Una salvaguardia legal incorporada en el sistema de justicia de Guatemala está siendo utilizada para detener las extradiciones a Estados Unidos de algunos de los presuntos narcotraficantes más notorios del país.
El recurso de amparo – que es algo parecido a un requerimiento judicial en Estados Unidos, o una “acción de tutela” en Colombia – proporciona un generalizado “alivio” o “protección” para el apelante que siente que un estatuto, ley o acción gubernamental está violando sus derechos bajo la Constitución del país.
El amparo es una medida amplia que también se puede utilizar para reclamar derechos, como el derecho a obtener documentos generados por el gobierno (equivalente a la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act] en Estados Unidos). Como tal, es una herramienta legal sagrada.
Sin embargo, los abogados de algunos de los presuntos personajes más notorios del crimen organizado de Guatemala están empleando repetidamente el amparo en lo que parece ser un esfuerzo por retrasar indefinidamente la extradición de sus clientes.
Hay al menos nueve sospechosos de alto perfil en espera de ser extraditados, que han utilizado la medida.
1. Waldemar Lorenzana, alias “El Patriarca“, el jefe de hace tiempo del clan de los Lorenzana, un grupo traficantes diverso y poderoso, que ha sido acusado de trabajar con el Cartel de Sinaloa y los Zetas.
2. Elio Lorenzana (en la foto), el hijo de Waldemar, y un presunto narcotraficante en la organización de su padre.
3. Juan Ortiz López, alias “Chamalé“, el contacto de Guatemala para el Cartel de Sinaloa en el estado de San Marcos a lo largo de la frontera con México.
4. Mauro Salomón Ramírez, un importante lugarteniente de la organización Chamalé.
5. Alma Lucrecia Hernández, el reemplazo de Salomon tras su detención en 2010.
6. Edgar Leonel Estrada, detenido por importar grandes cantidades de pseudoefedrina, la materia prima para la metanfetamina, para la organización criminal mexicana la Familia Michoacana.
7. Víctor Emilio Estrada Paredes, quien trabajó estrechamente con su medio hermano Edgar.
8. Byron Linares, un traficante de drogas desde hace mucho tiempo que fue capturado y luego puesto en libertad a principios de 2000, luego fue recapturado; Linares presuntamente tiene conexiones en Colombia y vende drogas ilegales al Cartel de Sinaloa, entre otros.
9. Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala que está acusado de malversación de fondos, y ha sido vinculado a un grupo de ex personal de inteligencia militar que facilitaba el narcotráfico, el tráfico de personas, las adopciones ilegales y otras actividades criminales.
La naturaleza frívola del amparo tiene a las autoridades de Estados Unidos con las manos apretadas. En un caso, el abogado de un sospechoso interpuso un amparo sosteniendo que la palabra “Estados Unidos” no era un lenguaje lo suficientemente específico para saber quién era el acusador, y que podía ser confundido con “los Estados Unidos de México.”
Otros han hecho referencias a los conflictos de intereses dentro del sistema judicial, como lo ilustra esta nota de elPeriódico, en un intento por dejar de lado a los jueces que consideran desfavorables.
Los amparos más comunes cuestionan la constitucionalidad de la extradición (por ejemplo, vea la versión en pdf de lo que los abogados de Elio Lorenzana presentaron en 2011, luego de su captura).
Guatemala permite la extradición en los casos que se han resuelto o en los casos en los cuales el sospechoso no es requerido por un delito en Guatemala. Pero sólo Portillo y Linares todavía enfrentan cargos en Guatemala. Una vez que estos se resuelvan, es probable que sus abogados presenten más amparos.
En el caso de Portillo, esto puede ser inútil. El ex presidente Alvaro Colom de Guatemala, en una de sus últimas grandes decisiones como jefe de estado, autorizó la extradición de uno de sus viejos rivales políticos sólo unos meses después de que los tribunales, en una sentencia vergonzosa, absolvieran a Portillo y a dos de sus cómplices de varios cargos.
El amparo también se ha empleado en contra de otros órganos judiciales, buscando procesar a figuras del crimen organizado, particularmente, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un proyecto patrocinado por las Naciones Unidas que ayuda a las autoridades judiciales y policiales en la investigación de crímenes de alto perfil.
Las tácticas legales van más allá del uso de amparos. El 1 de febrero, día en el que un tribunal debía decidir el destino de Elio Lorenzana, sus abogados renunciaron, dejándolo sin defensa y dejando al tribunal sin mas opción que suspender la audiencia.
Los traficantes en otros países también han empleado amparos, especialmente en México y Venezuela, donde personajes de alto perfil han argumentado que la extradición viola la Constitución y los derechos reconocidos en ella.
Los amparos en casos de extradición no son nuevos, y el congreso de Estados Unidos ha discutido su uso en audiencias públicas en el pasado. Han sido presentados si el acusado puede enfrentar sentencias mas largas o severas en Estados Unidos por sus delitos que bajo las leyes de sus propios países.
Algunos de los traficantes guatemaltecos más importantes, tales como Otto Herrera y Mario Paredes, alias “El Gordo”, fueron capturados en otros países, facilitando sus extradiciones o deportaciones. Tanto Herrera y Paredes fueron juzgados y condenados en Estados Unidos.
Sin embargo, los casos en Guatemala ??pueden tardar meses o años en resolverse, y las autoridades de Estados Unidos no tienen otra opción que esperar.