En 2021, las autoridades mexicanas capturaron a un empresario asiático-mexicano en un puerto del país y decomisaron 23 toneladas de drogas. El manifiesto de carga indicaba que el empresario había importado “cloruro de calcio”, pero los resultados de laboratorio mostraron que parte de la carga era fentanilo, el opioide sintético responsable de decenas de miles de sobredosis en Norteamérica.
Las autoridades dijeron que también encontraron cocaína, marihuana y metanfetamina, además de otros tipos de mercancías no identificadas. Aunque no revelaron la cantidad de cada una de las drogas que incautaron, los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijeron que la red incluía al empresario, su esposa, su hija y varios asociados distribuidos por el mundo.
El empresario era copropietario de una empresa de “bolsos para dama”, así como de otras dos empresas que la UIF identificó simplemente como empresa X y empresa Y. Las alarmas se encendieron porque la empresa de bolsos no tenía empleados en su nómina. Además, entre 2015 y 2016 registró depósitos valorados en cerca de US$140.000, el 98% de los cuales estaban relacionados con operaciones de venta de divisas.
*Este artículo forma parte de una investigación de dos años que rastreó la cadena de suministro de precursores químicos que ayudan a la producción de metanfetamina y fentanilo en México. Lea los demás artículos de la investigación aquí y el informe completo aquí.
Intrigados por el caso, los funcionarios de la UIF continuaron la investigación y descubrieron que la empresa de bolsos también “coordinó el envío” de 16 toneladas de precursores químicos a una “empresa agroindustrial”. Los funcionarios encontraron que esta empresa tenía tres propietarios, los cuales eran testaferros del empresario asiático-mexicano.
En total, la UIF rastreó cientos de depósitos en efectivo y con cheques, así como cientos de retiros y transferencias entre estas diferentes empresas. Según las autoridades, todas estas transacciones eran esfuerzos para esconder las importaciones ilícitas y lavar ganancias.
Este caso habría sido emblemático en México. Sin embargo, no era real. Era parte de un caso de estudio, o una “tipología”, que la UIF estaba utilizando para ilustrar el lavado de dinero relacionado con la industria de las drogas sintéticas.
La ironía es que, aunque el caso parece estar basado, al menos en parte, en una investigación real, las autoridades mexicanas afirmaron que no identificaron ningún caso de lavado de dinero relacionado con drogas sintéticas o precursores químicos en México tras nuestras solicitudes de acceso a la información. Tampoco declararon casos que hayan llevado a la extinción de dominio.
“Consulté todas las fuentes”, dijo una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) a InSight Crime en un mensaje de texto. “No tenemos dato alguno”.
Por un lado, la escasez de casos es sorprendente. Estados Unidos ha presionado a México para que se concentre en frenar el flujo de drogas sintéticas ilícitas, sobre todo el fentanilo. Y enfocarse en detectar el flujo de dinero para pagar precursores químicos, así como las ganancias que generan las drogas sintéticas, parecería ser una prioridad importante para investigadores estadounidenses. Desde 2008, Estados Unidos ha gastado más de US$3 mil millones en capacitar y equipar a las autoridades mexicanas, lo que incluyó apoyo para fortalecer a la UIF.
Pero, por otro lado, el gobierno mexicano actual frecuentemente le ha restado importancia al impacto de las drogas sintéticas. Si bien la FGR ha reconocido el problema, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad Pública han negado constantemente que el fentanilo se produzca de manera clandestina en México, a pesar de que hay amplia evidencia que sugiere lo contrario. El gobierno también ha minimizado el consumo de drogas sintéticas en México, especialmente la metanfetamina, pero también el fentanilo.
Esa actitud parece haber permeado otras instituciones. En su informe anual de riesgos más reciente, publicado en noviembre de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no destacó ninguna preocupación con respecto al flujo de dinero para precursores químicos, fentanilo o metanfetamina, o las ganancias obtenidas de estas sustancias.
Es como si el problema no existiera.
No seguir el rastro del dinero
Es común decir que las autoridades deberían de “seguir el dinero” (o “follow the money” en inglés). Sin embargo, las cantidades de dinero en el caso de los productos químicos son relativamente pequeñas.
InSight Crime estima que los fabricantes de drogas sintéticas producen un máximo de 4,5 toneladas de fentanilo puro y un máximo de 434 toneladas de metanfetamina para satisfacer la demanda del mercado de consumo en Estados Unidos. Con base en nuestras entrevistas con productores de fentanilo y metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, estimamos que los costos de las sustancias químicas requeridas para producir estas cantidades oscilan entre US$9 millones y US$22,5 en el caso del fentanilo, y entre US$83,3 y US$126,5 para la metanfetamina.
Las ganancias netas de las ventas de drogas sintéticas también son relativamente pequeñas. InSight Crime estima que el mercado mayorista de fentanilo en México oscila entre US$15,7 millones y US$40,5 millones, y el mercado mayorista de metanfetamina en México se acerca a los US$330 millones. Al cruzar la frontera, los precios de estas drogas aumentan de manera considerable: entre US$27 millones y US$67,5 millones para el mercado mayorista de fentanilo en Estados Unidos y hasta US$1 mil millones para el mercado mayorista de metanfetamina.
Sin embargo, estas cantidades siguen siendo menores en comparación con otros mercados criminales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) estima que la corrupción en México vale alrededor de US$700 millones. Asimismo, la organización Global Financial Integrity estima que todos los mercados ilícitos en México valen hasta US$62 mil millones, de los cuales US$44 mil millones se lavan en México.
Incluso si el gobierno de México quisiera perseguir esos US$44 mil millones, sería difícil. Pocos gobiernos tienen la capacidad, los recursos y la voluntad para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Incluso en Estados Unidos, donde la frase sobre seguir el dinero se repite hasta el cansancio, los casos de lavado de dinero no son procesados frecuentemente. Y solo pocos de los que sí se procesan están relacionados con el tráfico de drogas. En 2022, el último año del que hay datos, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos dijo que los tribunales federales del país habían procesado a 1.001 individuos por lavado de dinero. Pero solo el 17% de ellos estaban involucrados en casos de “sustancias controladas, violencia, armas, seguridad nacional o la explotación sexual de un menor”.
Por otro lado, es difícil sostener este tipo de casos, incluso los más emblemáticos. Por ejemplo, en marzo de 2010, el Banco Wachovia, que había sido adquirido recientemente por Wells Fargo, pagó al gobierno federal de Estados Unidos una multa de US$160 millones por presuntamente lavar US$420 mil millones en ganancias del tráfico de drogas desde México a través de centros de cambio de divisas entre 2003 y 2008. Sin embargo, ningún funcionario del banco fue procesado.
En 2012, el gobierno de Estados Unidos impuso más de US$2 mil millones en multas y penalidades a HSBC, el banco con sede en Londres, por no “monitorear” más de US$670 mil millones en transferencias bancarias de y hacia México entre 2006 y 2010. Y aunque la empresa “recuperó” bonos otorgados a sus “funcionarios especializados en anti-lavado de dinero más senior”, nadie fue procesado.
En resumen, aunque los agentes estadounidenses contaron más de US$1 billón en fondos presuntamente lavados en ese período de ocho años, nadie fue a prisión.
Este problema también surge al investigar los flujos de precursores químicos. Un exinvestigador de la oficina del Control de Desvíos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar, dijo que el análisis financiero casi siempre se realizaba de manera reactiva. Y cuando se trataba de investigar empresas chinas que operaban a través de la dark web o utilizaban criptomonedas, las autoridades estadounidenses tenían una visibilidad limitada o nula.
“Nos topamos con pared”, dijo el investigador.
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En México, la situación podría ser peor. Una evaluación de 2018 realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional de vigilancia intergubernamental, encontró que, aunque el gobierno tiene un régimen sólido de prevención de lavado de dinero y una buena comprensión de las amenazas de esta actividad, “se enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero”, principalmente derivado de actividades relacionadas con el crimen organizado.
Específicamente, el GAFI señaló que la UIF —la agencia de inteligencia responsable de identificar anomalías en las declaraciones de ingresos, transacciones financieras, registros de empresas y otros medios de ocultar o camuflar actividades ilícitas— no estaba generando un “volumen” suficiente de información para la FGR, el organismo gubernamental encargado de llevar a cabo las investigaciones judiciales.
Por su parte, la FGR también se quedó corta. Según el GAFI, el lavado de dinero “no se investiga de manera proactiva y sistemática, sino más bien, de manera reactiva, caso por caso”.
El resultado es la escasez de investigaciones mencionada anteriormente. Entre 2013 y 2016, el GAFI catalogó 339 casos. De estos, 103 dieron como resultado la condena de solo 53 personas.
“Las cifras cuestionan la efectividad de las investigaciones”, escribió el GAFI, quizás subestimando la grave deficiencia de México en sus esfuerzos por seguir el rastro del dinero.
Flujos de dinero hacia China: la prevalencia de las criptomonedas
Uno de los aspectos positivos que el GAFI señaló en su informe de 2018 fue la cooperación de la UIF con gobiernos extranjeros en sus investigaciones. Al menos una de estas investigaciones, un caso liderado por Estados Unidos sobre un clan con base en China, ofrece una visión de cómo las redes de drogas sintéticas compran productos químicos en ese país.
En 2018, el gobierno de Estados Unidos presentó una extensa acusación contra Fujing Zheng y su padre Guanghua Zheng, quienes estaban al frente de la “organización de tráfico de drogas Zheng”, y delineó las actividades que la red llevaba a cabo en todo el mundo. Los Zheng comercializaban “síntesis personalizadas” de productos químicos y drogas sintéticas, exportaban de manera regular al menos 36 drogas sintéticas y precursores químicos, incluyendo fentanilo, análogos de fentanilo y otros opioides sintéticos.
En la acusación no se menciona el rol de México. Sin embargo, El Heraldo, citando un documento de inteligencia filtrado, informó que la UIF también había investigado a la red Zheng. Además, en nuestra propia investigación, encontramos numerosas conexiones entre las empresas de los Zheng y México. Específicamente, mediante un análisis de datos de la cadena de suministro utilizando datos de Altana, una empresa que proporciona un mapa dinámico de las cadenas de suministro globales, rastreamos una empresa mencionada en la acusación, Global United Holdings, que registró pequeños envíos de textiles a dos empresas en México y una en Estados Unidos.
La acusación de Estados Unidos identificó a otra empresa, Shanghai Pharmaceutical Company, como la “cara legítima” de la organización criminal. En Altana encontramos que esta empresa envió maquinaria de laboratorio e instrumentos médicos a cinco empresas diferentes con sede en México. Esto incluía una máquina de ampolletas, una “máquina mezcladora de polvos”, prensas de pastillas y mezcladoras de productos químicos. La plataforma de Altana también registró pequeñas transacciones de otra empresa, Cambridge Chemicals, a cuatro empresas en México. Estas transacciones incluyeron envíos de bentonita, ácido fosfórico, lauril éter sulfato de sodio y azúcar, sustancias que pueden usarse como productos químicos esenciales o mezcladores en la producción de pastillas de fentanilo.
La acusación menciona, sin mayor detalle, los métodos que la red utilizaba para recibir dinero. Inicialmente, los pagos por las sustancias químicas y las drogas sintéticas se realizaban a través de transferencias bancarias regulares, pero una mayor vigilancia por parte del gobierno chino sobre sus instituciones financieras presuntamente obligó a los Zheng a cambiar a criptomonedas, como Bitcoin.
Por sí solas, las transacciones de criptomonedas no son ilegales, pero algunas de las acciones de los Zheng podrían serlo. Por ejemplo, la acusación afirmaba que la red “falsificaba transferencias de fondos y dirigía a los clientes a falsificar transferencias de fondos”; utilizaba “transacciones estructuradas”, para evitar activar las alarmas que requieren salvaguardias institucionales y registros, y “burlaba las restricciones y requisitos de informes chinos sobre la entrada y salida de moneda fiduciaria” de China.
Nuestra investigación corroboró algunos de estos patrones, especialmente aquellos relacionados con el uso de criptomonedas para pagar a proveedores chinos. Varios productores independientes de fentanilo y metanfetamina en México le dijeron a InSight Crime que los vendedores de productos químicos en China parecían preferir las criptomonedas para recibir transacciones a pequeña escala; la segunda opción era transferencias bancarias. Y en nuestras interacciones con proveedores químicos en la web abierta y la dark web, también encontramos que preferían criptomonedas, específicamente Bitcoin.
Estos métodos también fueron evidentes en una reciente serie de acusaciones publicadas en junio de 2023 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En uno de los documentos, los fiscales mencionaron a una empresa química en China que recibía pagos a través de criptomonedas antes de enviar precursores químicos de fentanilo a México y Estados Unidos.
La acusación de junio de 2023 no especifica qué criptomoneda se utilizó ni cómo se realizaron las transacciones, pero los investigadores y fiscales contactados por InSight Crime dijeron que el uso de criptomonedas por parte de redes criminales está evolucionando. Mientras que la red Zheng utilizaba Bitcoin y hacía poco por ocultar estas transacciones, según un investigador que trabajó en ese caso, las redes criminales recientemente han comenzado a usar Tether y pueden estar empleando aplicaciones como “blenders” o “mixers” —que mezclan transacciones para oscurecer sus orígenes— para confundir el rastro de las criptomonedas.
Con una capitalización de mercado de más de $100 mil millones, Tether es una de las criptomonedas más negociadas en el mundo y la “stablecoin”, es decir, vinculada al dólar estadounidense, más negociada. Es atractiva para los traficantes por varias razones. En un informe publicado en enero, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) señaló que Tether se había convertido en “la opción preferida para los lavadores de dinero de criptomonedas en el este y sudeste asiático debido a su estabilidad y la facilidad, anonimato y bajos costos de sus transacciones”.
Esta criptomoneda se negocia en cantidades tan grandes que también puede estar sirviendo a clientes mayores. En abril, Reuters informó que la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, estaba utilizando Tether para eludir las sanciones de Estados Unidos. Y un investigador, que monitorea transacciones ilegales de drogas a gran escala en millones de dólares, dijo a InSight Crime que había observado el comercio de grandes cantidades de Tether.
La plataforma de negociación también puede ser importante. El investigador citado anteriormente dijo que los traficantes estaban utilizando Tron, un sistema operativo descentralizado basado en blockchain. Tron fue fundado en Singapur y tiene nodos operativos en todo el mundo, con una mayor concentración en China, según Messari, una compañía de investigación de mercado. Según el investigador, es una plataforma atractiva para las organizaciones criminales, ya que está principalmente basada fuera de Estados Unidos y pueden evitar el escrutinio de las autoridades de ese país.
Otro investigador al que contactamos, quien ha examinado la cadena de suministro de drogas sintéticas desde China, señaló que, además de Tron, los traficantes estaban utilizando Ethereum, otro sistema operativo basado en blockchain. El investigador supuso que esto se debía a que las redes criminales “pagan menos tarifas” por estas transacciones, en comparación con servicios de criptomonedas radicados en China, como Binance.
Al menos una aplicación en Ethereum ha enfrentado escrutinio. En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, un “mixer” que operaba en la plataforma Ethereum. Según el Departamento del Tesoro, el mixer facilitaba “transacciones anónimas al ocultar su origen, destino y beneficiarios”. Y en agosto de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al creador de Tornado Cash de facilitar el lavado de hasta US$1 mil millones en ganancias criminales.
Este fue el segundo gran esfuerzo para frenar a los mixers. Pero el constante juego del “gato y el ratón” es difícil, en parte debido a la naturaleza descentralizada del negocio de las criptomonedas. Por su parte, Tether respondió al informe de la ONUDD, diciendo que estaba “decepcionado” con la evaluación y que sus sistemas de monitoreo superaban con creces a los de los bancos tradicionales. También dijo que había congelado US$300 millones en los últimos meses, y en mayo, la compañía anunció una asociación con la firma de análisis de blockchain, Chainalysis, para desarrollar una “solución personalizada” para rastrear flujos de dinero ilícitos.
No hay coordinación entre las partes
Hay muchas razones por las cuales México no tiene casos relacionados con el financiamiento de precursores químicos o el lavado de dinero procedente de drogas sintéticas. Todo comienza con la falta de datos confiables. Por ejemplo, no hay estimaciones precisas sobre la magnitud y alcance del lavado de dinero en México. Como lo señala la propia UIF en su Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, “el Estado Mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país, debido a que realizar un documento de este orden pudiera contener variables no confiables”.
La UIF sí proporciona estadísticas sobre denuncias criminales (166 en 2023) y personas y entidades cuyas cuentas han sido incluidas en la “lista de bloqueo”, – 6.969 personas o entidades y 45.342 cuentas congeladas, que suman 4.450 millones de pesos (alrededor de US$262 millones) en fondos bloqueados hasta febrero de 2024. Sin embargo, no es posible saber cuántas de las denuncias criminales han llevado a procesos judiciales ni, según su propia admisión, cuál es la importancia de los fondos congelados en relación con el total de los ingresos ilícitos que se blanquean en México.
La falta de transparencia del gobierno en estos asuntos se ha señalado en foros públicos. La opacidad de la UIF ha generado acusaciones recurrentes de sesgo político, incluso en la Cámara de Diputados. De manera similar, la FGR no proporciona estadísticas sobre el enjuiciamiento por lavado de dinero y no ofrece ningún contexto sobre la confiscación de bienes provenientes de procesos judiciales en los que está involucrada. No obstante, afirma que el valor total estimado del lavado de dinero para el año más reciente del que tiene estadísticas, 2022, fue de 1.500 millones de pesos (o alrededor de US$88 millones). Esto representa aproximadamente un tercio de lo que la UIF ha bloqueado.
Pero el centro del problema parece ser un conflicto entre estas dos agencias y una discrepancia sobre cómo enjuiciar casos de lavado de dinero. Si bien el lavado de dinero puede ser procesado por sí solo, la mayoría de los casos de lavado de dinero vienen con lo que se conoce como un “delito precedente”. En otras palabras, hay un acto criminal que precede al blanqueamiento de ingresos, como el tráfico de drogas, el tráfico de personas o la corrupción.
En el caso de México, estas persecuciones están sujetas a diferentes procesos de investigación con distintos objetivos y capacidades institucionales. Si bien tanto la ley contra el lavado de dinero en México como el código penal federal otorgan poderes significativos de supervisión e investigación a la UIF, esta es, en última instancia, una agencia de recopilación de inteligencia. La evidencia que tiene suele ser cruda y está relacionada con patrones de mal comportamiento, que luego pasa a la FGR, la entidad responsable de enjuiciar los casos.
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Por su parte, la FGR tiene numerosos departamentos especiales que pueden continuar estas investigaciones. Sin embargo, los fiscales necesitan pruebas que puedan resistir el escrutinio judicial, lo que a menudo requiere más trabajo de investigación que no están preparados para hacer, no tienen tiempo debido a la carga de trabajo y la falta de personal, son sobornados por actores corruptos, o no creen que sea necesario hacerlo, ya que la mayoría de sus casos ya incluyen delitos precedentes que pueden llevar a sentencias de prisión.
El resultado es que se procesan muy pocos casos de lavado de dinero, y no encontramos ninguno que esté conectado con precursores químicos o la distribución y venta de drogas sintéticas. En su informe de 2018, el GAFI señaló que “la inteligencia financiera no conduce a menudo a iniciar investigaciones de lavado de dinero”, señalando una diferencia significativa en las prioridades entre la UIF y las autoridades judiciales.
“Ante la grave amenaza que representan los principales delitos precedentes, las autoridades competentes otorgan mucha más prioridad a la investigación de los delitos precedentes y se presta poca atención al lavado de dinero”, escribió el GAFI.
La desconexión entre ambas agencias a menudo se manifiesta en público. En 2020, por ejemplo, el actual fiscal general Alejandro Gertz dijo a Aristegui Noticias que el fracaso de la FGR en el enjuiciamiento de casos se debe a que las denuncias de la UIF “carecen de pruebas”.
Fue como si el fiscal general pensara que la UIF era una unidad procesal adjunta.
Flujos de dinero desde México
Otra investigación de Estados Unidos en la que participó la UIF fue contra la red Zamudio Lerma. En febrero de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la red por su papel como proveedores de precursores del Cartel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro nombró a varios miembros y asociados de la familia Zamudio Lerma, así como a una serie de empresas que les proporcionaban la infraestructura necesaria para blanquear tanto los precursores químicos como los beneficios de estas ventas. Esto incluía una empresa de importación y exportación, una farmacia, una empresa de ferretería y una inmobiliaria. Además, una lista de sanciones del Departamento del Tesoro publicada en julio de 2023 nombraba a otro miembro de la familia que había sido director del Hospital General de Culiacán y sancionaba a una empresa de importación y exportación llamada REI Compañía Interacional, que, utilizando Altana, investigamos.
Según los registros de envíos a los que tuvo acceso Altana, REI mantenía relaciones con al menos tres empresas químicas con sede en Hong Kong y China. Una de ellas, Tai’an Herris Chemical Co., Ltd., envió 192 toneladas de n-metilformamida, una sustancia de doble uso que está estrictamente regulada debido a su uso en la síntesis de metanfetamina. Los registros muestran que Tai’an Herris Chemical también envió 9,6 toneladas de tioglicolato de metilo y 21,12 toneladas de isobutironitrilo a REI entre abril y octubre de 2020. Otra empresa, Shandong Tai’an Construction Engineering Group, realizó al menos nueve envíos de un total de 128 toneladas de n-metilformamida, 40 toneladas de ácido tartárico y 19,2 toneladas de isobutironitrilo a REI entre mayo y noviembre de 2020. Todas estas sustancias pueden utilizarse para producir metanfetamina.
A pesar de la participación de numerosas fuerzas del orden —el FBI, la DEA y agencias gubernamentales mexicanas—, hasta el momento de la publicación no se conocían cargos formales contra ningún miembro de la red ni en Estados Unidos ni en México.
Sin embargo, los envíos parecen ilustrar un patrón importante en lo que se refiere a los precursores de la metanfetamina y los pagos por ellos: Los productores de metanfetamina importan preprecursores y sustancias químicas esenciales menos reguladas y, en estos casos, hay poca necesidad de ocultar las sustancias químicas o los métodos de pago.
Es más, los pagos por preprecursores de metanfetamina y productos químicos esenciales pueden ocultarse entre grandes órdenes de compra que a menudo incluyen muchos otros productos químicos que no tienen usos ilícitos.
De hecho, utilizando Altana, encontramos numerosas empresas en México que siguen un patrón similar. Por ejemplo, una empresa con sede en Monterrey, que no nombramos porque no ha sido sancionada ni acusada penalmente, trata frecuentemente con empresas chinas que venden sustancias controladas. Y reportó la importación de 950 toneladas de cloruro de metilo en una docena de envíos diferentes, así como la recepción de un cargamento de 26 toneladas de ácido acético. La primera sustancia es un producto químico esencial para la producción de metanfetamina y no está regulada en México. La segunda es un preprecursor de la metanfetamina y el fentanilo que sí está regulado en México. Además de estos productos químicos, la empresa importó cientos de toneladas de otros productos, incluidos productos de limpieza, disolventes industriales, plásticos y jabones.
Por lo que podemos deducir, lo más probable es que los pagos por estos productos químicos se realizaran mediante transferencias bancarias, se notificaran a las instituciones financieras y no levantaran sospechas, dada la gran cantidad de transacciones químicas incluidas en las órdenes de compra. En resumen, cuando se trata de precursores de la metanfetamina, ni los envíos ni los pagos harán saltar las alarmas de los investigadores.
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Pero cuando se trata de precursores de fentanilo, encontramos un patrón diferente. Según los datos de Altana, a partir de 2020, REI recibió una serie de envíos aleatorios que no parecían corresponderse en absoluto con sus prácticas comerciales habituales.
En uno de ellos, la empresa Cameron Sino Technology Limited, realizó al menos 40 envíos de lo que figuraban como “baterías de litio” y “cargadores de baterías de litio” a REI entre agosto de 2020 y marzo de 2023, con la ayuda de un intermediario con sede en Ciudad de México. Otras empresas indicaron que sus envíos a REI incluían candados para motocicletas, pinturas, juguetes para mascotas y candados de seguridad.
Los investigadores del gobierno dijeron a InSight Crime que estos tipos de envíos aleatorios levantaron alertas rojas debido a la posibilidad de que estuvieran etiquetando mal los artículos para los manifiestos de envío y los conocimientos de embarque. Los cambios se producían a menudo tras modificaciones de la normativa en China, y aunque las cantidades y pesos declarados de las mercancías enviadas seguían siendo los mismos, los nombres de lo que se enviaba cambiaban.
El patrón era particularmente cierto en lo que se refiere a los precursores del fentanilo, y es una práctica común que las autoridades han identificado en otros casos, según las entrevistas de InSight Crime con la marina mexicana y funcionarios portuarios retirados, así como por nuestras interacciones clandestinas con proveedores de productos químicos en China.
Esto se debe, en parte, a que la cantidad de precursores necesaria es mucho menor que la necesaria para producir metanfetamina.
Así, disimular el movimiento de las sustancias químicas en pequeños envíos de productos aleatorios se convierte en un proceso sencillo.
Los investigadores también señalan que los pagos por precursores de fentanilo se ocultan fácilmente en medio de un mar de transacciones aleatorias. Aparte de las criptomonedas, como en el caso de la red Zheng, los pagos se mueven a través de transferencias bancarias y servicios como Western Union.
En algunos casos, las redes delictivas también pueden intercambiar bienes por precursores. Por ejemplo, en diciembre de 2022, José Alfredo Ortega, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, dijo a InSight Crime que intermediarios y compradores en el estado intercambiaban hierro extraído de minas ilegales en la costa del estado por precursores químicos.
“Se encontró que se estaba vendiendo de manera irregular a los chinos el hierro y pues vienen a comprar hierro, pero vienen a depositar aquí precursores químicos”, afirmó Ortega.
Dos miembros de un grupo armado de la localidad de Aquila, situada cerca de la región minera, corroboraron esta versión.
Asimismo, un informe de 2022 de Brookings Institution concluía que el comercio ilegal de fauna y flora silvestres estaba siendo utilizado por grupos delictivos mexicanos como medio para comprar precursores químicos a China y blanquear el dinero en el proceso. Más recientemente, Associated Press citó a un abogado mexicano que afirmó que la metanfetamina se intercambia en China por precursores químicos.
Sin embargo, InSight Crime no encontró ningún caso judicial en Estados Unidos o México que documente este tipo de pagos. Sin duda, las transacciones, en particular de precursores de fentanilo, son tan pequeñas que son difíciles de rastrear y puede que no valga la pena el esfuerzo. Estas transacciones microeconómicas son aún más oscuras en el propio México, donde el dinero en efectivo sigue siendo el rey.
En México, el dinero en efectivo sigue reinando
En una reciente mañana calurosa y soleada en Culiacán, Sinaloa, viajamos al centro, a una zona cercana a uno de los principales mercados de la ciudad. Allí vimos a docenas de jóvenes sentados bajo paraguas en la calle, justo delante de los cristales oscuros de las casas de cambio. En total, contamos 30 en una sola calle. Cuando pasaban los carros, gritaban: “¡Dólares! ¿Quieren dólares?”.
Curiosos, nos acercamos a una para preguntar por un cambio. El empleado no nos pidió ningún tipo de identificación ni nos pidió que firmáramos ningún documento, como exige la ley. Si hubiéramos procedido a la transacción, podríamos haber intercambiado grandes sumas de dinero en efectivo sin que quedara constancia de ello en el sistema bancario. Y cuando comprobamos en el registro del gobierno quiénes de ellos tenían licencia activa para cambiar moneda, no aparecía ninguno.
La calle es un reflejo de otra realidad que también dificulta la lucha contra el lavado de dinero y la financiación ilícita en México: la dependencia del país del efectivo. El efectivo domina el panorama financiero de México, y su importancia sigue creciendo, en lugar de disminuir. Según el Banco Central de México, en febrero de 2024, había alrededor de 2.788 billones de pesos (unos US$164 millones) en billetes y monedas circulando en el país, un aumento del 9,9% respecto a febrero de 2023.
El aumento superó la inflación y también ilustró la continua importancia de las remesas, que según un informe reciente de Reuters también se estaba convirtiendo en un pilar de las operaciones de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa. Las remesas alcanzaron la cifra récord de 63.100 millones de pesos en 2023 (US$3.700 millones), un aumento del 7,6% en comparación con el año anterior, y un incremento del 89,5% en comparación con 2018, según datos del Banco Central de México.
Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, 90.1% de los mexicanos utilizó efectivo para compras menores a 500 pesos (o US$30) y 78.7% para compras mayores a ese monto, observándose tendencias similares en todas las regiones del país. Asimismo, cerca de la mitad de la población no tenía ahorros en una cuenta bancaria ni tarjetas de débito.
Las leyes también favorecen el efectivo y los métodos de pago “analógicos” no registrados por el sistema bancario. En México, por ejemplo, es posible realizar grandes operaciones financieras utilizando dinero en efectivo o metales preciosos sin entrar en conflicto con el artículo 32 de la ley ALD. Aunque existe un umbral para determinados tipos de transacciones, como las inmobiliarias, es relativamente alto. ( Ver la lista más abajo) Lo que es más, la lista no incluye las transacciones de productos químicos, lo que, de hecho, significa que no hay límite para el uso de dinero en efectivo en la realización de estas compras.
Aun suponiendo que exista un alto nivel de cumplimiento y aplicación del artículo 32 de la ley antiblanqueo del país —lo que es poco probable, dado el escaso número de procesos judiciales—, está claro que la prevalencia del uso de efectivo y los umbrales legales relativamente altos para las transacciones en efectivo podrían reducir significativamente la necesidad de integrar el dinero de nuevo en el sistema.
Las implicaciones de este flujo de efectivo en el mercado de precursores son claras, sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza horizontal del mercado. Existen, sencillamente, numerosos productores independientes de fentanilo y metanfetamina que importan o compran sustancias químicas a nivel local.
Se trata de transacciones relativamente pequeñas si se miden en dólares. Por ejemplo, cuatro productores de fentanilo dijeron a InSight Crime que la inversión para montar una operación de producción se acercaba al millón de pesos, o US$58.000. Los laboratorios más pequeños podían montarse con tan solo US$11.600, según otro productor independiente.
Una vez puesto en marcha un laboratorio, el costo de comprar las sustancias químicas necesarias para producir un kilogramo de fentanilo también era relativamente bajo:
Según los productores, oscilaba entre US$2.000 y $5.000, que también podían pagarse en efectivo en México. El precio de la 1-BOC-4-Piperidona, el preprecursor preferido para fabricar fentanilo, por ejemplo, podía variar entre US$1.000 y $4.000, según nuestras entrevistas con productores locales y nuestras interacciones con vendedores chinos – otra transacción que podía satisfacerse vía fíat una vez que los productos químicos estuvieran en México.
La producción de metanfetamina implica más gastos, sobre todo a la hora de montar un laboratorio, ya que las cantidades son mayores y se requiere un equipo más especializado. De acuerdo con productores de metanfetamina entrevistados en Michoacán, el costo puede ascender a US$157.000. Según nuestras fuentes, los precios de los preprecursores necesarios y de los productos químicos esenciales fluctúan constantemente. Pero durante el año pasado, las sustancias necesarias para producir 120 kilogramos de metanfetamina valían entre US$23.000 y $35.000. Como ya se ha señalado, algo cercano a estas cantidades podría pagarse en efectivo sin que se activara ningún algoritmo de investigación.
Las pequeñas cantidades que se mueven vía fíat también obvian la capacidad y el deseo de las autoridades de rastrear y perseguir estos delitos. Dos exfuncionarios de la UIF que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, dijeron que estas transacciones eran simplemente demasiado pequeñas.
“No es de ninguna manera significativo para tener alertamientos en el sistema financiero. Pasa desapercibido”, dijo uno de los exoficiales.
El caso gemelo de la tipología de la UIF
El 27 de agosto de 2019, la Secretaría de Marina de México (SEMAR) incautó más de 23 toneladas de productos químicos precursores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la costa pacífica de México. Los productos químicos llegaron en un barco neerlandés a pedido de la empresa Distribuidora Agroindustrial Ocher, con sede en Culiacán.
Según la cobertura de Proceso sobre el caso, SEMAR alertó a la UIF y que inició una investigación. Lo que descubrió se parecía notablemente al estudio de caso, o la “tipología”, como lo habían llamado, citado al principio de este informe.
Al igual que en el caso de estudio, Ocher era una empresa fachada, que estaba conectada con otra empresa con sede en Sinaloa llamada Mi Pao, S.A. de C.V., que también importaba precursores químicos. Ambas empresas recibían productos químicos y maquinaria de una empresa con sede en Hong Kong, según Altana.
Y como en el caso de estudio, el principal sospechoso tenía vínculos asiáticos. Según Proceso, el propietario de Mi Pao era Chiang Li Chun, de Taiwán. Al igual que en el caso de estudio, Chun había sido detenido en mayo. En su caso, Chun estaba vinculado a un laboratorio de fentanilo en el que las autoridades encontraron 40.000 pastillas falsificadas y 14 kilogramos de fentanilo en polvo.
Una persona con conocimiento de la investigación dijo a InSight Crime que la UIF acabó congelando la cuenta de Ocher. Pero no se dispone de más información pública sobre posibles procesamientos de los implicados en el caso.
*Jorge Lara, Jaime López-Aranda, Victoria Dittmar y 穆小姐 contribuyeron a este artículo. Verificación de datos por Peter Appleby.
Altana apoya la investigación de InSight Crime sobre los flujos de precursores químicos proporcionando acceso al Atlas, un mapa dinámico de las cadenas de suministro mundiales impulsado por IA, así como a su Tablero Antinarcóticos, un modelo impulsado por IA para identificar el riesgo de tráfico de estupefacientes en los datos de propiedad de empresas y envíos mundiales.