública el 5 de abril. Después de ese caso, otras dos mujeres fueron asesinadas. No fue posible para las autoridades identificarlas, probablemente porque, según la información obtenida por organizaciones locales las dos víctimas eran migrantes y se llevaron los cuerpos al otro lado de la frontera para enterrarlos.  

Para el 14 de abril, el cuerpo de una mujer fue encontrado en medio de una plantación de palma en Campo Dos, un corregimiento de Tibú. La víctima fue degollada.  

La quinta muerte fue la de Geraldine Poveda, una mujer joven de 23 años, proveniente de Venezuela, que fue asesinada en el casco urbano del municipio, y quien supuestamente aparecía en los videos misóginos que estaban circulando en las redes sociales. Según habitantes de Tibú, Poveda tenía una relación sentimental con un soldado. 

El 24 de abril, otro cuerpo fue encontrado por las autoridades en Campo Dos, en este caso tampoco fue posible identificar a la víctima.  

Y el 28 de abril, familiares de Ana Julia Calderón la encontraron con varios impactos de bala en su apartamento, en la zona urbana de Tibú. Calderón también aparecía en los videos que circulaban en las redes.  

Al finalizar el mes de abril, siete mujeres habían sido asesinadas en Tibú. 

En los primeros días de mayo de 2021, un grupo de mujeres decidió realizar un plantón con el apoyo del párroco de Tibú para levantar su voz en contra de la violencia que estaban sufriendo las mujeres. 

La lideresa del grupo es Sol*, una mujer que nació y creció en Tibú, y que desde muy joven entendió su vocación de ayudar a la comunidad. Ella es una mujer tranquila, que habla pausado, pero con firmeza. Cada vez que tiene la oportunidad se pronuncia sobre las necesidades y los abusos que sufren los habitantes de la región y por lo tanto su teléfono no deja de sonar con llamados de auxilio. 

Sol dice que formó el grupo hace cuatro años, y desde entonces muchas otras lideresas del Catatumbo se han unido a esta iniciativa. El propósito es alzar la voz ante las injusticias y violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres, jóvenes, niños y niñas de la región a causa de la guerra. 

Alexandra fue una de las mujeres que poco después de que el grupo se formara decidió acompañar a Sol, y así ayudar a personas como Catalina a huir de Tibú. 

Ella es una mujer amable y cercana, pero puede llegar a mostrarse bastante seria cuando la situación lo amerita.  

Tanto Sol como Alexandra han sufrido pérdidas humanas y materiales como consecuencia de la guerra que se vive en Tibú desde que ellas tienen memoria. Alexandra recuerda los ríos de sangre que quedaron en las calles cuando un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización sombrilla de todos los grupos paramilitares en ese entonces, entró al casco urbano del municipio para atacar a las guerrillas. Sintió una zozobra profunda al ver a su esposo de espalda, sin camisa y con una pistola apuntándole en la cabeza mientras asesinaban a siete personas a su lado. Aunque ese día salieron ilesos, el trauma de ser testigos de esa masacre los persigue hasta el día de hoy. 

Años después, producto de la misma guerra, Sol perdió a su esposo y su hermano, pero prefiere no dar muchos detalles sobre el tema. Ella se enfoca en el presente, en hablar más de las violencias que sufren quienes la rodean y así dejar atrás el dolor que le causaron esas pérdidas. 

Por eso, cuando empezó la ola de asesinatos de mujeres en abril de 2021, ellas terminaron organizando la primera manifestación en contra de las violencias que estaban viviendo las mujeres del municipio. 

La acogida de la manifestación no fue muy alta y las pocas personas que se atrevieron a acompañar a Sol y Alexandra asistieron a una ceremonia religiosa en la iglesia del parque principal de Tibú y luego realizaron un pequeño plantón en el atrio. Algunas de las mujeres presentes se animaron a gritar: “¡Respeto por la vida de las mujeres!, ¡que vivan las mujeres tibuyanas!”.  

Pero su llamado fue en vano: al otro día asesinaron a otra mujer. 

Liliana Rincón iba conduciendo su vehículo en el casco urbano de Tibú cuando sujetos armados le dispararon. Rincón era esposa de un soldado del ejército, y de vez en cuando les vendía productos y llevaba encomiendas entre Cúcuta y Tibú, según una conocida suya que habló con InSight Crime bajo anonimato. 

No se tiene certeza si Rincón había recibido amenazas antes, pero su conocida nos informó que ella misma le había aconsejado dejar de hacerle “mandados” a la Fuerza Pública porque podría ser mal visto por los grupos armados. 

El grupo de mujeres defensoras interpretó el asesinato de Rincón como otra advertencia: quienes estaban asesinando a las mujeres no tenían intención de parar. 

Así que diseñaron otro plan: ellas mismas decidieron buscar a las mujeres que aparecían en los videos, ofreciéndoles su apoyo para salir de Tibú o para recurrir a las autoridades.  

“Aquí ya no podemos decidir ni de quién nos enamoramos”, aseguró Sol en una entrevista con InSight Crime meses después. 

Era hora de irse de Tibú. 

Durante una de las visitas que InSight Crime realizó a la zona, dos funcionarios de cooperación internacional, Carlos* y Ramiro* afirmaron que un grupo de mujeres habían sido reclutado por la Fuerza Pública como informantes y que eso pudo haber detonado la ola de violencia en Tibú. 

Ellos han trabajado por décadas en el análisis de situaciones de seguridad y protección de derechos humanos. Antes de trabajar en Norte de Santander, estuvieron en otras regiones de Colombia y conocen a profundidad las complejidades del conflicto armado en el país.  

Además, parte importante de su trabajo en el departamento es conversar con las comunidades y acompañarlas en los procesos de construcción de paz y defender sus derechos. Por esta razón, están en constante comunicación con la población, los liderazgos comunitarios, actores internacionales e instituciones del gobierno. Las comunidades confían en ellos. 

Según información que ellos recolectaron de sus visitas a campo para agosto de 2020, la Fuerza Pública y las fuerzas de inteligencia identificaron y reclutaron a unas mujeres en Tibú con características muy específicas: mujeres migrantes, jóvenes y con ciertos rasgos de belleza. 

De acuerdo a los testimonios de las comunidades que recogieron Carlos y Ramiro, a estas mujeres las citó la Fuerza Pública y les explicó que tendrían que infiltrarse en los grupos criminales para sacar información. 

“Les dijeron que iban a ser ‘detectives’”, señaló Ramiro con un gesto de comillas con sus manos.   

Según Ramiro, para diciembre del 2020, el grupo de mujeres se había instalado en unos bares de la zona rural y había logrado establecer comunicación con miembros de grupos armados. 

Pero, en algún momento, una de las mujeres que ya estaba vinculada sentimentalmente con uno de los criminales fue descubierta. Y esto desencadenó una serie de hechos que han sido muy difíciles de esclarecer.  

Según las fuentes de Carlos y Ramiro, la mujer logró avisarles a las otras compañeras que su infiltración en los grupos había sido descubierta.  

“La mujer desapareció”, sentenció Ramiro, y las otras mujeres buscaron la ayuda de la iglesia católica para salir del territorio, pero se desconoce su paradero, de acuerdo con la información que lograron recoger Carlos y Ramiro después de hablar con las instituciones religiosas. 

Después de que los grupos armados se enteraran de esta supuesta infiltración, comenzó la ola de asesinatos de mujeres en Tibú, según ambos funcionarios. Pareciera que los grupos armados entraron en una especie de paranoia y ante sus ojos, cualquier mujer con un vínculo con la Fuerza Pública era un blanco para ellos.  

Durante la visita al terreno, escuchamos versiones muy similares de esta historia de al menos otras dos fuentes de cooperación internacional y también de una organización defensora de derechos humanos. Sin embargo, en un territorio convulsionado y en guerra como Tibú es difícil corroborar este tipo de información. 

Cabe mencionar que en Colombia el uso de mujeres informantes es una táctica de guerra utilizada por todos los actores armados, tanto legales como ilegales, pero en InSight Crime no logramos conseguir testimonios de mujeres que hayan sido parte del supuesto plan e infiltración.  

Además, para conocer la versión de la Policía y el Ejército sobre estos hechos enviamos dos cuestionarios indagando sobre el uso de mujeres civiles como informantes. El Departamento de Policía de Norte de Santander respondió que entre 2020 y 2021 insertaron “un total de 13 mujeres como fuentes humanas las cuales aportaron información que permitió dar resultados relevantes en diversas zonas del [departamento]”. Por su parte, el Ejército no ha respondido a dicha solicitud hasta el momento de esta publicación. 

Para algunos activistas de derechos humanos de la zona, no hay duda de que las supuestas infiltraciones detonaron la ola de violencia. 

“Los asesinatos fueron por culpa de la Fuerza Pública”, expresó una habitante de Tibú, quien trabaja en la protección de derechos humanos, pero cuyo nombre omitimos por seguridad. “¿Cómo se les ocurre ir a meter a las mujeres al territorio? Sabían que las iban a poner en peligro”, nos dijo. 

El 2 de junio de 2021, Ludy Vásquez se encontraba en un local del mercado municipal de Tibú, en donde vendía frutas y verduras.  

Ella era extrovertida e irradiaba felicidad, según nos dijeron personas que la conocieron cuando visitamos el municipio y que hablaron con InSight Crime. Era amigable y siempre estaba dispuesta a ayudar a las personas cuando lo necesitaban. Pero su vida estaba en peligro. Días antes, su rostro sonriente había circulado en un video, y debajo de su foto había un letrero que la señalaba como “la moza del pueblo”. 

Ludy se encontraba a la espera de su siguiente cliente cuando llegaron dos hombres en una moto. Uno de ellos se bajó, entró al comercio, pretendió hacerle un pedido, sacó un arma y le disparó cuatro veces. Mientras los agresores huían, su cuerpo quedó tendido en el piso. 

Ella fue la tercera mujer asesinada que había aparecido en los videos y la décima en morir en solo dos meses en Tibú. Tenía 36 años. 

En Tibú ninguna muerte causó tanto revuelo como la de Ludy. Cuatro días después, el 6 de junio, Sol y su grupo de mujeres organizaron otra marcha para manifestar públicamente su rechazo a los asesinatos. 

A diferencia del plantón que habían organizado en mayo, que tuvo poca acogida; esta vez sí había asistentes. Aunque algunas mujeres del grupo no conocieron a Ludy personalmente, la vieron crecer mientras ayudaba a sus padres en su negocio en el mercado.  

“Ella era tibuyana y pues por eso fue que impactó, porque esa mujer no se metía con nadie. Entonces uno se pregunta por qué”, nos contó una conocida de ella. 

Así que aquella mañana las calles de Tibú se llenaron de un centenar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas vestidos de blanco quienes llevaban en sus manos globos morados y blancos. 

El recorrido de la marcha empezó en el aeropuerto, luego los participantes se dirigieron hacia la avenida principal y finalmente llegaron al palacio municipal, a la sede de la Alcaldía de Tibú. Allí los asistentes se quedaron sosteniendo carteles en silencio.  

Las carteleras escritas por Sol y las otras mujeres no querían ofender ni acusar directamente a nadie: quienes estuvieran viéndolas tenían que percibir la marcha como un acto de paz y no como un evento desafiante. 

“Las mujeres no quisieron escribir más sino puros textos bíblicos, de la vida de la mujer, que es el complemento del hombre”, nos contó Sol. “Que Dios hizo al hombre y la mujer para cuidarse. Solo algunas se animaron a escribir otras cosas como que tenían miedo, pero nada más”.   

Aunque en el ambiente se sentía un mayor apoyo para protestar en contra de la violencia que se estaba dando, esto no impidió que más mujeres decidieran salir desplazadas. Sol y su grupo trataron de ayudar a quienes pudieron y en algunos casos, la institucionalidad del municipio también las apoyó.  

Uno de los casos que conocieron y a quien lograron a ayudar fue a Ruth*, una mujer de 40 años. Ella y su prima trabajaban lavándole la ropa a los policías del casco urbano del municipio hasta la muerte de Vásquez. Ruth y Ludy eran amigas y mientras Ruth intentaba asimilar la noticia, un conocido le dijo que también la estaban buscando para asesinarla por trabajar con la Policía. 

Inmediatamente ella acudió a la personería de Tibú donde los funcionarios tomaron su declaración, le compraron un pasaje de transporte público y le pidieron que esperara en su casa y que no saliera para minimizar los riesgos.  

Al día siguiente, Ruth logró salir del municipio. A los pocos días llegaron sujetos armados a su casa y amenazaron a su prima.  

“Venimos a decirle a usted y a Ruth que, si van a seguir trabajando, ayudando y colaborando a esa gente [la policía] mejor que se vayan del pueblo o miren a ver qué van a hacer porque no vamos a responder”, le dijo uno de ellos. 

Tan pronto se fueron, la prima de Ruth llenó una maleta de ropa, agarró algunos utensilios de cocina y se fue sin mirar atrás. 

Mientras ambas mujeres se reencontraban lejos de Tibú y planeaban cómo rehacer su vida, en el municipio la tensión crecía.  

El 9 de junio, dos hombres ingresaron a la casa de Esperanza Navas, la fiscal seccional de Tibú, que llevaba más de 13 años en el municipio. Ellos la encontraron sentada frente a su computador trabajando y le dispararon nueve veces. Estaba muerta. 

La tarde del 10 de junio de 2021, en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, en un salón de las instalaciones de la Fiscalía y con un atril improvisado, se encontraba el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Mientras revisaba sus notas agitado, una decena de periodistas lo observaban.   

La Fiscalía había convocado a una rueda de prensa de último minuto en respuesta al asesinato ocurrido el día anterior de la fiscal Navas. Barbosa inició su intervención mencionando que la entidad tenía registrados ocho homicidios de mujeres ocurridos entre el 5 de abril y el 5 de junio. Además, afirmó que tenía un equipo trabajando para identificar factores comunes de violencia, coincidencias a nivel de heridas, tipos de armas y lugar de ocurrencia de estos asesinatos. Pero lo que no mencionó fue la palabra feminicidio. 

La ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia fue la ley 1761 del 2015. Más conocida como la “Rosa Elvira Cely”, en honor a una mujer de 35 años que fue brutalmente abusada y asesinada en el año 2012 en un parque de Bogotá, la capital del país. 

La ley busca prevenir y castigar el asesinato de una mujer por su identidad de género o por el hecho de ser mujer. También ha servido para conocer la magnitud y la frecuencia con la que ocurre este delito. En Colombia, desde el 2017, se han reportado un promedio de 553 feminicidios por año, según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia de la red Feminista Antimilitarista, aunque hay otras organizaciones que reportan variaciones en estas cifras.  (ver gráfico abajo). 

Para analistas legales y derechos de la mujer como Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer, una organización feminista que trabaja con mujeres víctimas de violencias, la ley ha servido para mostrar que las violencias que sufren las mujeres son estructurales y tienen raíces profundas en las relaciones desiguales de poder. 

“Lo importante de la categoría de feminicidio es que visibiliza una problemática real y los escenarios de riesgos que enfrentan las mujeres y, por tanto, permite que haya una intervención de política criminal especializada que pueda intervenir y prevenir la continuidad de ese tipo de hechos”, le aseguró Cabrera a InSight Crime. 

Si bien la ley implica un avance para combatir estos crímenes, por múltiples razones, su implementación ha sido difícil, especialmente en lugares como Tibú.  

Para comenzar, no se están siguiendo los protocolos para analizar las escenas del crimen. Cuando ocurre un homicidio, la Policía Nacional remite el caso a la Policía Judicial, o al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una dirección de la Fiscalía. Después, ambas entidades deberían acercarse hasta el lugar de los hechos para recoger la evidencia y registrarla. 

Sin embargo, en Tibú, el CTI no recoge los cadáveres en las escenas del crimen sino las funerarias. Esta práctica se estableció de manera informal hace varios años por falta de personal y por falta de garantías de seguridad a quienes realizan los procedimientos, pero se ha normalizado. 

“No se puede garantizar la seguridad de los funcionarios más allá del casco urbano”, nos aseguró un funcionario público cuyo nombre omitimos por razones de seguridad.  Otros dos funcionarios reiteraron las dificultades que existen para desplazar el personal hasta el lugar de los hechos. 

Incluso si las escenas de crimen fueran analizadas con cuidado, para los operadores judiciales es difícil entender y encontrar argumentos para sustentar cuándo ocurre un feminicidio. En la ley se plantearon seis circunstancias que obligan a la Fiscalía a investigar y determinar qué casos corresponden a feminicidios. Por ejemplo, se debería considerar si el agresor ejerció algún tipo de manipulación de género o sexual sobre el cuerpo y la vida de la víctima. También, se tendría que examinar si el agresor se aprovechó de las relaciones de poder (económica, militar, sexual, etc.) para hacerle daño a la víctima; o incluso si se cometió el asesinato para generar terror o humillación sobre un enemigo. (Ver diagrama abajo). 

De acuerdo con la experiencia de Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, para los fiscales también es difícil entender las distintas formas de violencia que anteceden a un feminicidio. 

Esto es aún más complejo en un municipio en conflicto como Tibú, donde hay una multiplicidad de actores y por ende se hace más difícil probar su involucramiento y motivación. Además, implica un esfuerzo extra investigar estos casos y probarlos en un sistema de justicia, donde los casos de violencia hacia las mujeres permanecen, en su mayoría, en la impunidad. 

“Los fiscales tienen una visión muy práctica, y no quieren que se les caigan los casos por cosas ‘exóticas’ con las que llegamos las organizaciones de mujeres”, nos explicó Linda Cabrera de SISMA Mujer.  

“No quieren correr el riesgo de irse con un feminicidio, [porque] decir que es un feminicidio les implica un trabajo adicional de justificación, de argumentación, también de materia probatoria, de análisis probatorio y de argumentación ante el juez, que la mayoría de los casos yo te podría decir no están dispuestos en la Fiscalía a hacerlo”, dijo Cabrera. “Eso es una gran barrera”, añadió la experta. 

Evidentemente ese temor de abrir otro flanco jurídico llegó hasta la cúpula de la Fiscalía. Durante la rueda de prensa en Cúcuta, además de obviar el tema de feminicidios, el Fiscal Barbosa insistió en que las medidas de seguridad y protocolos funcionan adecuadamente para los funcionarios públicos. 

“El personal se mantiene. Es que nosotros no vamos a declinarnos dentro de nuestra función de administrar justicia y de participar en las investigaciones. En Tibú estaremos y nos mantenemos como Fiscalía General de la Nación”, dijo en la conferencia de prensa.  

Sin embargo, cuando visitamos la zona unos meses después, funcionarios públicos nos aseguraron que no hay personal de la fiscalía seccional en Tibú.  

InSight Crime solicitó formalmente a la Fiscalía información sobre los asesinatos de mujeres, pero la entidad respondió que los expedientes se encuentran bajo reserva.  

De todos los casos, solo dos están siendo contemplados como feminicidios. 

Estaba todavía oscuro cuando Alexandra y Catalina llegaron a los límites del municipio de Tibú. La carretera estaba sola a esa hora, pero Alexandra sabía que los grupos armados vigilaban las entradas y salidas del municipio, sobre todo la vía que comunica con Cúcuta. 

En la entrada del municipio hay un peaje administrado por las disidencias de las FARC y quien entre al casco urbano debe pasar por ahí y, según varios habitantes de Tibú, pagar una cuota que sirve supuestamente para el arreglo de las vías. 

Por su lado, el ELN, el grupo guerrillero que opera en Tibú, tiene hombres vestidos de civiles en medio de la vía principal deteniendo a los carros y preguntándoles el propósito de la visita y la duración de la misma.  

Inicialmente ese grupo insurgente no parecía estar involucrado en los ataques sistemáticos a las mujeres de Tibú.  De hecho, el 3 de junio de 2021, circuló un panfleto del grupo en redes sociales en que insistió que “nuestra organización no está detrás de los videos y asesinatos (…) pero nuestro Frente de Guerra ha ordenado una investigación para determinar quiénes están promoviendo estos asesinatos y desprestigios para tomar correctivos”, asegura el comunicado. 

Sin embargo, en febrero de 2022 la Fiscalía acusó al grupo como el responsable de al menos dos de los asesinatos de mujeres ocurridos entre abril y junio de 2021.  

Por su parte, Alexandra sabía que los grupos iban a estar vigilando la carretera, pero esa madrugada de agosto de 2021, ella estaba decidida a no detenerse sin importar quien se les atravesara en el camino. Alexandra aceleró y afortunadamente pasaron por los puntos de vigilancia sin mayor problema.  

Después de una hora de recorrido, llegaron al sector conocido como la Y de Astilleros, donde la carretera se divide en dos: una vía para Cúcuta, y la otra para El Zulia, otro municipio del Norte de Santander. Alexandra se detuvo, le pidió a Catalina que se bajara de la moto y las dos se pararon allí a esperar.  

Alexandra revisó su celular, pero no había mensajes. Ella había pedido ayuda para llevar a Catalina a un lugar seguro, pero su contacto no había respondido. 

Pasaron cinco minutos, que parecieron una eternidad, cuando de repente llegó un carro. Lentamente se acercó a ellas, alguien bajó la ventana y le pidió a Catalina que se montara. Alexandra saludó discretamente y luego ayudó a Catalina a montarse, cuando el vehículo volvió a arrancar, ella se quedó mirando hasta que el carro se perdió en el horizonte.  

Alexandra se subió a su moto y arrancó nuevamente hacia su casa, esperanzada de que, si todo salía bien, Catalina estaría segura en otro municipio.  

Sin embargo, la misión de Alexandra no terminó con Catalina. Era más bien interminable: para esos meses muchas mujeres seguían buscando ayuda para escapar. Llegaron tantas peticiones que Sol y Alexandra empezaron a tomar las declaraciones. Y después de casi 20 meses del primer asesinato, el de Nelly Avendaño, el grupo calcula que ha ayudado a más de 70 mujeres bajo amenazas a salir del municipio, muchas de ellas con sus hijos, padres y parejas. 

La mayoría de ellas se fueron a pueblos cercanos donde se podían quedar con parientes y esperar que se calmara la situación. Pero otras se fueron lejos y es probable que no vuelvan nunca. 

Después de escuchar decenas de versiones, ellas nos contaron en noviembre de 2021, que habían identificado un patrón: Las mujeres amenazadas eran jóvenes y muchas de ellas habían tenido vínculos sentimentales con algún miembro de la Fuerza Pública o habían trabajado con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Sol y su grupo no pudieron establecer si las mujeres amenazadas habían sido reclutadas como informantes. 

De todas formas, este tampoco era un requisito para caer en la lista de víctimas potenciales. Bastaba que les cocinaran, les lavaran la ropa o simplemente les vendieran frutas y verduras.   

Adicionalmente, las mujeres amenazadas acusaban a los grupos al margen de la ley, tanto al ELN como a las disidencias del Frente 33, de ser los responsables de la mayoría de los asesinatos, pero también escucharon acusaciones en contra de la Policía. 

“Y entonces la situación es de alta complejidad en el territorio… Es como una pelea. Tú me asesinas una y yo una”, concluye una de las mujeres del grupo.  

Mientras, el grupo de mujeres continuaba con su labor, los grupos armados observaron. En septiembre de 2021, el ELN llegó hasta la casa de Alexandra en medio de la noche y la amenazó por estar “interponiéndose” en los asuntos de ellos y ayudando a salir a las mujeres. 

Alexandra decidió quedarse en Tibú. Pese a que vive con miedo por la amenaza que recibió, ella quería conservar su empleo y seguir ayudando a través de su grupo de mujeres. 

Entonces la violencia que empezó impactando a ciertas mujeres de Tibú terminó extendiéndose y afectando a otras mujeres y sus familias, e incluso al grupo de mujeres que decidió ayudar a las víctimas. (ver gráfico explicativo). 

Sumado a las amenazas en contra de las lideresas, los asesinatos volvieron.  

En diciembre de 2021, Dalgi Liliana Caamaño fue degollada en su propia casa. Además, tenía otra herida profunda en la nuca, al parecer, causada con un machete. En su casa todo quedó desordenado, por lo que las autoridades declararon que se había tratado “de un robo”. Y como en ocasiones anteriores, miembros de la funeraria se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo a Medicina Legal, según informó la Opinión. 

En junio de 2022, Nelly Luna Garcés fue asesinada por desconocidos y su cuerpo fue encontrado en una vía que comunica el casco urbano de Tibú con La Gabarra.  

Además, en los últimos meses volvieron a circular otros videos misóginos y se recrudecieron las represalias contra los habitantes del municipio, incluyendo niños y niñas, que incumplan las reglas sociales de los grupos armados. 

Mientras tanto la institucionalidad parece estar desconectada de la realidad. La Fiscalía General de la Nación aseguró haber esclarecido el 81% de los casos al emitir órdenes de captura para varios miembros de las disidencias de las FARC y el ELN.  

Aunque la institución argumenta que ha avanzado con determinación en el esclarecimiento de casos, aún no hay capturas ni condenas.  

Y la violencia contra las mujeres sigue.  

*Los nombres de las protagonistas fueron cambiados para proteger su identidad.