Promesas falsas: cómo la riqueza mineral del Esequibo alimenta la trata de personas

Se sintió como un déjà vu cuando la policía de Georgetown, capital de Guyana, allanó el club nocturno Red Dragon en la madrugada del 24 de agosto de 2024. Según las autoridades, la operación rescató a 26 mujeres, entre ellas venezolanas, cubanas y dominicanas, de “situaciones de explotación y otras formas de abuso”.

Menos de seis meses atrás, la policía había encontrado a 44 mujeres extranjeras en el mismo club, presuntamente víctimas de trata, explotación y abuso.

Las venezolanas rescatadas, como muchas personas vulnerables víctimas de trata en Guyana, probablemente pasaron por el Esequibo, la extensa región en la frontera con Venezuela que se encuentra en el centro de una creciente disputa territorial entre ambos países y, actualmente, bajo revisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Miles de migrantes venezolanos han llegado a Guyana escapando del colapso económico y la represión política que se agudizó tras la investidura de Nicolás Maduro en enero, luego de unas elecciones en julio de 2024 ampliamente cuestionadas como fraudulentas. Mientras tanto, la bonanza petrolera ha impulsado la economía guyanesa, convirtiendo al país en un destino cada vez más atractivo para migrantes en busca de una vida mejor.

Pero a medida que Guyana se consolida como destino migratorio para ciudadanos venezolanos y de otros países, también se vuelve un blanco más tentador para las redes de trata de personas. Y, aunque muchas víctimas venezolanas pasan por el Esequibo antes de llegar a la capital, no todas logran avanzar demasiado. En septiembre de 2023, dos venezolanas estuvieron entre las cuatro mujeres rescatadas tras haber sido forzadas a ejercer la prostitución en Bartica, un pequeño poblado a orillas del río Esequibo.

En última instancia, el aumento de la migración venezolana hacia y a través del Esequibo se alinea con el interés estratégico de Maduro por aumentar el control sobre esta zona, ya que podría facilitar tanto la consolidación demográfica como territorial para fortalecer su reclamo. Por su parte, el gobierno guyanés sigue poco preparado para enfrentar esta situación.

La minería genera demanda laboral

Las víctimas venezolanas de trata llegan por las mismas rutas empleadas para el contrabando de otros migrantes hacia Guyana, como a lo largo del río Cuyuní, desde San Martín de Turumbán en Venezuela hasta Eteringbang, y de allí continúan su trayecto. Otras personas cruzan la frontera marítima a través del río Orinoco hasta Mabaruma, en la Región 1.

Algunas víctimas son llevadas a Georgetown, donde los tratantes restringen severamente su libertad de movimiento, según contó a InSight Crime el exministro de Seguridad Pública guyanés, Khemraj Ramjattan.

“Están bajo la supervisión de operadores que parecen terroristas, que les hacen de todo. Y las llevan ante grandes empresarios en Guyana”, señaló.

Pero no todas las rutas llevan a la capital. La expansión minera en el vasto y escasamente poblado de Esequibo ha convertido a la región en un foco de distintas formas de explotación.

La presencia de grandes concentraciones de hombres jóvenes en los pueblos mineros a menudo genera una demanda de trabajadoras sexuales. En muchos casos, mujeres y niñas son llevadas a la región con promesas falsas.

Los tratantes les prometen empleos atractivos del otro lado de la frontera, pero al llegar a los pueblos extranjeros, las obligan a ejercer la prostitución. Algunas víctimas de explotación sexual terminan convirtiéndose en reclutadoras, a cambio de mejores condiciones de vida.

El miedo a represalias por parte de sus explotadores, el riesgo de deportación y las barreras lingüísticas pueden impedir que las víctimas denuncien los abusos.

Muchas personas migrantes también son explotadas laboralmente fuera del ámbito sexual, especialmente en minas y fincas. A menudo se les cobra un “pasaje” desde Venezuela, y sus pasaportes son confiscados hasta que salden la deuda, en lo que se conoce como “trabajo por deuda”.

Propietarios de minas, fincas o tiendas que han pagado el traslado de estas personas hacia Guyana han alegado ignorancia cuando trabajadores de organizaciones no gubernamentales les explican que retener un pasaporte por deudas constituye trata de personas.

El Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social registró un aumento interanual del 400% en víctimas masculinas de trata laboral en marzo de 2024, aunque el subregistro sigue siendo un problema. Una persona conocedora de las dinámicas de trata en el Esequibo, que pidió anonimato por razones de seguridad, afirmó que los hombres víctimas de estas redes tienen aún menor disposición que las mujeres para reportar su situación, pese a enfrentar condiciones laborales peligrosas.

El silencio de las víctimas dificulta los procesos judiciales, ya que muchos casos dependen del testimonio de quienes han sufrido los abusos. Y aun cuando las autoridades logran rescatar a estas personas, la necesidad de mantener a sus familias conduce a muchas de ellas a regresar a situaciones de explotación.

El Estado no da abasto

Ni las autoridades guyanesas ni las organizaciones no gubernamentales tienen certeza sobre la existencia de redes de trata de personas bien establecidas en el país, ni sobre cómo estas podrían coordinarse entre sí.

Aun así, el Estado ha intentado combatir el fenómeno. En 2023, se aprobó una nueva Ley contra la Trata de Personas, que aumentó las penas para los responsables. Además, en 2024, el país mantuvo su estatus de Nivel 1 en el Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU., lo cual indica que “cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata”.

Las autoridades buscan desarticular toda la cadena de trata, incluso castigando a quienes, aunque aleguen ignorancia, estén facilitando el delito. Por ejemplo, los conductores de botes que transportan víctimas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si fueran sorprendidos.

“Si un niño aparece solo en el bote y sin documentación, recae sobre el conductor la responsabilidad de decir ‘algo anda mal aquí’ […]. La ignorancia no es excusa”, dijo a InSight Crime una fuente del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la inmensidad del Esequibo, el aislamiento de los enclaves mineros y la escasez de recursos estatales dificultan seriamente la lucha contra la trata de personas.

Una representante de una organización no gubernamental destacó la ausencia de un sistema de control fronterizo riguroso, lo que impide saber cuántas personas migrantes ingresan al país. Esto dificulta que las autoridades identifiquen a potenciales víctimas de trata, especialmente aquellas que ingresan por el Esequibo, dada la lejanía de este territorio.

El soborno de los traficantes a los oficiales de policía significa que parte del narcotráfico también queda sin reportar.

“En la mayoría de los casos, la policía no es un ejemplo de integridad”, le dijo un minero en el Esequibo a InSight Crime. “¿Realmente se opondrán al minero, que en muchos casos les está ‘brindando apoyo’?”

Además, algunas víctimas enfrentan nuevas agresiones directamente por parte de policías que establecen retenes en rutas conocidas de tráfico de migrantes y extorsionan a quienes viajan. En algunos casos, incluso confiscan los documentos de quienes no pueden pagar, según denunció a InSight Crime una experta en trata.

La disputa territorial por el Esequibo ha llevado a Venezuela a desplegar un gran número de tropas en la frontera como muestra de fuerza. Las preocupaciones por la presencia de criminales y fuerzas de seguridad venezolanas han motivado a soldados guyaneses a devolver a los hombres venezolanos que cruzan al territorio. No obstante, la naturaleza porosa de la frontera permite que muchos vuelvan a ingresar con facilidad, por lo que el despliegue militar bilateral ha tenido poco impacto en el flujo total de personas que entran en el área en disputa, mientras aumenta las posibilidades de un incidente transfronterizo.