En junio de 2024, el Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra 102 guardias penitenciarios señalados de corrupción. Los guardias habían estado a cargo de una infame prisión de pandillas en el departamento de Escuintla, conocida como “El Infiernito”. Días antes de que salieran a la luz las acusaciones, las autoridades descubrieron allí todo tipo de contrabando: armas, alcohol, animales vivos (entre ellos cocodrilos, mapaches y un águila), aparatos de aire acondicionado, máquinas tragamonedas y más de US$23.000 en efectivo. El ecléctico botín se produjo durante una redada destinada a restablecer el control de la ostentosa prisión de máxima seguridad.
La redada, dirigida por el Ministerio de Gobernación, formaba parte de una ofensiva más amplia contra la extorsión de las pandillas, que se ha convertido en una de las políticas emblemáticas del presidente Bernardo Arévalo. El éxito de esta campaña depende, en parte, de que el gobierno logre reducir la corrupción en prisiones como “El Infiernito”, donde décadas de abandono han generado entornos anárquicos en los que los grupos criminales pueden operar con impunidad o, incluso, con la ayuda de los guardias de la prisión. Así se desprende de la denuncia presentada por el Ministerio de Gobernación, que acusa a 102 guardias de incumplimiento del deber y abuso de autoridad por no impedir que los pandilleros encarcelados introduzcan sus productos ilícitos.
Este caso de estudio forma parte de una investigación en profundidad de InSight Crime sobre la turbulenta agenda anticorrupción del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Descargue el informe completo o explore otros estudios de caso aquí.
Pero el Ministerio de Gobernación, así como otros órganos ejecutivos, está sujeto a las limitaciones de su mandato. En este caso concreto, el ministerio no podía despedir o suspender a los guardias de “El Infiernito” a menos que el Ministerio Público decidiera investigarlos y procesarlos en los tribunales, según dijo a InSight Crime un alto funcionario de seguridad que pidió el anonimato. Los fiscales aún no han iniciado una investigación sólida sobre el caso y es posible que tengan pocos incentivos para hacerlo. El Ministerio Público —fuertemente vinculado a redes de corrupción— se ha enfrentado a Arévalo desde antes incluso de que este llegara al poder. Los fiscales han mostrado mucho más interés en perseguir casos penales dudosos vinculados al presidente que la corrupción denunciada por el actual Gobierno.
“Nosotros somos la parte que está haciendo la denuncia. A quien le corresponde a realizar el tema de la investigación y dirigir el tema de la investigación es el Ministerio Público”, dijo el funcionario a InSight Crime.
El problema va más allá del Ministerio de Gobernación. Los intentos del gobierno de Arévalo de purgar las instituciones estatales del personal comprometido se han visto obstaculizados en todos los ámbitos, en gran parte porque el poder ejecutivo no tiene un mandato para investigar o procesar a los empleados identificados como corruptos. Eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, que, a mediados de enero, había tomado acciones legales en solo dos de las más de 200 denuncias de corrupción presentadas por el gabinete de Arévalo.
Esta dependencia le ha planteado al gobierno una situación inverosímil, ya que varios ministerios se han visto obligados a seguir empleando a trabajadores sospechosos de corrupción. En el caso del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, todos los guardias penitenciarios acusados seguían destinados en “El Infiernito” a finales de julio, según el mismo alto funcionario de seguridad y Prensa Libre. No solo eso, sino que también estaban participando —un tanto irónicamente— en la remodelación de la instalación, en un esfuerzo por aumentar la seguridad de la prisión.
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Pero incluso si el Ministerio hubiera podido despedir unilateralmente a los guardias, no habría sido fácil sustituirlos. La infrainversión crónica en infraestructuras ha contribuido a extender la corrupción por todas las prisiones del país, por lo que el simple traslado de guardias entre centros de detención puede hacer poco para evitar la colusión con los criminales tras las rejas. En su lugar, las autoridades penitenciarias decidieron contratar y formar a una nueva generación de guardias para que se hicieran cargo de cárceles como “El Infiernito”, que reabrió sus puertas en noviembre con un nuevo nombre: Renovación 1. En diciembre, un portavoz del Ministerio de Gobernación dijo a InSight Crime que 106 de los 120 guardias asignados a la prisión renovada procedían de una promoción de nuevos custodios graduados en marzo de 2024. Aún no está claro si estos inexpertos graduados lograrán imprimir su autoridad en la que, posiblemente, sea la prisión más anárquica de Guatemala.
El mismo portavoz dijo que ninguno de los guardias que trabajaban antes en la prisión había sido reincorporado, pero se negó a decir dónde estaban trabajando ahora. Sin embargo, todos los custodios denunciados seguían siendo empleados del Ministerio de Gobernación.
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Las fuentes consultadas para este informe también señalaron conexiones entre altos funcionarios de prisiones y políticos del establecimiento. Por ejemplo, el funcionario que presentó la denuncia contra los 102 guardias —el director de prisiones, Sergio Vela— había sido asesor gubernamental del anterior ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien dimitió en 2015 tras verse envuelto en un escándalo de corrupción y luego fue declarado culpable de malversación de fondos policiales. Vela también se desempeñó como jefe de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) del Ministerio de Gobernación bajo Enrique Degenhart, quien, como ministro, utilizó los poderes policiales para socavar el trabajo de una comisión anticorrupción respaldada internacionalmente que fue expulsada de Guatemala en 2019. El equipo de asesores del ministerio también incluye a Vinicio Ramírez, quien se desempeñó como subdirector de un puerto naviero estatal en el Caribe —vulnerable a la corrupción y el narcotráfico— y como asesor del Ministerio de Gobernación durante la administración de Giammattei.
En declaraciones a InSight Crime, algunos analistas se preguntan si los funcionarios de seguridad vinculados a la vieja guardia política son los más adecuados para el objetivo que tiene Arévalo de erradicar la corrupción arraigada en el Ministerio de Gobernación, que durante mucho tiempo ha sido objetivo de grupos criminales que intentan socavar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el ministro de gobernación de Arévalo, Francisco Jiménez, negó cualquier vínculo personal o institucional con López Bonilla. Añadió que el personal con experiencia —incluido él mismo— tiene, inevitablemente, vínculos con administraciones anteriores.
